Naciones indígenas y falsedad
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de Constitución es el de otorgar derechos y autonomías territoriales, políticas y judiciales a las naciones indígenas que cohabitan en Chile.
Este concepto es una falacia, pues parte de una supuesta verdad histórica que no existió, de que los pueblos originarios constituían naciones al momento del arribo de los conquistadores españoles. Para darse cuenta, hay que conocer qué significa nación y qué actitud han adoptado hoy las comunidades radicales: según la Real Academia Española, una nación es el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. O también el conjunto de personas de un mismo origen, que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común.
Sin embargo, leyendo la historia, al llegar los españoles, el territorio (en este caso hablaré de los mapuches) estaba disperso en numerosos cacicados. Es decir, cada cacique y sus descendientes ocupaban una porción de territorio, variable según su capacidad y disposición de fuerza. Dentro de dicho cacicado regía la voluntad autárquica del cacique, quien a lo más se aconsejaba cuando quería de sus ancianos o sabios.
Cada cual tenía sus variantes costumbres, tradiciones, estaban en relaciones pacíficas o de guerra con sus vecinos caciques. Eran micro "reinos". No tenían unión, sino que eran independientes cada cual. Solamente, y por excepción, se unían en caso de invasión externa y para darle oposición en guerra. Ocurrió con los incas y con los españoles. En suma, no tenían conciencia de nación.
Hoy día es claro que eso subsiste: las comunidades radicales se declaran "autónomas", es decir, sin respeto a las demás ni al Estado y capaces de decidir y cumplir al antojo de sus líderes, quienes obran como tiranos. Así es Temucuicui y otras.
La realidad es que los chilenos con ascendencia mapuche o de cualquier etnia, son chilenos, están completamente integrados a nuestra patria, al igual que los descendientes de todas las etnias americanas y europeas que conviven acá, en igualdad de dignidad, deberes, derechos y oportunidades.
Sus tradiciones, cultura, idioma y conocimientos son valiosos y deben cuidarse, pero pretender crear naciones por voluntad de un papel, es fuente de divisionismo, separatismo y no llevará ninguna mejoría, sino al revés: los radicales tendrán más argumentos para seguir en crear su "micro reino o cacicado del delito", causando daños a los compatriotas que viven y trabajan en La Araucanía y sumir a dicha región en más confusión, pobreza e inseguridad.
George Tomas Doettingen
Calidad de vida y jornada laboral
Según el estudio Ipsos Felicidad Mundial 2022, nuestro país es uno de los menos felices del mundo. ¿Cómo la jornada laboral puede influir en ello?.
Lo cierto es que Chile es de los países con más horas de trabajo de la OCDE y, coincidentemente, con mayores índices de enfermedades relativas a salud mental. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los horarios largos o que no permiten tener vida social son, entre otros, un factor de riesgo sicosocial y estrés. Existiría así una estrecha conexión entre la jornada de trabajo y el bienestar personal.
En ese contexto, en la actualidad existe un proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, presentado el año 2017 y pendiente en el segundo trámite constitucional en el Senado (boletín11179-13), el que contempla una reducción progresiva en que los empleadores tendrán plazo de hasta 5 años para ajustar la jornada laboral, que por cierto, no podrá representar una disminución de las remuneraciones.
El proyecto ha abierto nuevamente la discusión sobre la productividad, la economía, el desarrollo y la calidad de vida de quienes laboran, teniendo aún detractores y promotores. Por ello, el 30 de marzo pasado la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, anunció la creación de una mesa técnica de representantes de trabajadores, empresas y Mipymes, para ver una posible implementación.
La propuesta de 40 horas semanales se enmarca en las recomendaciones de la OIT que ya en 1935 adoptaba el Convenio Número 47. Si bien Chile nunca lo ratificó, el documento internacional hace el llamado a ajustar la jornada de trabajo.
A su vez, el tiempo de trabajo está considerado en la Agenda 2030 de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 8), que busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, así como el trabajo decente.
El centro del debate es buscar un equilibrio entre economía y calidad de vida, entendiendo que el crecimiento económico debe traducirse en mayor bienestar para las personas.
El Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, plantea que el desarrollo debe entenderse, más allá de los números, como un proceso de expansión de las libertades que disfrutan las personas dentro del Estado. La libertad es comprendida en términos positivos, es decir, incluye las libertades políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad social, por lo tanto, en estos términos, es considerada un fin del desarrollo de los Estados.
La relación entre desarrollo, productividad, felicidad y calidad de vida tienen, sin duda, un punto de encuentro en la jornada laboral. De acuerdo con lo que indica Sen, la búsqueda del progreso debe ocuparse de mejorar la vida que llevamos, a esto podríamos agregar, de la mayor felicidad que como sociedad alcancemos.
Priscilla Brevis, académica Derecho Universidad de Las Américas
Ola delictual en Chile
Hoy, en nuestro bello país, el flagelo de la delincuencia nos golpea y muy fuerte. Sin ir más lejos, en Llanquihue, mi bella ciudad de la Región de Los Lagos, y en el ámbito que es mi actividad, hemos sido asaltados y hurtado en diferentes locales comerciales. Es una ola delictual que afecta a todos por igual.
Las medidas adoptadas por el gobierno central y manifestadas por la ministra del Interior (Izkia Siches) van por buen camino; ayer llamaba en forma despectiva "pacos", hoy los llama carabineros. Es un pequeño avance, pero no sirve para detener esta ola delictual.
La medida de 700 carabineros a la calle no es suficiente, ¿sabrán en el Gobierno que Chile se divide en 346 comunas y hay 345 municipios? ¿Esos carabineros estarán en las grandes urbes y las pequeñas?, ¿qué pasará con nosotros?.
Necesitamos seguridad para vivir y trabajar. Esto es deber del Estado garantizarlo, para que no ocurra lo que pasó en Santiago el 1 de mayo, donde trabajadores tuvieron que enfrentarse a delincuentes que querían saquear sus locales comerciales.
Feliciano Díaz Lemus
