Las estadísticas respecto del sobrepeso y la obesidad en los niños no pueden ser más preocupantes: más de la mitad de la población nacional carga con este problema, lo que derivará en ellos muy pronto en una serie de enfermedades asociadas a la acumulación de grasas, las que se convertirán en un grave riesgo para la salud.

El fenómeno no es nuevo, pero pese a los esfuerzos de servicios estatales para controlarlo, las estadísticas siguen empeorando y en Los Lagos resulta evidente. Varios son los factores que entran en juego, aunque preferentemente se culpa de ello a la comida chatarra, abundante en grasas, sal y azúcar. Si bien tal cosa es innegable, el sedentarismo es el que culmina este proceso negativo para la salud, originado en horas y horas frente al televisor, el computador, una tableta o un celular.

Mientras, ¿qué ocurre con la educación física, práctica que bien llevada puede y debe convertirse en el mejor aliado para combatir el exceso de peso y la obesidad? ¿Cuál es su nivel en Los Lagos? ¿Qué ocurre en los colegios?

No es un misterio que muchos establecimientos no cuentan con profesores de educación física, temporal o permanentemente, y las clases quedan a cargo de docentes que carecen de estos conocimientos técnicos, que van mucho más allá de un simple calentamiento previo o hacer practicar a los niños algún deporte.

La especialidad existe en el país desde 1906 y los responsables de la educación deberían cautelar la obligatoriedad de que se disponga de estos profesionales, más aún si la mayoría de estos colegios recibe fondos estatales para su funcionamiento. Ahorrar algún dinero tiene serias consecuencias en la salud de los niños.

La educación física es vital no sólo en la apostura física y la salud, sino también en el desarrollo sicomotor y fomenta aptitudes como la constancia, la dedicación, la autodisciplina y el compañerismo, que serán de muchísimo provecho para el niño y el joven.

Desde hace poco menos de dos semanas se registran en la ciudad al menos veinte tomas de terrenos de propiedad privada y fiscal por parte de personas que instalan carpas y luego inician faenas de subdivisión predial, manifestando así su voluntad de instalarse de forma permanente. Es un fenómeno que no se producía en la ciudad desde hace décadas, por lo que vale la pena analizarlo.

Los ocupantes manifiestan que su motivación está basada en la falta de soluciones habitacionales en la zona, lo que los deja sin más opción que recurrir a esta medida para tener un techo que habitar. Las cifras parecen avalarlos. Según el observatorio urbano, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desde el año 2002 al 2017 el déficit habitacional pasó de 4.995 a 3.874 unidades en la comuna de Osorno. Es decir, a este ritmo, de 75 unidades por año, superaríamos el déficit en más de 50 años.

Como todo problema complejo, es necesario abordarlo desde varios ángulos para resolverlo. Primeramente, en la ciudad carecemos de terrenos aptos de ser urbanizados. Dicho de otro modo, los que hay tienen un alto valor que no se condice con el poder adquisitivo promedio. Hace pocos meses, en la Cámara Chilena de la Construcción elaboramos un estudio que mostraba el desacople entre ingresos y precios de viviendas, lo que dejaba a gran parte de la población impedida de adquirir una, presionando así la demanda por subsidios. Por otro lado, el aumento de restricciones normativas, asociadas a leyes generales y a otras específicas emanadas del Plan de Descontaminación, encarecen aún más cada unidad. Adicionalmente, la tramitación de planos reguladores, lejos de colaborar en resolver este tema, se torna cada vez más engorrosa y burocrática, lo que nos ancla a un instrumento de planificación territorial que pronto cumplirá la treintena de años.

¿Es la toma la solución? Por cierto que no. Es injusto para quienes han seguido los conductos regulares y han ahorrado y esperado por años (demasiados) ver que alguien se cuela en la fila. Es insalubre, tanto para quienes habitan la toma como para los vecinos residentes de alrededor. Va en contra de toda planificación urbana. Recurre a la violencia e ilegalidad, vulnerando el derecho del propietario.

Hacemos un urgente llamado a la autoridad y ofrecemos nuestra colaboración para abordar el tema de la vivienda como primera prioridad social.