(viene de la página anterior)
lanzamos la iniciativa de mujeres para la Alta Dirección Pública (ADP). Solo el 23 por ciento de las postulaciones al sistema de ADP son mujeres. Y solo con pequeños gestos de comunicación en estos meses hemos aumentado en un 60% las postulaciones. Creo que hay ganas en todo el Estado de incorporar a las mujeres y de aumentar sus capacidades de atender a las mujeres en sus necesidades específicas. Y nosotras lo que estamos aportando a ayudar a inculcarles el cómo.
-¿Estos comentarios se los hacen solo opositores o también oficialistas?
-De todo... Pero yo despersonalizo esto. Es parte de un proceso que es novedoso.
-¿Y es sólo una mirada generacional?
-En absoluto. Hay quien cree legítimamente que debe haber otro Ministerio en el Comité Político porque es más importante esa visión que la de las mujeres. Y esa es una diferencia política, no es personal. No es contra mí.
-¿El Ministerio e la Mujer debiera estar siempre en el Comité Político o sólo mientras se instala la igualdad de género como la normalidad?
-Yo creo que mal haríamos si hiciéramos depender los avances de las mujeres de la presencia de un ministerio en un espacio que ni siquiera existe legalmente. Nuestro objetivo, y lo hemos visibilizado a través de la presencia en el Comité Político, es lograr compromisos con los actores de cómo sus políticas van a mejorar la vida diaria de las mujeres. Y eso que quede asentado en los objetivos, en los indicadores, que se puedan medir y que uno pueda decir que se cumplió. Y ese el objetivo que tenemos expresando en la transversalización del enfoque de género.
-¿Y no le ha pasado que al mismo Comité Político le ha tenido que recordar la mirada de género?
-El ministro Marcel me agarra para el leseo y me dice que mi pregunta típica es cómo afecta esto a las mujeres, como si fuera cómo afecta esto a Boca, como el meme. Pero efectivamente siempre está la mirada porque tiene que estar en los lineamientos políticos independientemente de que esté yo o no.
-¿Siente que el gobierno ha avanzado en esta mirada?
-A mí me gustaría hablar de avances cuando veamos los resultados. Los avances no son discursivos y llegar a las beneficiarias finales que son las mujeres, es el objetivo.
-Se le atribuye poder hasta para vetar el nombre de un candidato a fiscal nacional. ¿Es así?
-En primer lugar, trato de no darles espacio a cosas que son netamente rumores. Lo segundo, hemos dicho muchas veces que para nosotras como ministerio lo prioritario respecto a la Fiscalía Nacional no es el nombre, sino que lo que se plantea hacer respecto de la violencia contra las mujeres. Porque de todas las causas de maltrato en contexto de violencia intrafamiliar, que es uno de los delitos más denunciados del país, 6 mil llegan a un juicio y de esos solo el 4 por ciento tiene sentencia condenatoria... Esa es la clave. Esa es la pregunta que estamos haciendo y la que nos interesa.
-Y en el caso de Ángel Valencia, que haya defendido en un juicio por presunto abuso a una persona, ¿le parece que es suficiente como para que no sea fiscal nacional?
-Yo no me he referido en ningún caso a ninguno de los candidatos en particular. Me interesa la pregunta respecto de la eficacia en la lucha de la violencia contra las mujeres.
-¿Y alguno de los cinco candidatos está alineado con eso?
-Lamentablemente, la discusión está enfocada en quién apoya a quién en el Senado y no en qué están proponiendo los candidatos de la fiscalía en cuanto al problema de base que afecta al chileno que es la seguridad. Ellos tienen un rol fundamental.
-¿Y ustedes le pidieron a los candidatos su posición al respecto?
-No hemos tenido ninguna conversación oficial como ministerio. Lo que hemos visto fueron las presentaciones que hicieron en la audiencia pública de la Corte Suprema y ahí lamentablemente no estuvo el tema. En ninguno. La discusión se ha centrado más en los apoyos que en los contenidos.
