Familiares de Roger Lampert Ponce (27 años) realizaron ayer una manifestación en las afueras de la Fiscalía Local de Valdivia, instancia que aprovecharon para solicitar que se agilicen las diligencias policiales y del Ministerio Público respecto a la búsqueda del joven.

La manifestación se llevó a cabo a un mes exacto de la desaparición de Lampert, quien el pasado 6 de junio fue visto por última vez por sus familiares. Según antecedentes policiales, que fueron entregados por la propia familia, ese día el joven avisó que iba a reunirse con un profesor de la UACh, pero hasta la fecha no ha regresado.

Al respecto, Bárbara Tamayo, prima de Roger y quien ofició como vocera de la familia en esta ocasión, aseguró que a la fecha no han tenido mayores antecedentes sobre la búsqueda de su familiar. En ese contexto, aseguró que ellos ya entregaron toda la información solicitada, incluída la dirección del supuesto profesor con el que se iba a reunir su primo.

"Mi tío (padre de Roger) se quedó con la versión que de Carabineros llamó al profesor y que este se encontraba fuera de la ciudad, de manera que habría sido descartado de cualquier investigación. De todos modos, tengo entendido que el profesor entregó dos versiones: que en un momento dijo que no conocía a Roger y que se encontraba fuera de la ciudad. Luego, que parece que lo conocía y que le hizo clases en el primer año de universidad. Nosotros no estamos culpando a nadie, pero hay un antecedente y queremos saber por qué se dirigía a esa dirección".

Según confirmó Bárbara, esta información fue encontrada en el computador de Roger, y que "fue lo último que vio en su computador". Posteriormente, "buscó la dirección en el mapa para saber dónde quedaba y dirigirse para allá y coincide por donde iba".

Sobre Roger Lampert, la prima aseguró que "es una persona tranquila, estudiosa, que estaba en su último año de universidad, jugaba ajedrez, no iba a ir a una parte así como así. A lo mejor le ofrecieron un trabajo, algo así y se dirigió allá confiado, quizás le pasó algo en el camino".

Y añadió que "también creemos que se pudo subir al auto de una persona que conocía, pero de verdad ya no sé qué más creer. Lo único que quiero es que aparezca sano".

Madre

Paralelamente a la manifestación, Virginia Ponce, madre del joven desaparecido, conversó con el psicólogo de la Fiscalía de Valdivia, quien se comprometió a gestionar algunas solicitudes de la familia.

En ese contexto, Virginia detalló que "estuvimos conversando unos minutos, periodo en que le hice llegar mis inquietudes y las de toda mi familia, ante lo cual se comprometió a agilizar la entrega de una información más detallada respecto a todo lo realizado hasta el momento. Me dijo que tienen un plazo de 15 días, pero que haría lo posible para entregarlo antes".

De todas maneras, la madre de Roger enfatizó que "nada de esto nos deja tranquilos, ya que se cumplió un mes de la desaparición de mi hijo. Ellos (personal a cargo de la búsqueda e investigación del caso) no tienen responsabilidad, pero quiero que comprendan todo esto y de verdad espero nunca les pase algo similar. Es un dolor terrible, que no se lo doy a ninguna madre ni familiar".

Al cierre de esta edición, cerca de 100 personas acompañaban a la familia de Roger Lampert en una velatón en la Plaza de la República.

Investigación

Sobre el trabajo de investigación, el vocero de la Fiscalía de Los Ríos, Eric Aguayo, sostuvo que "la desaparición de Roger Lampert es una investigación que tiene especial relevancia para la Fiscalía regional. Consecuente con ello, desde que la Fiscalía tomó conocimiento del hecho, se designó un fiscal preferente por su experiencia en la indagación de presuntas desgracias, que en este caso no solo encomendó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, sino también a Carabineros, existiendo así un equipo multidisciplinario enfocado en la búsqueda ".

