La Convención Constitucional sigue avanzando en planes para cambiar la forma de administración del país. Y una de esas modificaciones debe hacerse en las municipalidades, que tienen la misión de relacionar las políticas públicas con la comunidad. Pruebas irrefutables de esas misiones se dieron tras el llamado "estallido social", cuando fueron las primeras en promover la realización de acuerdos y, luego, con el manejo de la pandemia, a través de la cual asumieron la "primera línea" de la atención de adultos mayores en cuarentena, escolares en clases telemáticas, salud primaria reconvertida a testeo y trazabilidad, entre otras.

Ahora, las 345 comunas chilenas están expectantes respecto del futuro. Su meta es avanzar hacia convertirse en verdaderos gobiernos locales, con más atribuciones, menos centralización y mayores atribuciones en áreas sensibles de la vida comunitaria, como la vivienda, organización territorial y seguridad. Junto con ello, se espera un fomento efectivo a la participación ciudadana en los territorios.

Todo ello ya estaba presente en el documento "Propuestas para un Chile Mejor", elaborado en 2013 desde la sociedad civil (Grupo RES Pública) y en el cual se hablaba de crear una nueva institucionalidad para los barrios, con capacidad real de

coordinación y de ejecución de proyectos. En una palabra, descentralización.

En agosto pasado, la Asociación de Municipalidades se reunió con la entonces presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, a quien se le planteó la urgencia de reforzar los cambios. "Esperamos que los municipios dejen de ser administradores y pasar a verdaderos gobiernos locales, con atribuciones y financiamiento", indicaron entonces los jefes comunales.

Entre los desafíos que viene está la desmunicipalización de la educación y sobre la cual hay muchas dudas: Daem, infraestructura, contratación docente y pertinencia cultural de la enseñanza. La discusión constitucional de estas materias recién se inicia. Y estos temas se cuentan entre los cruciales para el futuro local y nacional.

Con mucha atención estamos expectantes esperando los resultados de las primeras votaciones de los informes y artículos de las comisiones que conforman la convención constituyente y, en específico hemos conocido la de Sistema de Justicia y Formas de Estado, donde ya se han resuelto algunas indicaciones, siendo uno de los más decidores declarando que Chile es un Estado Regional, Plurinacional e Intercultural, dejando de ser una República Unitaria, además de reemplazar al Poder judicial por un Sistema Nacional de Justicia, siendo parte del Estado y no un poder independiente. Se regirá con los principios de paridad e igualdad de género, rompiendo evidentemente con la regla de separación de poderes del Estado. Además, nos enfrentamos a tener una justicia paralela, en base a un derecho y reglas que no existen y que tendrán que construirlas en base a cultura y costumbres, sobre todo de los pueblos originarios (sistema paralelo). Esto ha generado más dudas y certezas, debido a que la ciudadanía espera justicia social, democracia y transversalidad en los acuerdos que se tomen en esta convención. Si no se logran con la afinidad de cada uno de los sectores y los intereses políticos, no cobran legitimidad, y seguirá creciendo con fuerza el concepto de la refundación de nuestra Patria, destruyendo muchos elementos que han sido parte de la cultura nacional. Ello es preocupante y deja abierta la puerta para optar por el rechazo en el plebiscito de salida. Esta percepción no es menor, debido a la baja popularidad de la convención y a la decepción de muchos respecto a la forma en que se está llevando a cabo la construcción de la nueva Carta Magna. Ya sin fe, es indispensable reabrir los acuerdos y comenzar a declarar nuestro descontento con cada una de las ideas que se están plasmando en la convención.

Ahora, si pasamos de la Constitución a (Barrio) Yungay, la Convención tendrá como primer damnificado al gobierno de Boric. Ya han escrito autores como Genaro Arriagada que "la excesiva división y desmembramiento del poder con una nula preocupación por su efecto en la coherencia del gobierno, pueden llevar a un sistema político paralizado en sus piezas fundamentales. Un presidente debilitado por el roce permanente con su vicepresidente, un Congreso fragmentado y, a la vez, amenazado en sus atribuciones por 16 asambleas legislativas". Están diseñando un país que va derecho a ser un Estado fallido.

Carlos Bustos, Presidente Multigremial de Osorno