En el marco del debate de la partida de Educación en la Ley de Presupuesto en el Congreso, el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, afirmó que "estamos viviendo una verdadera catástrofe educacional. 50.000 jóvenes no se matricularon en la educación este año y esos nos hace acumular 227 mil jóvenes que están fuera del sistema educativo, con una deserción tremendamente grave para Chile. Es una calamidad".
La vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, reaccionó con indignación al rechazo por parte de la Cámara de Diputados al presupuesto 2023 del Ministerio del Interior en la partida presupuestaria asociada a seguridad y sostuvo que "las bandas de crimen organizado estaban celebrando" tras la votación. Ante ello, parlamentarios de oposición y también la DC arremetieron con fuerza.
Durante la noche del martes la Cámara rechazó glosa presupuestaria no permanente del Ministerio del Interior, porque según parlamentarios el aumento era insuficiente.
"Cuesta comprender que se rechace el presupuesto más robusto que se ha presentado en mucho tiempo en materia de seguridad. Con la seguridad no se juega, es un tema demasiado sensible. Nos parece, además, que no es el camino; especialmente si a uno le interesa la seguridad, no parece que lo de ayer haya sido un paso en esa dirección. Me imagino que ayer en la noche las bandas de crimen organizado estaban celebrando", fustigó la jefa de gabinete.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, añadió que esperaba que los legisladores "corrigieran" este rechazo durante la jornada de ayer, que continuaría hasta la madrugada de hoy con la discusión.
Ante las críticas de Tohá, el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, comentó que la "ministra del Interior no tiene la suficiente información y hace esas declaraciones que me parecen destempladas. Cuando rechazamos algunas de estas partidas, lo explicamos con bastante claridad. Esperamos un aumento mucho más robusto en los recursos a los Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, simplemente porque son absolutamente insuficientes".
En la misma línea, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) manifestó que el "crimen organizado está celebrando que el Gobierno aún no haya entregado su propuesta para enfrentarlos. Ministra, no ocupe frases rimbombantes, ponga la plata, ponga la acción y pongan mano dura para perseguir el crimen organizado".
El jefe de bancada de RN, Andrés Longton, coincidió y dijo que "como bancada le queremos señalar a la ministra Tohá que los que están celebrando no es el crimen organizado ni los narcotraficantes, los que están celebrando son las policías, es el Ministerio Público y en general todos quienes se dedican a cuidarnos, investigar y perseguir a los criminales, que van a tener la posibilidad de ver incrementado el presupuesto en aquellos aspectos en los que se subió de manera mínima".
El diputado Agustín Romero (Partido Republicano), contestó en la misma línea: "En el presupuesto de Interior los gastos contemplados para reforzar la seguridad son insuficientes. Lo mismo se vio en el presupuesto del Ministerio Público, donde no crece absolutamente nada. No existe este supuesto real compromiso del Gobierno por mejorar la seguridad pública desde el punto de vista preventivo ni de persecución penal. El rechazo significa que el Gobierno tendrá que llegar con una propuesta seria, no un panfleto".
La Corte Suprema entró en el debate acerca de la aplicación de la Ley Aula Segura para enfrentar hechos de violencia en colegios y liceos, que ha enfrentado en los últimos días al Gobierno con la oposición, lo que llevó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a afirmar que "la época más crítica de violencia se dio en la época en que se aplicó ese tipo de legislación".
Los entredichos comenzaron hace una semana, cuando líderes de oposición anunciaron que presentarán requerimientos contra la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien habría instruido no aplicar la Ley Aula Segura -ella lo niega- en el contexto de los desmanes que ocurren a diario en establecimientos emblemáticos de la ciudad.
Ayer la magistrada Ángela Vivanco, vocera de la Suprema, afirmó que "las leyes se tienen que aplicar. No es decisión de cada autoridad determinar si se aplican o no. Otra cosa distinta es que a uno le puedan parecer buenas o malas, ser de su agrado o no, porque todos, incluso los jueces, tenemos leyes que pueden no gustarnos. Pero no podemos hacer esa selección y un juez no puede decir 'mire, a mí no me traiga a nadie por esta ley', eso es improcedente".
Asimismo, Vivanco señaló que el escenario es "extremadamente preocupante" cuando niños y jóvenes participan en hechos delictuales o establecimientos educativos se transforman en escenarios donde ocurren estos hechos, por lo que "si las leyes no están cumpliendo su propósito, hay herramientas para que lo cumplan, y me parece muy bien que la vicepresidenta del país esté preocupada de estos temas para hacer ajustes".
El exministro de Educación, Raúl Figueroa, coincidió con Vivanco: "Si alguien cuestiona la ley lo que tiene que hacer es presentar un proyecto de ley para modificarla, pero cuestionar la aplicación de las leyes es una cuestión muy grave. A mí me parece gravísimo".
El actual ministro del ramo, Marco Antonio Ávila, afirmó que "esto tiene una salida o una mirada desde los temas de seguridad y en eso, tal como nos ha mandatado el Presidente, trabajamos muy coordinadamente con la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve".
Respecto de la Ley Aula Segura, insistió en que "todas las leyes que se aprueban en Parlamento pueden ser utilizadas en la medida que puedan ser aplicables. Pero distinto es que la ley pueda resolver los temas y hemos visto que no lo hace, siendo que aquello que se busca -por ejemplo, sancionar a estudiantes- se puede hacer siguiendo el propio manual de convivencia o el reglamento de convivencia escolar".
El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Enrique Monrás, expuso en T13 que, dadas algunas condiciones, no siempre se logra la detención de todos los involucrados: "Nosotros cambiamos los protocolos post estallido y eso lleva a que se tienen que hacer ciertos protocolos que ralentizan las detenciones. Además, ellos salen a una zona segura, que les permiten replegarse, por lo que no se logra la detención de muchos jóvenes".
"Desde la mirada operativa nuestra pega es solo intervención y normalizar lo que ocurre. Paralelo a ello hemos realizado algunas detenciones que han derivado en investigaciones y equipos buscan datos, imágenes los entregan al Ministerio Público para que pueda seguir", advirtió.
En cuanto a los protocolos para proceder ante este tipo de situaciones, el general explicó que el personal policial posee la atribución para ingresar a un recinto educacional en el caso de que exista un delito flagrante, como, por ejemplo, si se quema una micro y los autores del ilícito ingresen a un colegio, "pero uno trata de evitar entrar a este tipo de comunidades, porque son comunidades de menores de edad y el ingreso de fuerzas altera la comunidad".