Durante la pandemia los países experimentaron retrocesos en los indicadores de salud que han revelado o exacerbado debilidades en los respectivos sistemas, en la detección y el tratamiento de enfermedades como la tuberculosis, el cáncer y el VIH, en el diagnóstico y tratamiento de patologías no transmisibles y en la disminución de las tasas de vacunación de rutina. Este fenómeno tiene y seguirá teniendo enormes repercursiones en la población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llamado a los gobiernos a colocar la salud en el lugar que le corresponde, para que sea el centro de la agenda de desarrollo sostenible. En Chile, desde hace tiempo que en diversos sondeos el tema de la salud es mal evaluado por la ciudadanía. En el año 2020, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello dio a conocer una encuesta nacional, en la cual los usuarios en general le dieron una nota de 3,7 a su sistema.

Estas cifras son preocupantes si se considera que los gobiernos han aumentado los presupuestos de salud pública y algo similar ha realizado el sector privado. Sin embargo, ha habido un descontento de los usuarios respecto de ambos sistemas. En ese estudio, el 67% de los afiliados a Fonasa dijo sentirse desprotegido, mientras el 28% de los usuarios de las Isapres también tenía esa percepción.

Algunos de los aspectos peor evaluados fueron el tiempo de espera para recibir una atención médica, el tiempo que le dio el médico en la atención y el monto que tuvo que pagar. Hay una crítica casi generalizada en cuanto a que los sistemas de salud son lentos o poco oportunos en el acceso a las prestaciones, las urgencias y las hospitalizaciones Evidencias hay suficientes: numerosos reclamos de falta de atención, listas de espera para interconsulta e intervenciones quirúrgicas. Pasan y pasan los años y esta realidad, en lugar de ceder, persiste porfiadamente.

Este escenario exige abordar el tema de la salud en forma integral, a fin de atender las necesidades de las personas y contribuir a mejorar su entorno.

Los abogados del actual director general de Carabineros Ricardo Yáñez han presentado sendas acciones durante este mes y también con anterioridad para evitar su formalización, fijada para el próximo 5 de mayo ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde también será formalizado el ex director Mario Rozas, por hechos relacionados con el llamado "estallido social". Ya en diciembre de 2023, los abogados solicitaron al fiscal nacional la inhabilitación del discal Armendáriz alegando falta de objetividad e imparcialidad en su persecución contra el general Yáñez y este mes han presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que suspenda la tramitación de la causa mientras se determina si son inconstitucionales ciertas normas relativas a la formalización y la manera de apelar a su respecto.

Tanto la solicitud de inhabilitación como la de suspensión de la formalización han sido rechazadas. Ahora, un grupo de parlamentarios ha solicitado directamente la remoción del fiscal Armendáriz ante la Corte Suprema por su falta de objetividad. Lo anterior parece más bien un intento desesperado de evitar que el general Yañez sea formalizado, como si eso tuviese aparejada alguna consecuencia penal per se. Pues bien, no la tiene.

La formalización de la investigación es una comunicación que la fiscalía hace a la persona investigada, comunicándole específicamente los hechos que estima éste realizó y por los cuales lo investiga. Una vez formalizada la investigación, el fiscal puede pedir medidas cautelares contra el imputado y es ahí donde el juez (de Garantía) deberá decidir si existen o no antecedentes para ello. Entonces el problema no es que sea o no formalizado, sino si existen o no antecedentes que acreditan los hechos y la participación del imputado que la fiscalía deberá probar. Nuestra legislación, y en particular la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, contempla la posibilidad de que cualquier persona pueda reclamar por una formalización arbitraria; pero parece muy peligroso buscar por todos los medios que los órganos llamados a realizar las investigaciones penales, sean coartados e incluso amenazados para limitar su función investigadora. Si no hay mérito en la formalización contra los generales Yáñez y Rozas, pues entonces que los abogados discutan la existencia de los delitos y se nieguen a cualquier medida cautelar. Quizás aquí el problema fue la doctrina anunciada por el Gobierno, que autoridad que fuera formalizada debía renunciar, cuando en realidad lo que interesa es si existe o no mérito para dar por acreditado o no un delito y decretar una medida cautelar conforme a ello, lo que no dependerá del fiscal, sino del juez.

Cuidemos a nuestros fiscales, ejerzamos derechos, pero dejemos que hagan su labor. El mismo fiscal Armendáriz llevó en su tiempo la investigación contra el ex senador Lavanderos y obtuvo una condena efectiva que sorprendió a varios; hoy lidera la misma Fiscalía Regional Metropolitana que formalizará al actual alcalde de Recoleta el 29 de mayo y sobre ello nadie ha discutido su actuar imparcial.