El lamentable fallecimiento de 14 personas, entre ellas ocho menores, en un campamento habitado mayormente por inmigrantes en Coronel, ha reactivado la necesidad de abordar la situación de los asentamientos precarios. La tragedia ocurrió en una vivienda de material ligero -construida con latas y pallets- cuando, según las informaciones iniciales, se inflamó una improvisada estufa de latón.

Pese a que hay indicadores de desarrollo que han tenido avances en las últimas décadas, como el aumento del gasto público e inversión en vivienda subsidiada, que ha aumentado nueve veces desde la década de los '90, siempre hay segmentos de la población que quedan al margen y que requieren la ayuda del Estado. La pérdida del empleo, los altos costos de los arriendos y razones de tipo económico las llevan a tener que instalarse en esos asentamientos. Asimismo, la inmigración se ha transformado en un factor importante en el crecimiento de los campamentos.

Según el catastro realizado por el Ministerio de Vivienda, con datos a marzo de 2022, en todo el país existen 1.091 campamentos, con casi 72 mil hogares, y con un promedio de 2,9 personas por hogar. Se determinó que el año 2022, había 355 campamentos más que los encuestados el 2019. Este informe reveló que poco más de un tercio de quienes viven en esos asentamientos del país son inmigrantes que llegaron buscando oportunidades de desarrollo. Por ello, se requiere la coordinación de ministerios, para relocalizar a las familias, o la urbanización y radicación de terrenos que ya ocupan. Hay que considerar que muchos campamentos están en terrenos públicos o privados, lo que requiere de estudios para determinar la ocupación irregular y cómo buscar una solución.

Según Fundación Techo, la mitad de las familias que llegan a un campamento, antes arrendaban y no pudieron seguir pagando la renta, muchas veces porque perdieron el empleo. Las alzas de los arriendos y los problemas para acceder a créditos habitacionales también han influido. El tema de los campamentos debe solucionarse eficazmente, avanzando en mejorar las condiciones de vida, porque la falta de una vivienda digna dificulta la cohesión de la familia y tiene una infinidad de derivaciones sociales negativas.

La interrogante respecto a si las actividades ilícitas o delictivas deben pagar impuestos, si bien puede resultar llamativa, no tiene una respuesta absoluta, ni menos sencilla. El tema es discutido y en doctrina existen distintas posturas para resolver tal disyuntiva. Si la respuesta fuera afirmativa, el sujeto que comete un delito de estafa o apropiación indebida, por dar algunos ejemplos, no sólo respondería penalmente por dichos ilícitos, sino que también respondería por un delito de fraude tributario, al no haber declarado dichas ganancias ilícitas.

Esta postura se basa en que, si a dicho "delincuente" se le eximiera de pagar tributos por su actividad ilícita se le estaría favoreciendo, en comparación con un trabajador o empresario que sí debe pagar impuestos por sus ingresos percibidos lícitamente, beneficiándose el primero íntegramente en sus utilidades, lo cual no sería justo, ni equitativo. La postura contraría, y que, en principio, parece la respuesta más lógica y acertada, afirma que sería un absurdo obligar a un individuo a tributar sobre sus ganancias ilícitas, ya que se le estaría exigiendo una especie de autodenuncia, lo cual es contrario al principio de no autoincriminación. Además, los autores que postulan esta tesis sostienen que el Estado no puede favorecerse, ni lucrar con una actividad ilícita.

Por último, existe una postura intermedia o ecléctica, la cual sostiene que, si bien el sujeto estaría obligado a tributar, esta carga se satisface con el comiso de las ganancias ilícitas. El profesor Felipe de la Fuente Hulaud, afirma que en Chile no existe ningún fallo que señale que este comiso sea suficiente para tener por cumplida dicha obligación, pero que ello debiese cambiar sustancialmente con la entrada en vigencia de la ley N° 21.595 (ley de delitos económicos), ya que dicha ley introduce un comiso de ganancias muy amplio, el cual es aplicable, incluso, en algunas hipótesis de sentencias absolutorias.

En cuanto a nuestra jurisprudencia, ésta no es abundante respecto a nuestra discusión. Tal vez, la sentencia más relevante es la dictada en el recordado "caso Inverlink", en el cual la Excma. Corte Suprema fue partidaria de la primera tesis, al establecer que los administradores de la Consultora habían cometido fraude tributario al no declarar sus ganancias ilícitas, ya que dichos ingresos constituían renta, por no encontrarse en ninguna de las hipótesis de excepción de la ley del ramo.