-Ministra, con la aplicación del Registro de Deudores de Pensiones, ¿no han evaluado que eventualmente crezca la violencia contra las mujeres?
-La experiencia que tuvimos con el 10 por ciento , con la retención es que aumentaron los delitos de amenaza por lo tanto lo que estamos haciendo es parando mejor las orejas como Estado porque ya tenemos esa experiencia. Lo hemos conversado con la ministra Chevesich, que es la ministra encargada para este tema de la Corte Suprema. Una de las cosas que incluye la ley es la violencia económica como supuesto de violencia intrafamiliar. Entonces, además del delito de amenazas el no pago puede también puede denunciarse. Son dos cosas concretas que hemos visto que efectivamente un deudor ya ejerce violencia económica, y ahora lo estamos reconociendo y por lo tanto lo que estamos haciendo es preparándonos para responder bien, que ninguna mejor se cohíba de exigir el pago de la deuda de alimentos por miedo a que no se le vaya a acoger.
-Y que el sistema no reaccione tan lento...
-Es una de las cosas que hemos realizado con este trabajo articulado con el Ministerio del Interior en el que hemos propuesto que los delitos de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres pasen a ser delitos de alta connotación social, por lo tanto, que estén en el top de las intervenciones que tienen que hacer las policías.
-En la Reforma de Pensiones se propone que parte del 6% de cotización extra ayude a pagar pensiones a personas cuidadoras. Pero se asume compleja esa discusión porque la oposición quiere que vaya directo a las cuentas individuales. ¿Ese pago depende de que vaya a un fondo común?
-Yo creo que en el caso de las pensiones de las mujeres es donde más se muestra que una cosa es lo que yo piense ideológicamente y otra cosa es lo que se ha demostrado que funciona. Porque si hablamos de pensiones en las mujeres, solo la capitalización individual, hoy la pensión autofinanciada en las mujeres, sin pilar básico ni PGU, es de 32 mil pesos. Entonces, creo que la carga de la prueba de cómo mejorar las pensiones de las mujeres hoy, no en 30 años, está en que quienes se oponen al seguro social, no en nosotras que lo estamos proponiendo.
-Al menos en eso hay consenso ya, hay sentido de urgencia.
-Las pensiones de las mujeres es uno de los puntos en los que independientemente de lo que cada uno quiera pensar ideológicamente sobre cuál es el rol del Estado y cuál el de las empresas, hay un punto completo que respecto a las mujeres el sistema no ha funcionado. Por lo tanto, hay que cambiarlo.
-Ya pensando en el 2023, ¿cuáles son sus prioridades legislativas?. ¿Está el aborto?
-El próximo año ya tenemos planificado enviar el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidado. Esto porque el lunes lanzamos el Registro de Cuidadores, en que las personas que cuidan a otros con dependencia moderada o severa puedan inscribirse en un módulo especial del Registro Social de Hogares. Eso nos va a permitir a nosotros como Estado saber quiénes son los que están en esa situación y qué necesitan.
-¿Hay alguna estimación de cuántos son?
-El número base que lo tomamos de las encuestas de discapacidad y dependencia y los datos de salud son al menos 600 mil personas.
-Eso es mucha gente.
-Eso demuestra la magnitud del problema que hemos estado invisibilizando.
-¿Y el aborto?
-Respecto al aborto, no hemos avanzado porque estamos esperando también un proceso de diálogo, porque no hay acuerdo de cuál es la manera más correcta de seguir avanzando en Chile. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es fortaleciendo la aplicación del aborto en tres causales porque pese a que eso se aprobó en el Congreso en democracia, el gobierno anterior no realizó ningún esfuerzo por establecer una aplicación adecuada de esa ley.
Orellana propone que los delitos de violencia contra las mujeres sean de alta connotación.
"No me he referido en ningún caso a ninguno de los candidatos a Fiscal Nacional en particular. Me interesa la pregunta respecto de la eficacia en la lucha de la violencia contra las mujeres".