El expresidente Jair Bolsonaro, quien volvió a Brasil ayer tras pasar tres meses en Estados Unidos, envió un primer mensaje al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y dijo que "no va a hacer lo que quiera con el futuro de la nación".

El líder de la ultraderecha había viajado al país del norte el pasado 30 de diciembre aún en su condición de presidente, dos días antes de la investidura de Lula y con la clara intención de no entregarle el poder al mayor referente del progresismo brasileño.

Su regreso no movilizó a multitudes, pero un poco más de un centenar de activistas del ala conservadora se dieron cita en el aeropuerto de Brasilia y aún menos gente en la sede del Partido Liberal (PL), en la que pronunció un breve discurso que incorporó críticas al Gobierno de Lula, a quien evitó citar por su nombre.

Sin embargo, dejó claro que su intención es recomponer fuerzas con el Partido Liberal, en el que ejerce como "presidente honorario", como cabecera de la oposición al Gobierno progresista de Lula.

Bolsonaro valoró la composición conservadora del Parlamento y la fuerza del PL, con 99 de los 513 diputados y 12 de los 81 senadores.

"Le mostraremos a ese personal (por el Gobierno), que por ahora y por poco tiempo estará en el poder, que no va a hacer lo que quiera con el futuro de la nación", declaró en la sede del PL a decenas de parlamentarios que lo recibieron.

El presidente del PL, Valdemar Costa Neto, dijo que el partido ya tiene entre sus objetivos las elecciones municipales de 2024, y aspira a conquistar "el 60 % de las alcaldías".

Según Costa Neto, Bolsonaro y su esposa Michelle, quien preside el capítulo femenino de esa formación, recorrerán el país a partir del segundo semestre de este año centrados en las municipales. "El jefe aquí es Valdemar", dijo Bolsonaro y agregó que está dispuesto a "cumplir con la misión".

Tribunales

Bolsonaro, sin embargo, tendrá sus primeros compromisos ante los tribunales. Está siendo indagado en una decena de procesos que tramitan en la Justicia ordinaria y en otros cinco en la Corte Suprema, aunque de momento, no está formalmente imputado en ninguno.

Uno de ellos investiga el asalto de miles de bolsonaristas a las sedes de los tres poderes el 8 de enero, con la intención de forzar un golpe de Estado contra el Gobierno de Lula.

En esa acción penal, figura como sospechoso de haber incitado esa rebelión y pudiera ser llamado a declarar en cualquier momento por la Suprema.

Gobierno ignora

Lula, que se recupera de una bronconeumonia, no comentó ayer el regreso de Bolsonaro, ignorado por la mayoría de los miembros de un Gobierno que ha sumado a sectores del centro y la derecha moderada que apoyaron la gestión anterior.

Sólo el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, frente a preguntas de periodistas, se refirió con ironía a la fría bienvenida dada a Bolsonaro por sus simpatizantes, que en su opinión demostró que "es un líder de barro".

Con cierto sarcasmo también se pronunció la diputada Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de Trabajadores (PT), de Lula, quien en un video divulgado en sus redes sociales celebró la vuelta de Bolsonaro, le invitó a ver "cómo mejoró el país en su ausencia" y también a rendir cuentas ante los tribunales.

No obstante, Tarcísio de Freitas, gobernador del estado de Sao Paulo, y exministro de Bolsonaro, calificó su regreso como algo "muy importante" para el país y lo situó como "el maestro de una oposición responsable que muestra el buen camino en lo económico".

El próximo 5 de abril el exmandatario de Brasil fue citado a declarar por la Policía Federal, para esclarecer su conducta respecto a unas joyas valiosas que recibió de Arabia Saudita en su condición de mandatario y que conservó tras dejar el poder, pese a que debía entregarlos al Estado. Cabe señalar que el expresidente devolvió el viernes pasado, por medio de sus abogados, un paquete de joyas obsequiadas por dicho país, las que fueron entregadas a un banco público en Brasilia, tras una instrucción ordenada la semana por el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador del Estado.

Perú retiró a su embajador en Colombia, de la misma forma que hizo en México en febrero, debido a las "continuas expresiones injerencistas" del presidente colombiano, Gustavo Petro, que no reconoce que el exmandatario Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado en diciembre pasado.

