Un amplio respaldo logró la reforma constitucional que busca permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente y que hace unos días fue revisada en sala por el Senado, cumpliendo un nuevo paso en su avance legislativo.

Los integrantes de la Cámara Alta aprobaron la iniciativa con 46 votos a favor y uno en contra el pasado miércoles, quedando en condiciones de pasar a cumplir su segundo trámite constitucional. Durante el debate de esta iniciativa hubo coincidencia de los senadores en la importancia de permitir que el Presidente de la República tenga esta herramienta constitucional que permite disponer del uso de las FF.AA. en la protección de la infraestructura crítica y de zonas fronterizas específicas, por un período de tiempo que puede llegar a los 90 días, prorrogable con acuerdo del Congreso.

La iniciativa tiene como base la definición de lo que se entenderá por infraestructura crítica, señalando que "comprende el conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medioambiente o a la seguridad del país".

La iniciativa tuvo su origen en mociones de dos senadores de La Araucanía: Carmen Gloria Aravena y Jaime Quintana. Su tramitación comenzó a mediados del año pasado, en medio del debate por las continuas prórrogas del Estado de Excepción en la Región de La Araucanía.

Actualmente, la medida constitucional continúa vigente y, según lo señalado por las autoridades locales, se trata de una herramienta que es calificada de necesaria para disminuir los hechos de violencia y los delitos que han afectado la sensación de seguridad de esos territorios. Pese a ello, la extensión de una medida que debe ser transitoria y que según su definición solo se aplica a periodos excepcionales podría ser reemplazada dentro de poco por esta nueva opción, cuyo respaldo parlamentario está demostrando ser mayoritario.

Surgen variadas consultas entorno a cómo se liquidan los bienes, que por cualquier motivo, están en comunidad. Así por ejemplo, en un matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal se adquieren distintos bienes, cuando éstos ingresan a título oneroso, es decir, cuando ha mediado un pago, entre los cónyuges se forma una comunidad de bienes.

Otra situación la podemos ver cuando dos o más personas, deciden en conjunto comprar o adquirir un bien, ya sea mueble, inmueble, corporal o incorporal. También observamos la comunidad de bienes provenientes de una herencia, fallece el titular de los bienes y quedan herederos, por ejemplo una cónyuge y tres hijos, entre ellos se formará una comunidad de bienes.

Transcurrido un tiempo de estar en comunidad, surge el deseo en uno de los comuneros de no permanecer más en la indivisión, tiene lugar la pregunta, ¿cómo salgo de la comunidad, sin perder mi parte, mis derechos o acciones que tengo en ella?

Hay algunas opciones para ello: la primera es que de mutuo acuerdo se venda el bien, derechos o acciones y luego con el producto de la venta se reparta a prorrata de sus derechos en los bienes adquiridos.

La segunda puede darse en el siguiente escenario: uno de los comuneros se niega a vender y se requiere de su consentimiento. Para vender el bien completo, pensemos en una casa, se requiere el consentimiento de todos los dueños o comuneros. Podemos decir, que en esta situación la solución es posible, pero onerosa, pues indefectiblemente se deberá recurrir a un tercero imparcial.

Este tercero imparcial es un juez árbitro. Luego de un proceso judicial breve, el juez designará a un abogado, uno de los que figuren en la nómina de jueces árbitros de la Corte de Apelaciones respectiva.

Este juez árbitro será el encargado de velar para que cada uno de los comuneros, en los bienes que mantienen en comunidad, sea debidamente liquidado y con el producto de una venta voluntaria o forzosa en pública subasta, obtengan lo correspondiente a sus derechos o partes. Ahora, en el caso, que sea un bien que admita cómoda división, pensemos en un predio o en un fundo, el juez podría lotear y luego, previo el procedimiento de rigor, designar lotes para cada comunero.

Este es un procedimiento pagado por las partes. Así, siempre el mejor escenario será que los comuneros actúen de mutuo acuerdo.

Juan Gutiérrez, director del Colegio de Abogados de Osorno