Denuncias por acoso sexual, abuso y hasta estupro en liceos de distintos lugares del país, especialmente colegios emblemáticos de Santiago, han llenado los titulares de los medios nacionales en los días recientes.

Frente a estas situaciones hay dos puntos a considerar: la visibilización de realidades que antes se ocultaban y el rechazo transversal a ellas. Ambas tienen un componente positivo, pues hablan de mayor conciencia, primer paso para resolver conflictos.

Así visto -y aunque cuesta reconocer hechos dolorosos- es bueno que los y las jóvenes se manifiesten, que exijan seguridad, que no naturalicen la violencia en general, ni la violencia de género, que son formas extremas de bullying, cuyas consecuencias pueden ser graves. Para entenderlo, basta recordar la situación vivida por la adolescente Katty Winter en 2018, quien llegó a quitarse la vida luego de acoso y extorsión (física y en redes sociales) de alumnos de cursos superiores en un colegio particular santiaguino.

Tras ese hecho los padres de la joven crearon una Fundación y se dedicaron a generar conciencia sobre la importancia de denunciar, realizar investigaciones y también conocer la raíz de estas situaciones. Por qué suceden. Desde el Ministerio de Educación, por su parte, ya en 2011 surgieron protocolos especiales para abordar la temática y hay reglas legales que cada colegio debe cumplir. Sin embargo, parece que todavía falta mucho por avanzar, sobre todo en educación sexual y en ruptura de patrones culturales relacionados con el entendimiento del poder. De acuerdo a datos de Bullying sin Fronteras, entre 2020 y 2021 las denuncias subieron 40% en Chile, a pesar de la virtualidad. Se estima que cuatro de cada 10 estudiantes alguna vez ha experimentado distintos tipos de abuso en sus años escolares.

Desde esa perspectiva, la inmediata activación de intervenciones es una muy adecuada reacción de parte de la municipalidad como sostenedora del establecimiento. Desde lo ocurrido ahí sería positivo también revisar protocolos en toda la región para acoger a víctimas y sus comunidades.

La Ley General de Urbanismo y Construcciones define por Planificación Urbana "el proceso que se efectúa para orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en función de una política nacional, regional y comunal de desarrollo socio-económico. Los objetivos y metas que dicha política nacional establezca para el desarrollo urbano serán incorporados en la planificación urbana en sus cuatro niveles de acción, correspondientes a cuatro tipos de áreas: nacional, regional, intercomunal y comunal. Cada instrumento de planificación urbana tendrá un ámbito de competencia propio en atención al área geográfica que abarca y a las materias que puede regular, en el cual prevalecerá sobre los demás".

Las ciudades financian su desarrollo a través de una combinación de recursos propios, transferencias intergubernamentales y recursos externos. El financiamiento del desarrollo urbano no se trata solamente del desafío de suplir la falta de infraestructura y servicios, sino también de contribuir en forma significativa a la reducción de desigualdades e inequidad dentro de las mismas ciudades, entre ellas, y sus territorios.

Como toda economía, la urbana trata de la interdependencia entre producción y consumo, en este caso dentro del ámbito de una ciudad o aglomeración urbana determinada.

Los empresarios y las familias se localizan en donde pueden ganar más de lo que ganarían en otra parte. A su vez, los empresarios proporcionan bienes y servicios a las familias mediante el proceso de producción, y ganan proveyéndoles de las cosas que la gente quiere. Las empresas juntan los recursos de la forma más eficiente posible, de manera que los beneficios sean máximos; un aspecto de la eficiencia en la producción de bienes y servicios es la localización de las industrias y servicios. Algunas localizaciones proporcionan mayores beneficios que otras. Las empresas y las personas no se localizarán donde los costes sean menores o los ingresos mayores, pero sí donde las diferencias positivas de ambos sean más grandes.

Las estrategias de desarrollo de la economía urbana deben contemplar como motor el desarrollo económico a nivel local, en el caso de nuestro Osorno, la agricultura en todas sus derivadas, junto con adecuadas formas de sustento y acceso equitativo al trabajo para la población, tanto en el sector formal como en el informal tan presente en este periodo post pandémico.

Andrés Angulo, arquitecto presidente CChC Osorno