Como bien se sabe, los abogados somos las personas que en la carrera y durante el ejercicio profesional, entre otras cosas, estudiamos las leyes, normas, decretos, reglamentos, y sobre todo la Constitución, para su posterior aplicación mediante la respectiva interpretación, en las distintas áreas, campos y especialidades del derecho.
Subrayo y ennegrezco el concepto de estudiamos, pues cada norma que se dicta está inspirada en principios y fundamentos. Por cierto, nada es producto del azar, arbitrio o capricho y el estudio nos permite entender cuál es la razón o fundamento en la dictación de la misma.
Como de igual forma es sabido, el proceso constituyente anterior fracasó y la verdad sea dicha la razón de ello fue que las personas abocadas a la propuesta de nueva Constitución eran en su inmensa mayoría personas legas en el área del derecho y sus correspondientes principios y fundamentos; y en cambio primaron los intereses propios, muchos de ellos vertidos en caprichos, deseos y convicciones personales, depreciando y obviando de manera irresponsable el propósito de la sociedad que los mandató al ser electos en normas que sean aceptadas por la mayoría como sensatas y razonables, sustentadas en principios, experiencias ya conocidas y que han demostrado un funcionamiento correcto de las instituciones, con reglas claras, controles y sanciones en su caso.
Dado que aparentemente, y así lo han interpretado los legisladores electos por nosotros, es el anhelo de la gran mayoría de la sociedad que se dicte una nueva Constitución, soy un convencido que el sistema propuesto en esta ocasión es infinitamente más adecuado que el anterior, ya que considera personas que en su gran mayoría son expertos, y respecto de otros, a lo menos entendidos en lo que significa el estudio de principios y fundamentos del derecho, ciencias políticas, filosofía entre otras áreas atingentes, que han de servir como sustento para las normas que se nos propongan a la sociedad.
Rubén González, vicepresidente del Colegio de Abogados de Osorno