Ley contra comercio ilegal y piratería
La meta no es la sanción a vendedores ambulantes, sino identificar las redes de abastecimiento ilegal que los incluyen. La norma llega en un momento oportuno para el país, que inicia su reactivación tras la pandemia y necesita respaldo a la actividad y al empleo formales.
El Presidente Sebastián Piñera promulgó en La Unión, capital del Ranco, la nueva ley que establece normas para combatir el comercio ilegal, crimen organizado y piratería intelectual. La noticia es positiva, porque se busca frenar la proliferación de la venta informal.
Un aspecto importante de la normativa es que no pone el énfasis penalizador en los vendedores ambulantes, sino en quienes los abastecen e incumplen reglas básicas de tributación, control de calidad, derechos de los consumidores y condiciones laborales de quienes salen a las calles con los productos, entre otras situaciones irregulares. Ejemplos hay muchos. En el centro de Osorno, sin ir más lejos, pueden apreciarse al constatar la presencia de personas diferentes ofertando mercaderías semejantes, a menudo imitando marcas conocidas (zapatillas son las más visibles, pero hay varios) en la vía pública.
Frente a esta situación antigua en Chile, ahora habrá más mecanismos de investigación para que las policías identifiquen a los que nutren la actividad, quienes pueden incluso ser acusados por asociación ilícita. Junto con ello, se aumenta atribuciones fiscalizadoras a inspectores municipales y funcionarios de Impuestos Internos.
Por otra parte, faculta a las alcaldías para fijar lugares de comercio ambulante e identificar a quienes lo ejercen. Estas acciones están en vigencia, pero requieren de responsabilidades compartidas.
La ley llega en un momento oportuno para el país, que inicia su reactivación tras la pandemia y necesita de un respaldo a la actividad y al empleo formales. Un gran porcentaje de los trabajadores del país no tiene protección social y, sin duda, que la venta ambulante es una de las principales plazas para ello.
Es de esperar, entonces, que la aplicación de la nueva normativa resulte efectiva y que no quede -como tantas propuestas- en una formalidad de papel, sino que se den pasos en dos direcciones básicas: respaldar a aquellos que cumplen reglas y proteger la seguridad de personas vulnerables, muchas veces víctimas de proveedores concertados y en condiciones abusivas de vinculación laboral.