Luego de casi nueve años de tramitación, el 24 de enero de este año el Congreso despachó a ley el proyecto que creó el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones.

La ley faculta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que, a través de la red de dispositivos automatizados, pueda detectar exceso de velocidad, transitar en área urbana con restricción por contaminación ambiental, infracción a normas de transportes terrestre, susceptibles de captación automatizada, como es el uso de vías exclusivas para la locomoción colectiva.

Tras su publicación en el Diario Oficial, hay plazo de seis meses para redactar un reglamento antes de comenzar la marcha blanca e ir instalando paulatinamente las cámaras en todo el país.

El Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones no intenta sancionar a los conductores de vehículos, sino más bien busca anticiparse a la infracción, por lo que el objetivo es preventivo. Los expertos en el tema señalan que será importante analizar cómo se pondrá en ejecución el mecanismo, porque seguramente deberá existir un cierto nivel de tolerancia respecto del límite de velocidad sobrepasado.

Las cámaras deberán ser instaladas en lugares donde se perciba claramente la patente del vehículo infractor, para evitar equívocos. Asimismo, se deberá usar un sistema de notificación electrónica para evitar que el infractor reciba la multa cuando esté vencido el plazo. Si bien las infracciones podrán disminuir en los lugares de vigilancia, eso no garantiza que se respete la normativa en otras calles de la ciudad.

Al final, todo depende de que los conductores asuman con responsabilidad que deben respetar la normativa.

Hemos de encontrarnos a pocos días de que se realicen las elecciones de los miembros que compondrán el Consejo Constitucional, órgano que tendrá la misión de revisar el anteproyecto emanado de la Comisión Experta de designados por el Congreso, para definir una nueva propuesta de Constitución Política de la República.

Un momento político sin duda muy relevante, no sólo estamos pendientes a qué dirá la ciudadanía (sobre todo en términos de participación) sino también cómo quedarán las fuerzas del oficialismo para hacer frente a futuros acuerdos, tanto dentro del proceso constituyente como fuera de él. Pero como siempre, el momento político se roba el protagonismo de la muy olvidada discusión primogénita que nos convocó hasta este momento constituyente ¿será que se nos olvidaron los resultados contundentes de aquel 25 de octubre del 2020? ¿Entendemos por qué se va a redactar una nueva Constitución?

No tengo respuestas para dichas preguntas, pero sí una alerta de recordatorio a quienes olvidan constantemente que tras bambalinas está la cruda desigualdad. Una realidad que todos vivimos pero pocos parecen hacer frente, una realidad que desmorona a un Chile con diferentes realidades regionales y culturales. Desigualdad que vivimos desde que tomamos una traspapelada locomoción colectiva, pasamos por las ausentes áreas verdes de zonas urbanas altamente hacinadas, y por qué no decirlo hasta cuando el invierno nos hace eco de las listas de espera en los consultorios y hospitales.

¿Cuándo conversaremos sobre los elementos importantes que definen el día a día de la Constitución chilena que esperanzadamente soñó que un futuro mejor se podría construir en manos de todas y todos? La desigualdad recrudece las cifras de desempleo, ingresos, tasas de egreso en educación superior, proyectos medioambientales, entre muchos otros temas. Los últimos 30 años nos demuestran cómo podemos superar barreras de ingreso, pero de todas maneras sufrir las calamidades asociadas a la desigualdad multidimensional, social, territorial y de género. Retomar la idea normativa de la igualdad en el paradigma constitucional, no significa creer que borraremos desigualdades ipso facto, pero efectivamente si no está en el aire/medios entonces parece no existir.