La cancillería de Perú comunicó la noche del miércoles que la actitud de Petro y sus "continuas expresiones injerencistas, han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo" que ha existido entre Perú y Colombia.

Explicó que Perú ha reaccionado de manera "ponderada, progresiva y proporcional, conforme a la práctica diplomática y teniendo en consideración la estrecha relación que lo une a Colombia, desde hace más de 200 años".

En ese sentido, subrayó que el país "hace votos para que la estrecha y bicentenaria relación bilateral con Colombia retome su cauce en el marco del respeto mutuo y las normas, principios y valores que rigen la convivencia entre los estados".

Asimismo, el ministerio precisó que "con el retiro definitivo del embajador del Perú en Colombia, las relaciones diplomáticas entre el Perú y dicho país quedan formalmente a nivel de encargado de negocios", de la misma forma que procedió en febrero al retirar a su embajador en México por los comentarios de su presidente Andrés Manuel López Obrador, que desconoce el actual gobierno de Dina Boluarte.

Persona non grata

También en febrero último, el Congreso peruano ya había declarado persona non grata a Petro por sus comentarios contra la administración de Boluarte y otras entidades del Estado, al no reconocer la legitimidad de su gestión.

Así, en la última Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana, Petro afirmó que quien debería estar presente en ese encuentro de jefes de Estado era Pedro Castillo, quien está detenido mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración a raíz del fallido intento de golpe de Estado.

"Hoy debería estar aquí, lo sacaron. Está preso", expresó Petro ante la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, quien le contestó que si Castillo no está presente es porque "dio un golpe de Estado".

"Si estuviera, tendrían a un dictador", expresó Gervasi en la cumbre.

Este miércoles, López Obrador reiteró que "el presidente legal y legítimo del Perú es Pedro Castillo, que está injustamente en la cárcel. Lo están acusando, desde que entró lo empezaron a acusar, y lo tienen en la cárcel".

Sin embargo, el mandatario mexicano agregó que dialogará con Petro y con el presidente Gabriel Boric, para ver cómo entregar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Perú, después de haberse negado a hacerlo en los últimos meses.

El expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, afirmó que en Venezuela no hay una lucha contra la corrupción, sino una "pelea entre oligarcas" que han "saqueado al país" con el visto bueno del Gobierno del presidente del país, Nicolás Maduro, a quien responsabiliza del "inédito" grado alcanzado en tal sentido.

En una entrevista con Efe, Ramírez se refirió a la trama de corrupción que ha salido estos días a la luz con 25 detenidos, entre ellos 14 funcionarios y 11 empresarios.

"Maduro es responsable porque no se trata de funcionarios que evadieron los controles existentes, sino que desde el mismo gobierno se quitaron todos los controles que existían", dijo.

Los detenidos "son chivos expiatorios, faltan las cabezas", añadió Ramírez, quien fue durante 12 años ministro de Petróleo de Venezuela durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

Aseguró que los hechos del escándalo actual en torno a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), investigado por la fiscalía, están siendo sacados a la luz de forma controlada por el gobierno.

No se trata ni de lucha contra la corrupción ni una actuación de la Justicia, sino de un "ajuste de cuentas en la cúpula del 'madurismo'", opinó el ingeniero de 59 años.

Al mismo tiempo, sostuvo que este escándalo le da la razón respecto a sus críticas al gobierno de Maduro, al que acusa de desmantelar la industria petrolera venezolana.

"Los corruptos son ellos, mis verdugos, los que me persiguen", dijo Ramírez, al tiempo que reiteró su rechazo categórico a las acusaciones de corrupción en su contra por parte de la Justicia venezolana, que atribuye a un intento de acallarlo.

Ramírez aseguró tener conocimiento de documentos internos de Pdvsa que revelan la pérdida de "25.000 millones de dólares" en petróleo que la empresa "entregó a particulares" en los últimos dos años y cuyo pago nunca llegó al país.

"El problema -explicó- es que Venezuela perdió la trazabilidad de sus operaciones petroleras", los responsables de Pdvsa "dejaron de rendir cuentas a la Asamblea Nacional y de admitir informes financieros auditados".

A su vez, comparó lo sucedido con el colapso de la Unión Soviética, cuando "los jerarcas del partido" comunista se repartieron las empresas, convirtiéndose en lo que hoy se llaman "oligarcas rusos".