Uno de los gremios más afectados con la llegada de la pandemia a las regiones fue el turismo, que durante el año pasado y los primeros meses de este 2021 se vio enfrentado a una serie de restricciones que impidieron el funcionamiento de sus actividades, lo cual mermó sus ingresos. Las provincias de Osorno y Llanquihue, ejemplos del dinamismo del sector turístico, sufrieron un impacto ostensible en la economía local.

Muchos de los emprendimientos turísticos debieron cerrar sus puertas, lo que además de aumentar la cesantía en el sector, generó una profunda crisis en este importante rubro productivo. Si bien el panorama hoy es diferente, ya que hay una mayor movilidad, merced al exitoso proceso de vacunación, y el sector turístico se encuentra reactivado y trabajando, lo cierto es que no hay que bajar la guardia en cuanto a las medidas para evitar el aumento de casos, lo que -de ocurrir- podría generar nuevas restricciones para el sector.

De ahí que los mismos actores de esta actividad son los más interesados en respetar los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, lo que habla del nivel de compromiso de este rubro con la seguridad y salud de sus clientes y de sus propios emprendimientos.

Por ello, es necesario que quienes asistan a un restaurante o participen de alguna actividad turística, especialmente a partir de estos días, cuando se reactivan los eventos veraniegos en las comunas, se sometan a los protocolos sanitarios y respeten las reglas que los propios emprendedores promueven entre sus clientes. No hacerlo implica poner en riesgo todo lo que se ha avanzado durante este año.

Estas medidas no sólo buscan proteger la salud de quienes disfrutan del turismo en los distintos destinos de la región, sino que ayudarán a mantener activo uno de los rubros productivos más importantes de Los Lagos. Es responsabilidad de cada local comercial y de los propios clientes mantener las medidas de autocuidado que permitirán mantener a raya el virus.

El artículo 184 del Código del Trabajo establece la obligación del empleador de "tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores".

A partir de ese principio, diversas normas legales y reglamentarias regulan las condiciones de salud y seguridad en el trabajo y, en particular, el régimen de seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades.

Dicho sistema ha logrado importantes avances en la protección de la vida y salud de los trabajadores. Sin embargo, en la actualidad, por diversas circunstancias, no está cumpliendo cabalmente su propósito.

En la isla de Chiloé, por ejemplo, en la industria del procesamiento de pescados y mariscos es creciente el número de trabajadoras que sufren enfermedades musculoesqueléticas de miembros superiores, por efecto de las características de su ocupación, que no cuentan con la protección debida.

Estas dolencias no les son reconocidas como enfermedades profesionales pues son consideradas como de origen común, lo que se traduce en que ellas deben costear los copagos correspondientes a sus seguros de salud (Fonasa o Isapre), para acceder a los tratamientos respectivos.

Estas mismas situaciones, en diferentes patologías y con diversa intensidad, se repiten en el gran comercio y en las más diversas actividades económicas.

En este esquema, los trabajadores son la parte débil, pues no siempre presentan los reclamos y recursos pertinentes, al tiempo que la Superintendencia de Seguridad Social, no cuenta con los recursos y facultades suficientes para cumplir cabal y oportunamente su función fiscalizadora.

En ese contexto, y con el respaldo de la senadora Carolina Goic y de los senadores Elizalde y Letelier he presentado un proyecto de ley que establece un nuevo derecho para los trabajadores, consistente en la realización de exámenes preventivos de salud periódicos, durante la relación laboral.

Así, los empleadores que mantengan contratados 50 o más trabajadores, estarán obligados a financiar exámenes de salud preventivos a todos los trabajadores, que se desempeñen en forma continua por más de seis meses, con la periodicidad que indique el reglamento, de acuerdo a las funciones específicas que realicen.

Rabindranath Quinteros, senador Región de Los Lagos