En su participación durante la asamblea general de la Asociación Chilena de Municipalidades que se realizó en Viña del Mar, el Presidente Gabriel Boric se refirió al proceso de campaña de cara al Plebiscito, la prescindencia y las conversaciones que tuvo al respecto con el contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

Sus declaraciones llegaron justo después de que Contraloría tomó acciones en dos frentes distintos. Por un lado está la aparición de la ministra Camila Vallejo en un programa de televisión, donde la oposición acusa intervencionismo. El organismo le dio cinco días al Gobierno para explicar la visita al matinal.

Contraloría además emitió un dictamen en que ordena prescindencia política a los municipios luego de que determinaran que Cerrillos, Quinta Normal, Maipú y Cerro Navia actuaron "fuera de sus competencias" con actividades para difundir el proceso constitucional, lo que significó realización de sumarios.

Bajo ese contexto, el Presidente les expresó a los alcaldes que "tienen también el derecho y el deber de informar respecto a los procesos cívicos".

"Para evitar cualquier tipo de malentendidos", contó el mandatario, "hablé recién con el contralor, con quien tenemos una excelente relación de mucha colaboración y en donde yo estoy seguro que tenemos que tener un respeto respecto a lo que plantea Contraloría".

"Todos nosotros somos personas políticas, por tanto, tenemos derecho a tener una opinión respecto a la coyuntura que vive nuestro país y esa opinión no puede ser acallada", afirmó el jefe de Estado, y enfatizó que "la prescindencia que exige Contraloría, en buena hora y que está bien, dice que 'no podemos utilizar recursos públicos para favorecer una u otra opción'".

"Eso hay que cumplirlo a rajatabla y está bien que se fiscalice, porque ambas opciones son legítimas y porque nuestro deber en uso de recursos públicos del Ejecutivo es informar, pero cada uno tiene derecho a expresar su opinión pública también e incluso a, fuera del horario laboral, manifestar y movilizarse por ella", añadió.

Además, llamó a los municipios a informar con "austeridad y un estricto control del gasto público, tienen también el derecho de informar, si son parte esencial de la vida cívica del país. Nosotros como Gobierno tenemos también que informar respecto a este proceso constituyente".

Para cerrar, Boric afirmó que "el deber de informar del Gobierno respecto al proceso constituyente nosotros lo vamos a cumplir, respetando por cierto los dictámenes de Contraloría".

Dilemas y defensa

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, aseguró tras el dictamen que "como municipio decidimos jugar un rol activo durante el proceso constituyente, habilitando instancias de información y participación ciudadana sin nunca llamar a algún vecino a optar por una opción sobre otra. Haremos un llamado a Contraloría a reconsiderar este dictamen". "Estamos absolutamente convencidos" de que "actuamos conforme a derecho".

Otras dudas acerca del rol de jefes comunales en las campañas surgen, por ejemplo, luego de que La Segunda revelara que el alcalde de Valparaíso estaría licitando un "Festival Constituyente 2022" por $70 millones; o en redes sociales, donde una usuaria preguntó a Contraloría sobre un video de un conocido conductor radial que llama a votar Apruebo y que fue "retuiteado" por la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: "¿Puede un alcalde en ejercicio hacer propaganda por una opción del plebiscito?".

Declaraciones de la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, sobre cómo funcionarán las expropiaciones según la propuesta que se votará el 4 de septiembre causaron ruido en el oficialismo.

En los últimos días, la lingüista participó de un conversatorio organizado por EduAbierta y la Universidad de Chile, donde habló de los derechos de las personas y cómo garantizarlos.

"¿Cómo se garantizan? Por la redistribución de la riqueza, porque ya no estarían concentradas en las 10 familias (más ricas de Chile), sino a lo largo de las regiones, que van a administrar también recursos. Es un Estado solidario que va a manejar los dineros y los va a redistribuir a las regiones. Entonces hay una reorganización", indicó.

Luego, en un debate organizado por la Universidad Católica, se refirió a las expropiaciones, en específico a lo que podría ocurrir en la Región de La Araucanía con las tierras que el pueblo mapuche podría reclamar en el futuro si es que gana el Apruebo.

"No es que Temuco será parte del territorio, tampoco Pucón ni las segundas casas que tienen las personas a las orillas de los lagos, porque se respeta la propiedad privada y hay un mecanismo legal que dice que será vía expropiación. Cuando la persona que tiene la tierra está de acuerdo con la expropiación, se paga un precio justo", comentó Loncon.

Luego, y pese a que la moderadora del foro, la periodista Mónica Rincón, la corrigió indicándole que eso no lo dice el borrador constitucional, Loncon insistió en que "acá en la norma dice que va a depender de quién quiera esa expropiación y si no se quiere, no se hace, no se va a realizar".

Sus palabras repercutieron en el oficialismo y, por ejemplo, el diputado socialista Marcos Ilabaca, dijo en radio Pauta que eran "un tremendo error".

"Claramente, cuando los exconstituyentes establecen ese tipo de argumentos le hacen un tremendo daño al Apruebo, le hace un tremendo daño al trabajo que ellos mismos desarrollaron", sostuvo.

De hecho, recalcó que "no comparto ninguna de las afirmaciones de la expresidenta de la Convención. Fue un tremendo desacierto, tremendo error, imprudencia. No corresponde que se establezcan fake news por ningún lado. Nada de lo que afirmó es correcto", acusó en específico por las "10 familias".

El diputado Miguel Mellado (RN) dijo sobre Loncon que "la llamaría a buscar un buen asesor económico".