El Consejo del Colegio de Abogados se refirió ayer a la "funa", o ataque verbal con encerrona, contra el exdirector del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, tras realizar una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: "Este tipo de prácticas deben ser erradicadas".

"No deben existir espacios que se presten para justificar las mismas, ni menos en una universidad. Esto nos preocupa más al estar involucrados futuros abogados, los cuales deben actuar con un comportamiento ético y tolerante en su futuro profesional", señaló el gremio y solicitó una investigación.

El hecho ocurrió el miércoles, cuando Micco salía del icónico edificio de Pío Nono 1 y fue increpado por su rol durante las manifestaciones del 18 de octubre de 2019, donde lo trataron de "cómplice". El Presidente Gabriel Boric, exalumno de la facultad, calificó esta conducta de "inaceptable"; y el decano, Pablo Ruiz-Tagle, señaló que "nada justifica agredir a quien piensa distinto".

El docente de la U. de Chile y exconvencional, Fernando Atria, escribió ayer en X que "para mí lo inaceptable es la idea de echar a un académico a gritos de la facultad".

El también exintegrante de la Convención, además de exalumno de Atria y exdiputado, Renato Garín, recordó un video en que su otrora profesor se reía de una piñata con su cara: "Es el mismo, y sus hijas, una de RD, la otra de CS, han estado involucradas en ambas funas".

Una serie de irregularidades informó el jueves la Contraloría en el marco de las investigaciones por el Caso Convenios, como falta de probidad y asignaciones presupuestarias sin fundamentación, entre otras, realizadas por secretarías regionales (seremis) del Ministerio de Vivienda (Minvu). El titular de la cartera, Carlos Montes, reiteró ayer que "no voy a renunciar, voy a seguir trabajando en la tarea que estoy".

"Esto de transformar el informe de la Contraloría como que poco menos que no funcione nada, no es efectivo. Yo iría pensando hacia atrás, creo que había un modelo, (nosotros como ministerio) simplemente seguimos con el que venía. Lo que podríamos haber hecho es haberlo revisado y replanteado, pero en ese momento no tuvimos la conciencia, no captamos en ese momento el conjunto de forado y los riesgos que había de hechos de corrupción", dijo la autoridad.

Las palabras de Montes van en línea con las de su par de la Segegob, Camila Vallejo, quien en la víspera indicó que "esto tiene que ver con una debilidad institucional cuyo diseño se originó, no en este Gobierno, sino que en el anterior", del ex Presidente Sebastián Piñera.

El ente fiscalizador detectó irregularidades en las seremis de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, situaciones que fueron derivadas al Ministerio Público.

Montes replicó en la última jornada que "hay seremis de grandes condiciones, que lo han hecho muy bien, y hay equipos de asentamiento en algunas cosas que lo han hecho bien, regular y en otros casos que no lo han hecho bien. Nosotros estamos permanentemente evaluando".

Además, ya se "ha pedido renuncia a seremis (del Maule y Antofagasta), se han cambiado los jefes del programa de asentamiento precario en varios lados, estamos perfeccionando eso", destacó el secretario de Estado.

El ministro, asimismo, informó la solicitud de restitución de recursos a ocho fundaciones, los que suman $1.765 millones, entre ellas Democracia Viva, Arquiduc, Pro Cultura, En Red, Red Integran y Comunitaria y Acción Digital. Sumado a esto, "hemos decidido que a partir de la experiencia que vamos a trabajar más con organismos públicos que con fundaciones privadas".

"También esperamos que la mayor parte de los municipios asuman responsabilidad", subrayó Montes y, "en relación a las fundaciones, vamos a disminuir significativamente el total del presupuesto a 10% del total del presupuesto de asentamientos precarios para el trabajo con ellos, porque junto con esto tenemos que ir cambiando el modelo".

"no puede ser normal"

El presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), dijo que Montes "es el responsable de las acciones generadas", porque "si esto hubiese pasado solamente en Democracia Viva en Antofagasta, yo hubiese pensado efectivamente se puede haber pasado, pero cuando vemos un continuo a través de 15 regiones, obviamente yo creo que hay una responsabilidad política que él debe asumir, y nosotros como partido vamos a tomar alguna consideración respecto a eso".

El jefe de la bancada UDI, Guillermo Ramírez, recordó que "el Presidente (Gabriel) Boric en su momento dijo que había que investigar caiga quien caiga, creemos que llegó la hora de cobrarle la palabra y preguntarle al Presidente si ese caiga quien caiga también incluye al ministro Montes".

Su par de Evópoli, Jorge Guzmán, dijo que "no puede ser normal que en 15 de las 16 regiones de Chile se repita un mecanismo con el ánimo de utilizar de mala forma los recursos de todos los chilenos y, lo que es más grave, es que en al menos 11 de esos casos pueden existir acciones constitutivas de delito".