Entre las deudas pendientes
Édgar Hernán Fuentes-Contreras
No es un secreto que nuestro sistema político viene cargando con una serie significativa de deudas. Una de ellas es el problema de la centralización, que, a pesar de los esfuerzos constitucionales y legales de las últimas décadas, sigue siendo un problema fácilmente constatable a lo largo del país.
Pues bien, con la reciente celebración del día de las regiones, el 31 de marzo, y observando que en pocos meses termina el primer período de los gobernadores regionales electos democráticamente y que vendrán nuevas elecciones, nos lleva a decir que la descentralización sigue siendo un asunto pendiente e inexplorado.
Por supuesto, hay elementos para ser optimistas: basta con ver el trabajo colaborativo entre municipios, gobiernos y universidades regionales y los diferentes proyectos e iniciativas que han direccionado la idea de un desarrollo local, los cuales han dado una pauta de lo que puede llegar a generarse con una descentralización proporcionada y con miras al bien común.
En efecto, pensar en la descentralización, como lo consagra el artículo 3° de la Constitución, va más allá de ver con buenos ojos el papel que pueden cumplir las regiones, las provincias y las comunas para alcanzar y promover los fines del Estado. Es, además, admitir que, ante las diferentes realidades sociales, políticas, económicas y ambientales del país, se hace necesario que los grupos intermedios territoriales participen en la generación y administración recursos para los territorios: al final, la población y las autoridades elegidas democráticamente en las regiones y comunas conocen y viven a diario las necesidades del habitar humano. Eso hace que puedan contar con mayores facilidades para planificar las soluciones.
Por consiguiente, exaltar la geografía para la distribución del poder es, conjuntamente, elogiar la libertad de las personas, su dignidad y su capacidad de participación, y, al tiempo, hacer uso legítimo del deber de serviciabilidad, solidaridad y subsidiariedad del Estado.
En ese orden, un ejercicio razonable de la descentralización no es otra cosa que tomarse en serio la vida republicana, en la que, bien dirigida, la descentralización es una medida que genera responsabilidades colectivas para alcanzar una convivencia pacífica, en equilibrio y armonía con la administración central.
Pero tampoco hay que engañarse. No se puede caer en la ingenuidad de pensar que mayores grados de descentralización son en sí mismos una especie de panacea. En tal sentido, importa destacar que como modelo de administración lo que permite la descentralización es crear mayores contrapesos y controles, hace posibles políticas que aumenten la competitividad y la participación. Solo que también puede traer problemas de burocratización, de corrupción, de clientelismos, de liderazgos políticos inadecuados, entre otros. Por eso avanzar en mayores grados de descentralización requiere de estudio y análisis ponderado, considerando las mejores experiencias comparadas, y asumiendo los evidentes problemas que presenta el actual modelo vigente en Chile.
Y como se comprenderá, debe tenerse presente también que las mejoras en este aspecto de nuestro sistema político no es sólo una cuestión constitucional o legal. Ante todo, es un problema que requiere considerar muy especialmente que el Estado está al servicio de las personas, y que su finalidad es promover el bien común, que es el mandato contenido en el artículo 1 de nuestra Constitución. De esta forma puede avanzarse en concretar lo que unánimemente se escucha en las diversas regiones del país: "Chile no es Santiago".
*Profesor de Derecho Constitucional e Investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la U. de los Andes.