Hace dos años un grupo de parlamentarios solicitó al gobierno que se potenciara e implementara un programa de salud mental dirigido a los trabajadores del área de la salud. Se daba en el contexto de pandemia e incluía atención psicológica, planes de prevención de adicciones y de alerta temprana frente a la depresión.

La medida respondió a la crisis sanitaria, pero varios casos conocidos de acoso laboral; un reciente intento de asesinato ocurrido en Santiago ampliamente difundido por la prensa; e incluso la dolorosa realidad revelada tras dos suicidios de enfermeras en Viña del Mar, luego de denunciar hostigamiento en sus trabajos, demuestran que mantenerla e intensificarla se hace más que necesario.

Cifras de la Subsecretaría de Redes Asistenciales conocidas hace pocos días indican que los trabajadores de esta área han presentado en total 670 mil licencias médicas entre enero del año pasado y marzo de 2022 y que el 27% de ellas corresponde a trastornos mentales. Por su parte, también en 2021, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) alertó que un 87% de los profesionales de su área presentaba Síndrome de Burnout, una reacción al estrés laboral con agotamiento emocional, despersonalización; además de una baja en la sensación de realización personal (https://www.medicina-intensiva.cl).

En Los Ríos, dirigentas del Colegio de Enfermeras y de la Confusam (funcionarios de atención primaria), advirtieron sobre un alza en los casos de licencias y de denuncias por hostigamiento, además de reconocer que la falta de personal y los espacios limitados atentan en contra de un buen ambiente laboral. También solicitaron a la comunidad "comprender su labor". Esto es, observar una realidad que no siempre es difundida: largos turnos, recursos precarios, alta demanda de usuarios, entre otras problemáticas de larga data y alta postergación.

Por supuesto que el abuso dentro del trabajo no se debe justificar jamás; pero estar en primera línea de la atención de pacientes y en tensión continua desde 2019 ha pasado la cuenta a los y las funcionarias, como también a sus familias. Por lo mismo, se hace urgente poner atención a las cifras, que también son expresión de llamados de auxilio.

En un escenario de altísima inflación (el país acumula una subida de precios de 12,5% a doce meses, máximo nivel desde 1994), de gran incertidumbre económica y social a nivel nacional e internacional, el gobierno se encuentra impulsando su proyecto de Reforma Tributaria, dado a conocer en los últimos días.

Variadas son las reformas y nuevas indicaciones: un sistema de renta desintegrado, cambios en la norma de tasación del SII, modificaciones a los ingresos no renta, un nuevo sistema de impuesto sustitutivo a utilidades acumuladas por RAI, un impuesto del 1,8% que se acumula en sociedades no operativas, impuesto al patrimonio, se crean las normas de beneficiario final (inversiones extranjeras), entre otros cambios.

De todos los elementos, la agricultura se verá mayormente impactada con los cambios que se generarán con la eliminación de la renta presunta, donde se bajan los topes de venta de 9.000 a 2.400 UF de ventas anuales. Por otro lado, las modificaciones que se generan en las normas de herencia, van a depender mucho de la estructura de cómo se encuentren distribuidas las empresas, es decir, será distinto si quienes heredan es una sociedad por acciones o una Ltda. versus una persona natural.

También se verán afectados por el aumento de las tasas en el impuesto global complementario, y las modificaciones de reestructuraciones que prohiben que las empresas familiares agrícolas puedan tener una reorganización y continuidad del patrimonio que se genera con el trabajo.

Por otra parte, es importante mencionar las normas que se crean y el poder que se le entrega al SII, desde un punto de vista elusivo: actualmente, es un juez tributario quien determina si una operación es elusiva o no. Ahora se plantea que sea "en sede administrativa", es decir, será el mismo SII quien tenga esta facultad, lo que consideramos un retroceso en nuestro sistema de justicia tributaria, en el cual hemos avanzado desde el año 2012 en adelante.

A todo lo anterior, debemos sumarle las incertezas que la plantea la nueva Constitución en temas como derechos de aguas y tierras, en un momento donde la producción de alimentos es más relevante que nunca. Ante este complejo escenario, cabe la gran duda si era el mejor momento para impulsar una reforma de esta naturaleza. Juzgue usted

Ricardo Hott , director Aproleche Osorno