El pasado miércoles se celebró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha para generar conciencia sobre las responsabilidades que cada persona e institución tienen respecto del uso y transacción de bienes y servicios.

El 15 de marzo fue elegido para esta temática por las Naciones Unidas en 1983, recordando el gesto del Presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, quien en 1962 decretó garantías básicas de consumo que hoy recogen casi todos los países: derecho a elegir, a recibir educación para así poder realizar elecciones correctas; a la adquisición de productos y servicios competitivos para satisfacer todas sus necesidades básicas; a ser escuchado; a vivir y disfrutar de un medio ambiente más saludable y seguro.

Este último punto se cruza con otra arista de esta misma fecha, que es también el Día del Consumo Responsable, ampliando la mirada respecto de las consecuencias que tiene cada acción frente al entorno, la comunidad y el medio ambiente. Es decir, la efeméride no solamente invita a ejercer atribuciones sobre los productos que se utilizan o adquieren, sino a la reflexión.

Para entender, ejemplos cotidianos: al comprar una prenda de vestir por internet, hay derecho a calidad, precio justo, retracto, cambio; pero antes de requerirla se debe pensar, ¿cuál es la huella de carbono que esto deja, qué debe pasar en el mercado laboral de origen para que algo llegue barato a miles de kilómetros; que haré con los envoltorios?

Desde ese pensamiento crítico se salta hacia el concepto de economía circular, aquella que promueve abastecimiento cercano, comercio internacional justo, combatir la pérdida de alimentos y reciclaje, entre otras materias que en Chile se encuentran muy presentes a través del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac, creado en 1990) y de legislaciones como la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor).

En los últimos años ha habido avances sustantivos en el país en estas materias, pero la experiencia indica que aún faltan aspectos de la institucionalidad que promuevan y cautelen de mejor forma los derechos de los consumidores.

Parece que en nuestro país siempre tiene que pasar algo grave para que quien tiene que hacer algo, finalmente lo haga. Es como que hubiéramos sido criados para hacernos los lesos y "estirar del elástico" todo lo que se pueda. El problema es que siempre, más tarde o más temprano, el elástico se corta. Esto último sucede con Carabineros. Con escandalosas cifras históricas de funcionarios heridos y fallecidos, el general director gritó a los cuatro vientos "Ya basta", exigiendo a los poderes del Estado, especialmente a los parlamentarios, mayor protección y respaldo para los hombres y mujeres que día a día arriesgan su vida por los demás, como asimismo, mayor apoyo por parte de las instituciones como la Fiscalía.

A sus jefes en el Gobierno, los mismos que los envían a la calle todos los días, no les gustó para nada la interpelación que, en buena medida, aunque sin decirlo expresamente, también estaba dirigida a ellos, lo que en parte explica, pero no justifica, el tirón de orejas de La Moneda, a pesar que sus expresiones en caso alguno fueron políticas ni deliberantes.

Es que se nota demasiado que no existe voluntad política real de fortalecer la acción policial, lo que en todo caso es coherente con la posición político-ideológica volcada en la conducta legislativa y activista pretérita y actual de quienes tienen hoy la sartén por el mango. Para el Gobierno, los indultos por delitos graves repara la injusticia cometida por los tribunales respecto de personas que, a pesar de las condenas, a su juicio no serían delincuentes. Para el Ejecutivo, la urgencia para proyectos de ley está puesta en conmemorar la visibilidad lésbica, no en aquellas iniciativas que respaldan a los carabineros en el combate de la delincuencia.

Por eso, a esta altura sólo un ingenuo patológico podría creer que los mismos que han buscado tenazmente su refundación con un sesgo casi espiritual en la lógica del "enemigo", hoy estén dispuestos a dotar realmente a la policía de las herramientas necesarias para fortalecer la legítima represión estatal frente al delito.

Mientras no despierten los proyectos de ley en el Congreso que robustecen y protegen la actuación de Carabineros, en tanto no haya apoyo real por parte de las demás instituciones que, como la Fiscalía, participan de la persecución penal, mientras los carabineros realmente no palpen que de verdad existe respaldo político a su actuación, el elástico seguirá estirándose en beneficio de la criminalidad y la violencia. Eso, si es que ya no se rompió.

Marcos Emilfork, ex fiscal

regional de Los Lagos