Incumplimiento de contratos y problemas de diseño causan paralización de obras en la zona
REGIÓN. La comisión investigadora del Consejo Regional concluyó que más del 60% de las faenas financiadas con el FNDR están detenidas o liquidadas por faltas contractuales de las firmas ejecutoras, así como proyectos obsoletos o desactualizados.
Luego de casi dos meses de trabajo investigativo y visitas a terreno, la comisión investigadora del Consejo Regional (Core) identificó las principales causas que durante los últimos años han originado la paralización o liquidación de más de 40 obras en la región, las que son financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
El diagnóstico detalla que más del 60 por ciento de las iniciativas llegaron a esta situación debido al incumplimiento de contrato por parte de las empresas ejecutantes y no directamente por efectos de la pandemia, debido a que la gran mayoría presentaba problemas desde antes de marzo del 2020. A eso se suma que desde la adjudicación del proyecto al inicio de los trabajos pasan demasiados meses, donde los diseños quedan obsoletos o desactualizados de la norma, lo que obliga a requerir aumento de recursos. Asimismo, muchas veces la propia empresa que se adjudica la obra no posee las competencias necesarias para ese tipo de trabajos adicionales específicos y que no fueron presentados al momento de la licitación.
A nivel regional hay 22 proyectos de gran envergadura involucrados, por un total de casi 30 mil millones de pesos, de los cuales ya han sido pagados cerca de $13 mil millones. En el caso de la provincia de Osorno está la construcción del alcantarillado de población Moyano, el mejoramiento de la pista atlética de la Villa Olímpica, la red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas del sector rural Pichil, la reposición de veredas en el sector centro, la reposición veredas en la población Ángulo y la reposición del liceo Carmela Carvajal. A eso se suman los proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril) que son aproximadamente 20 en toda la región, los que también presentan problemas en la ejecución de sus obras en distintos niveles.
La comisión investigadora del Consejo Regional está presidida por Francisco Reyes, consejero de la provincia de Osorno, y conformada por los consejeros de la provincia de Llanquihue Patricia Rada, Rodrigo Arismendi y Rodrigo Wainraihgt, quien además es presidente de la comisión de Infraestructura del Consejo Regional. A ellos se suman Alexis Casanova, Nelson Águila y Roberto Soto, presidentes de las comisiones provinciales de Osorno, Chiloé y Palena respectivamente.
Diagnóstico
Entre los resultados que serán presentados durante las próximas sesiones plenarias del Consejo Regional, también está la demora desde los municipios, que son los encargados de supervisar las obras como Unidades Técnicas, que demoran hasta 15 meses en entregar alertas formales de la paralización de las obras al Gobierno Regional, que actúa como unidad financiera.
Esto es de suma relevancia, considerando que la mayoría de los proyectos son impulsados por los gobiernos comunales, que se encargan de lograr las resoluciones satisfactorias (RS) en el Ministerio de Desarrollo Social, imprescindibles para acceder a financiamiento estatal.
"El trabajo desarrollado en esta comisión es muy acucioso y ha permitido encender las alertas también en los ministerios que pasan por el mismo problema de paralización de obras. Detectamos una falta de comunicación entre la empresa, el municipio y el Gobierno Regional, lo que evidentemente es un gran problema, porque cuando vienen a actuar la obra ya está en fase de conflicto o con la empresa en problemas. Finalmente, esto perjudica a la comunidad que espera por sus proyectos, a los trabajadores y al Estado, que tiene una fuga enorme de recursos por este tema", indicó Francisco Reyes.
El documento precisa que en el 22% de los casos la paralización se debe a insolvencia económica de las firmas contratistas; el 13% por liquidación y el 4,3% por factores externos. Entre las obras paralizadas o con problemas, 15 podrían ser retomadas durante 2022 producto de revaluaciones y nuevas licitaciones, mientras que el resto deberá esperar hasta el próximo año.
¨Por ello, es indispensable el seguimiento permanente, la priorización en materia presupuestaria, junto a una serie de medidas de tipo administrativa y un necesario reforzamiento de la comunicación entre las unidades ejecutoras municipales, empresas a cargo y el Gobierno Regional. Lo que ocurre con el Liceo Carmela Carvajal es el mejor ejemplo de tormenta perfecta con una empresa con problemas financieros, según lo ha manifestado la misma firma; una unidad técnica municipal que no fue la más prolija y un diseño desactualizado debido a las demoras burocráticas. Las municipalidades muchas veces ni saben que reciben diseños obsoletos y el Ministerio de Desarrollo Social está sobrecargado", explicó Reyes.
Rodrigo Arismendi, consejero por Llanquihue, enfatizó que también se realizarán propuestas para el mejoramiento a los convenios mandato y contrataciones que permitan disminuir al máximo las paralizaciones, además de análisis en materias legales, judiciales y legislativas.
"Tomará importancia la respuesta de parte de Contraloría sobre implementar el cargo de asistente de inspección de obra del Gobierno Regional, ya que nos ayudará a tener a un representante de los proyectos, que serán nuestros ojos dentro de cada obra en ejecución, para así tener una fiscalización real, que ponga en alerta cuando los proyectos se atrasen", comentó el core.
Eliana Catrilef, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, enfatizó en la necesidad de modificar las adjudicaciones a las distintas empresas, porque está permitiendo que muchas obras queden a medio camino.
"No son solo proyectos regionales, sino también ministeriales y todos impactan a los vecinos. Los recursos que se invierten para terminar proyectos son el doble o el triple de su valor original y 5 años después, cuando ya están pequeños para lo que requiere la comunidad. Todos estos proyectos son esperados por la gente y verlos convertidos en 'elefantes blancos' es como echar a la basura millones de pesos para nada", dijo.
Entre los proyectos financiados por los distintos ministerios con obras paralizadas o contratos liquidados por insolvencia de la empresa a cargo están el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Chuyaca, los hospitales de Puerto Octay y Río Negro, la ruta internacional 215, entre otros.
"Detectamos una falta de comunicación entre la empresa, el municipio y el Gobierno Regional, lo que evidentemente es un gran problema, porque cuando vienen a actuar la obra ya está en fase de conflicto o con la empresa en problemas".
Francisco Reyes consejero regional