Hay preocupación por los perros que vagan por las calles, muchos de ellos enfermos, invadidos por parásitos y en condiciones lamentables. Se trata de un problema que se ve en casi todas las ciudades.

Se estima que la mitad de esos animales que vagan por las calles tienen dueño, por lo tanto, están abandonados, lo que revela cuál es el origen del problema y la poca conciencia que tienen las personas acerca de la tenencia responsable de sus mascotas.

La Encuesta de Actitudes hacia el Medioambiente que previo a la pandemia realizó el Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, reveló un aumento en la preocupación de la ciudadanía por los perros abandonados. Los principales motivos de riesgo que ven son los ataques a las personas y la transmisión de enfermedades. Con el fin de hacer frente a ese problema, los municipios han desarrollado planes de esterilización de perros y gatos, lo que permite ir acotando el número de animales en las calles. Es imperativo evitar su proliferación mediante estos programas y la habilitación de caniles para los casos más urgentes. Pero sobre todo, resulta fundamental que la ciudadanía comprenda que debe hacerse responsable de sus mascotas.

Cuando en julio de 2017 se promulgó la ley Nº 21.020 de tenencia responsable de mascotas, conocida como "Ley Cholito", se pensó que sería la solución para el problema de los animales abandonados. La iniciativa estipuló que el dueño está obligado a su adecuada identificación e inscripción a través de una plataforma informática a cargo del Ministerio del Interior y se determinó que el propietario es responsable de su alimentación, manejo sanitario y cumplimiento de la norma, a la vez que responderá civilmente por los daños que pueda causar su mascota. Como la especie tiene una identificación de microchip, en los casos de extravío podrá ser devuelta a sus propietarios. También instruyó a los municipios que los animales que estén abandonadas y no tengan la identificación podrán entregarlos a las organizaciones que se preocupan de la tenencia responsable.

Anteriormente hemos visto que las constituciones son un esfuerzo humano por la justicia ya que ésta no se alcanza de forma natural, que su sentido es constituir la política (por eso se llaman así) y que operan como un límite al poder estatal ejercido arbitrariamente. Hasta ahora, hemos visto los mandatos de "no hacer" al Estado. Pero ¿qué pasa con aquellos derechos que demandan del Estado proactividad en lugar de abstención? ¿Cuál es su justificación? Pues bien, a los derechos sociales quiero dedicar estas líneas.

Lo que sucede, es que como las constituciones escritas nacieron en reacción a los poderes abusivos, sus redactores apuntaron a delimitar esferas de no interferencia estatal. Así, la "igualdad formal" se erigió como el gran criterio de justicia: da lo mismo la cuna, pues ante la ley, un rico y un pobre deben ser tratados por igual.

El tema, es que conforme las instituciones democráticas se consolidaron y las condiciones materiales mejoraron, esta "igualdad formal" comenzó a ser criticada porque la abstención era indiferente a personas y grupos sociales que no estaban en un auténtico pie de igualdad. Así, la participación en bienes sociales atendiendo a la situación jurídica en la que se encuentra cada sujeto individual o colectivo, dio origen a lo que conocemos como derechos sociales.

Si bien la justificación de ellos es aún controvertida, lo que permanece es que la culminación de un derecho social es la "igualdad sustantiva", la que no es ciega a las condiciones preexistentes y no elegidas por las personas, sino que las mira y considera. Así, origen étnico, orientación sexual, sexo y género, entre otros, son condiciones de la "sustancia" de las personas que el aparato estatal debe considerar y atender si aquello les perjudica en su acceso a los bienes sociales. Por eso, al proyecto constitucional le fue inevitable insistir hasta el cansancio en estos temas porque, de lo contrario, no sería la constitución de los derechos sociales.

Pero ¿qué perdemos y qué ganamos cuando el proyecto opta por una justicia que es todo menos ciega? ¿Hay otras igualdades que no se han mencionado y cuya omisión podría tener impacto en la implementación de la Nueva Constitución? Dejemos estos temas para la próxima columna.

Juan Carlos Claret, Colegio de abogados Osorno