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sentencia que condenó a César Andrés Unión Muñoz a la pena de 10 años y un día de presidio por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y disparos injustificados en la vía pública, más las penas accesorias legales, ilícitos perpetrados en marzo de 2020 en la ciudad de Osorno.

En fallo unánime (causa rol 645-2022), la Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del condenado, tras desestimar error de derecho en la sentencia que, además condenó a Unión Muñoz a las penas de 540 días de presidio, accesorias legales y al pago de una multa de 10 UTM, como autor del delito consumado de receptación de un arma de fuego; y 300 días de reclusión y accesorias legales, como autor del delito consumado de amenazas no condicionales.

"El cuestionamiento de la defensa se sitúa en la circunstancia de considerar que los hechos dan cuenta de un solo ilícito, y por ende no procede aplicar el artículo 351 ya citado, sino la norma del artículo 75 del Código Penal, separando así los delitos de tenencia de arma de fuego y municiones, de los disparos injustificados, pidiendo por los primeros una pena de cinco años y un día y de 541 días por el último", plantea el fallo.

Disparos y amenazas

El dictamen de primera instancia ratificado dio por acreditado que el 8 de marzo de 2020, alrededor de las 13 horas, el condenado César Andrés Unión Muñoz se encontraba en la vía pública, específicamente en calle Las Becacinas, en las afueras de su domicilio. Allí, con una escopeta, procedió a realizar varios disparos injustificados al aire y amenazó de muerte, apuntando con el arma de fuego, a una transeúnte que le recriminó por los disparos que estaba realizando.

Al llegar al lugar, Carabineros ingresó al domicilio de Unión Muñoz, con autorización de este, donde hallaron en su interior una escopeta marca Hatsan, modelo Escort, calibre 12, serie número 055717, una Escopeta marca Maverick, modelo 88, calibre 12, con número de serie borrado; además de 266 cartuchos balísticos sin percutar, correspondiente a 86 cartuchos calibre 12, marcas TEC, Clever, Mirage y Nover; 69 cartuchos calibre 16, 98 cartuchos calibre 22 largo Winchester súper X y Remington, y 13 cartuchos calibre 9x19 milímetros marca CBC.

Respecto de la escopeta Hatsan, modelo Escort, calibre 12, serie número 055717, que estaba en poder del sujeto, mantenía encargo por hurto.

Con el propósito de afianzar el trabajo preventivo de situaciones negligentes, Carabineros de la Región de Los Lagos se reunieron en la Séptima Comisaría de Puerto Montt con expertos del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, para mejorar las prácticas en Derechos Humanos en la institución.

El encuentro fue encabezado por el jefe de la Décima Zona Los Lagos, general Carlos López, contando con la participación de oficiales de las Prefecturas de Llanquihue, Osorno y Chiloé, además de comisarios de las unidades territoriales. En tanto, asistió el abogado Sebastián Cabezas, del área de DD.HH., y María Cecilia Jaramillo, analista de contenidos en el área de función policial.

Al respecto, Cabezas señaló que "hemos tenido una amplia recepción de parte de la institución para que podamos hacer nuestro trabajo. No hemos tenido dificultades para visitar las comisarías y hacer nuestros informes. También hemos iniciado diálogos para poder implementar las medidas que proponemos".

En este sentido, el experto destacó que han identificado buenas prácticas en ciertas dependencias policiales, como el uso de cámaras de monitoreo en las áreas de detenidos y la habilitación de salas de atención de víctimas de Violencia Intrafamiliar.

Por su parte, María Cecilia Jaramillo, reconoció que "la institución ha mostrado un avance en cuanto a posicionar el tema de trabajar con una perspectiva de DD.HH. Hay una demostración que está integrándose este tema, no sólo en la formación (...) Sino que un cambio de perspectiva en el trabajo cotidiano que realizan las distintas unidades".

"Hemos tenido una amplia recepción de parte de la institución para que podamos hacer nuestro trabajo. No hemos tenido dificultades para visitar comisarías y hacer nuestros informes".

Sebastián Cabezas, Abogado DD.HH.