El 9 de diciembre fue el Día Internacional contra la Corrupción y este año tiene un sello especial, por el llamado de las Naciones Unidas a conmemorar los 20 años de la Convención que firmaron sus estados miembros, comprometiéndose a combatir este flagelo que socava las instituciones, amenaza las democracias y está en la base de la mayoría de los conflictos sociales en todo el mundo.

Chile suscribió ese acuerdo vigente desde 2005 y creó la Alianza Anticorrupción, que reúne a 28 organismos públicos, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil, encabezada por la Contraloría General de la República. Se somete también cada año a la medición del Índice de Percepción de la Corrupción, realizado por Transparencia Internacional, que en su última edición de 2021 advirtió un estancamiento general en la materia. Nuestro país logra en ese ranking 67 de 100 puntos, sin variaciones desde 2019. Buen resultado si se compara con Perú (36), Argentina (38) y Bolivia (30); pero bajo naciones como Uruguay (73) y lejos de Finlandia (88).

Pese a ese buen resultado, todos los actores sociales señalan la importancia de mantener alertas frente a temáticas como el crimen organizado y el ejercicio abusivo del poder. Ya desde 2019 las encuestas ubican a la corrupción entre las preocupaciones comunitarias. Por lo mismo cobra especial importancia reforzar la educación ciudadana.

En ese sentido es muy importante el aporte que realizó un grupo de profesores de lazona sur al crear la Guía Didáctica en Educación Ciudadana, publicada con apoyo de la Universidad Austral y el Consejo para la Transparencia (editado por Braulio Vásquez Espinoza y Marcelo Arancibia Herrera), que generó material para abordar estas temáticas en diversos contextos educativos, con tres módulos descargables: "Desafíos de la formación ciudadana en el sur de Chile: territorio, interculturalidad y ruralidad"; "Educación ciudadana, transparencia y prevención de la corrupción" y "Educación ciudadana con lentes violeta: inclusión y diversidad en el contexto escolar".

Esta iniciativa se encuentra a disposición de docentes a nivel local y nacional, aportando en fomentar una real "cultura de la probidad y la transparencia" en todos los niveles; esto es orientando las acciones correctas y también fomentando el control social.

Amediados de noviembre, representantes del Ministerio de Agricultura expusieron ante la Comisión de Agricultura del Senado los "resultados" del Censo Nacional Agropecuario y Forestal aplicado en 2021, luego de 14 años sin disponer de una actualización de los datos sectoriales, cuyo último relevamiento censal corresponde a 2007.

Bajo los conceptos de porcentajes relevantes de "no logro" y "no cobertura" en el proceso de recolección de datos, el resumen de la información entregada es que en la práctica los resultados obtenidos no sirven. Al menos, así como están planteados hoy. Así, al menos, han sugerido una serie de profesionales y expertos que han manifestado la necesidad urgente de que tanto el Minagri como el INE analicen cómo rescatar esta iniciativa que costó $18 mil millones.

A modo de ejemplo, se estima que no fueron encuestadas 5,2 millones de hectáreas de uso agrícola y forestal, que corresponden casi al 9% de la superficie total nacional.

Todo indica que la tarea no será fácil ni rápida, por lo que seguramente habrá que seguir esperando por una actualización certera y técnicamente válida para un censo que resulta fundamental a la hora de definir políticas públicas en torno a la agricultura y la ruralidad.

Llama la atención que, teniendo falencias tan importantes, los responsables de este último censo se hayan atrevido a publicar resultados a todas luces deficientes (o al menos insuficientes) y que, como señalan expertos, no dan cuenta de la verdadera realidad sectorial vigente.

A modo de ejemplo, en nuestro sector lácteo la radiografía productiva ha variado drásticamente desde el último censo agrícola de 2007, pero la ausencia de una actualización adecuada hace que ni siquiera sepamos cuántos productores de leche existen en la actualidad, como tampoco tengamos certeza de la cantidad de vacas lecheras que sustentan los casi 2500 millones de litros anuales de producción.

En el caso de la cantidad de empresarios dedicados a la producción primaria de leche, los números varían entre 4.500 y 6.000, dependiendo de la fuente. Sin embrago, datos recabados por el Consorcio Lechero, a partir de la información proporcionada por 14 empresas procesadoras que recepcionan el 92% de la leche nacional, apenas dan cuenta de poco más de 2 mil proveedores.

La gravedad del episodio requiere determinar las responsabilidades; conocer a la brevedad la solución y los necesarios datos del Chile agrícola que seguimos esperando.

Paulina Carrasco Gorman

Presidenta Aproval Leche A.G.