Chile recibió 6.000 millones de intentos de ciberataques en 2023, según datos dados a conocer hace unos días por FortiGuard Labs, el laboratorio de análisis e inteligencia de amenazas de Fortinet. Si se compara la cifra con el año anterior (14.000 millones de intentos de ciberataques en el 2022), es bastante menor, pero eso no es necesariamente una buena noticia. Como indica la empresa, esta es una tendencia global, ya que se observa una menor cantidad de ataques masivos y un mayor volumen de explotaciones únicas y variantes nuevas de malware y ransomware, que son mucho más dirigidos. Esto significa que hay menos cantidad de ataques pero son diseñados para objetivos específicos, lo que los vuelve más sofisticados y con mayor posibilidad de éxito si las organizaciones no cuentan con defensas de ciberseguridad actualizadas.

América Latina y el Caribe sufrieron 200.000 millones de intentos de ataques en 2023, lo que constituye el 14,5% del total reportado a nivel global el año pasado. Los países latinoamericanos con mayor actividad de ciberataques fueron México, Brasil y Colombia. Chile tiene una de las tasas de penetración de Internet más altas de Latinoamérica, lo que fue una gran ventaja durante los años críticos de la pandemia, para el teletrabajo y el teleestudio.

Los expertos indican que ha habido un aumento de este tipo de ataques selectivos a nivel mundial, provocados por bandas organizadas, con conocimientos sofisticados sobre vulnerabilidades, lo que obliga a tener una actitud proactiva en cuanto a la protección de datos para mitigar los riesgos. Se cree que Chile se ha quedado atrás en normas internacionales de protección de datos, como las que tiene la Unión Europea o las leyes que rigen a las sedes de los grandes mercados financieros del mundo, por lo que es imprescindible ponerse al día en esa materia.

Si tuviese que resumir cuáles son las 3 acciones más urgentes que las autoridades debiesen hacerse cargo, para tener una ciudad a la altura del supuesto desarrollo que tenemos, o simplemente no seguir pareciendo una letrina de bar de mala muerte, diría que son tres: la mala iluminación de las calles; los rayados de las fachadas; y el cableado urbano.

Hablemos hoy de este último. Ayer domingo 21, casi media avenida Rodríguez estaba siendo intervenida por Saesa, al menos unas 10 camionetas y una decena de trabajadores, conos en una pista y rollos de cables que más bien parecían mangueras de bomberos por su diámetro. Si bien se entiende que son trabajos para mejorar los servicios, resulta irrisorio y, hasta indignante, que cuando se construyó esta avenida, se consideró en el presupuesto un sistema de canalización subterránea (que de hecho está construido y se pueden ver las tapas de registros a lo largo de la ciclovía). Cabe preguntarse entonces: ¿por qué se siguen tirando cables por los postes y no se ocupa el soterramiento?.

La contaminación visual que produce toda esa telaraña de cables, que cada día sigue creciendo, no sólo produce un caos visual, sino también muchas veces accidentes cuando los pasan a cortar.

Osorno goza una arquitectura patrimonial considerable, no sólo de la arquitectura alemana, también de arquitectura moderna en hormigón, la cual pasa inadvertida, ya que prácticamente tenemos un "techo" de cables cruzados que impiden ver más arriba de su instalación.

Siendo justos con la responsabilidad que le cabe a cada uno de los actores, es necesario precisar que los cables que distribuyen la energía eléctrica son sólo los tres que van más arriba de los postes y el resto, el 90% de los causantes de esas "telarañas" que vemos, son de las empresas de telecomunicaciones. También hay que precisar que la ley eléctrica obliga a las empresas de distribución facilitar los postes para las empresas de telecomunicaciones, por lo que, si Saesa tuviese la iniciativa de soterrar sus cables, igual nos quedaríamos con el 90% de los que pertenecen a las empresas de telecomunicaciones.

Las municipalidades tienen la facultad de decretar la obligación de soterrar a las empresas eléctricas y si éstas no cuentan con los recursos (permítanme dudar de ello), pueden hacerlo con fondos propios y exigir la restitución de esos dineros a las empresas eléctricas (o su equivalente en gastos de energía propios de la ciudad).

¿Qué pasa entonces que no se hace nada al respecto e incluso vemos que cada vez hay más cableado?, ¿Por qué cada vez que una empresa de telecomunicaciones instala un nuevo servicio, coloca cables nuevos y deja los antiguos?. Nadie hace nada sobre este problema, ni las autoridades ni nosotros como ciudadanos. Al parecer existe decidía generalizada o simplemente se nos cruzaron los cables.