El robo de madera es un problema severo en toda la zona sur. Los datos oficiales vinculan a estos delitos con el accionar de bandas de crimen organizado, narcotráfico y violencia rural; hechos que afectan severamente la seguridad y sustento diario de las comunidades. La sustracción de esta materia prima implica una cadena entre quienes cortan y extraen desde los predios forestales, los que transportan y otros que comercializan; sumados a un grupo -no menor- que adquiere, sin preguntar sobre el origen de lo que recibe. El proceso se facilita por escaso control, ninguna trazabilidad, disparidad de información entre distintos servicios encargados de fiscalizar y sanciones bajísimas o nulas a quienes infringen las normas.

Además, como ocurre con el abigeato, muchos afectados dicen que "se sabe" quiénes están detrás de cada acción ilícita; pero las denuncias no prosperan. Un poco por temor a represalias y, mucho, por desilusión ante la lentitud de las respuestas oficiales.

La descripción de los hechos y los diagnósticos están hechos. Ellos sirvieron de insumos para la Ley de Robo de Madera -que tipifica delito, establece penas más duras y sienta bases para labor coordinada- aprobada en la Cámara de Diputados el año pasado, pero que espera hace más de seis meses su turno en el Senado. Mientras, los hechos continúan y datos de Corma (Corporación de la Madera) informan que sus asociados entre Bío Bío y Los Lagos han debido enfrentar pérdidas superiores a los siete millones de dólares por esta causa.

Desde Los Ríos, Pymemad (Asociación gremial de pequeños y medianos industriales de la madera) ha alzado la voz y pidió a los parlamentarios regionales que contribuyan al avance de la ley. También a las autoridades para que se activen mesas en las cuales participen las forestales de mayor envergadura, considerando su peso sobre el mercado.

El dirigente Patricio Escalona expuso la inquietud de su sector ante una realidad cada vez más compleja y frecuente en esta zona; lo cual interpretan como una peligrosa señal del avance de escenarios como lo que hoy se lamentan en La Araucanía. Escuchar esas voces y reaccionar a tiempo es, entonces, prioritario.

En junio de 2018 se derrumbó el puente Cancura, hecho que significó la muerte de un joven osornino y perjudicó a quienes desarrollan su vida entre Osorno y Puerto Octay. Siete meses tomó la habilitación del puente mecano, período en que se vieron afectados los tiempos de viaje, la disponibilidad de locomoción colectiva y por supuesto el turismo en la zona.

Desde el accidente han transcurrido 4 años, en este tiempo se realizaron los estudios necesarios para poder proceder a la licitación y posterior construcción de un nuevo puente definitivo en el sector.

En las últimas semanas han sido varios los trascendidos en torno a esto. Primero el seremi de Obras Públicas de la región indicó que la licitación estaba programada para este año, luego se señaló que quedaría para el año 2023. Sin perjuicio de la importancia que tiene contar con un puente definitivo, llama la atención que las decisiones se continúen tomando en Santiago, y tengan que venir desde allá aclaraciones respecto de los plazos y tiempos en que finalmente se ejecutaría la obra.

Cuando el Presidente Boric era aún candidato se comprometía a distribuir el poder del Estado de forma igualitaria a nivel territorial, además de disminuir la asimetría entre la RM y las demás regiones, incorporando la participación territorial en la toma de decisiones, con especial atención a su financiamiento, diseño y acceso para hacerla efectiva.

Sin embargo, basta mirar lo ocurrido con el puente Cancura para darse cuenta que el centralismo sigue tan presente como siempre. Lo anterior debe ser un recordatorio de que las promesas se las lleva el viento y por muy bien que suene una frase, o por atractivas que sean las ofertas, lo concreto es que nada de eso necesariamente cambia la realidad.

Pero cuidado, que no todo lo que brilla es oro, y el excesivo centralismo no sólo puede darse desde la capital nacional hacia las regiones, sino también dentro de las mismas regiones, donde también existe inacción respecto de urgencias de la ciudadanía.

Lo que Chile realmente requiere para dejar de lado esto no son promesas ni cambios legales, sino un cambio cultural, donde las pretensiones de quienes detenten el poder no hagan que finalmente terminen tomando decisiones sin conocer las necesidades y desoyendo a los habitantes realmente afectados que requieren de soluciones.

Harry Jürgensen Rundshagen, diputado distrito 25