El robo de vehículos es uno de los delitos que más ha aumentado en la última década en el país, tal vez por el gran crecimiento del parque automotor, porque las bandas los usan para cometer otros ilícitos o porque las sanciones no han sido suficientes. Algunos de estos delitos ocurren por la acción conocida como "portonazo", que se ha acentuado, se ha hecho más violenta, incluso ha dejado víctimas fatales y ha puesto en riesgo la seguridad de adultos y niños.

De acuerdo con cifras de Carabineros, el año 2021 se registraron 5.103 delitos violentos vinculados a automóviles. En ese período ocurrieron en el país 2.863 encerronas y 2.240 portonazos. Hace unos días, la Asociación de Aseguradoras de Chile ha dado a conocer el fuerte aumento que ha tenido este tipo de robos. Entre enero y febrero han sido sustraídos 2.414 automóviles, solo considerando aquellos que están asegurados. En iguales meses del año pasado se reportaron 1.700 casos.

No obstante, se sabe que los robos no violentos son muchos más, porque los autores vulneran las cerraduras de los automóviles, no para llevárselos, sino para sustraer especies fácilmente transables en el comercio ilegal, como vestuario, celulares, notebook, rueda de repuesto, radio o herramientas. Las bandas incluso asignan tareas a sus integrantes.

La policía ha recomendado prevención a los conductores, considerando que algunos no cuentan con elementos de seguridad, que son dejados en lugares oscuros, a veces con las puertas sin seguro y con especies a la vista en el interior, lo que es un incentivo para los ladrones. La mayoría de estos vehículos con encargo por robo son comercializados a través de redes sociales, ferias de las pulgas de cada comuna, y otras plataformas de venta en línea.

Por último, entre las recomendaciones ante este escenario se encuentran el evitar estacionar los vehículos en zonas poco transitadas, oscuras o sin vigilancia; y en la medida que se pueda preferir los estacionamientos pagados o cercanos al lugar donde estará el conductor.

La envergadura del gasto público con la que el Estado hizo frente durante 2020 y 2021 a la pandemia por covid-19 tiene y tendrá consecuencias duraderas. Entrega de canastas de alimentos, campañas de testeo y vacunación, programas de obras públicas y sobre todo las transferencias directas como el IFE, implicaron que el gobierno del Presidente Boric deberá convivir con una billetera fiscal escuálida que difícilmente podrá revertirse con crecimiento económico, que se augura cercano a niveles recesivos.

Más bien, la convencional receta que mezcla mayor deuda pública con mayor carga impositiva ya asoma como la alternativa predilecta de la autoridad para financiar las transformaciones profundas del programa ganador de Apruebo Dignidad. Sin embargo, desde el 2015 nuestro país ya ha abundado en ambos ámbitos, y no es descabellado pronosticar que el efecto real que tendrán es perjudicar aún más la recaudación.

Existe otra vía para financiar las muy onerosas transformaciones profundas que se han comprometido.

El año 2020, la Comisión Nacional de Productividad (CNP) publicó un exhaustivo estudio de la productividad en el rubro de la construcción, particularmente en el sector de las obras públicas. Dentro de los 130 hallazgos y 73 recomendaciones que la CNP propuso para elevar la productividad, el marco regulatorio, es decir la burocracia pública, sobresale por su reiterativa mención.

Los permisos administrativos expedidos por organismos tan diversos como el Servicio de Evaluación Ambiental, las Direcciones de Obras Municipales, Secretaría de Transportes, Dirección de Vialidad, Serviu regionales, Dirección General de Aguas y hasta el Consejo Nacional de Monumentos, entre varios otros, son protagonistas centrales en que los proyectos sufran retrasos en sus inicios, sus desarrollos, o incluso en sus cierres.

En cualquier caso, la CNP señala en su estudio que entre 5 y 13 miles de millones de dólares estarían perdiéndose todos los años en términos de actividad económica por falta de productividad en la construcción: hasta 6 puntos del PIB nacional.

Sin considerar el impulso a la inversión que significaría, desenmarañar la burocracia pública que tiene subpotenciada a la construcción podría ser la vía más eficaz de financiar las transformaciones profundas.

Ignacio Ávila, presidente Comité de Vivienda CChC Osorno