Tres meses de vigencia le queda a la normativa de la Ley de Servicios Básicos, que de manera excepcional dispone medidas a favor de los usuarios de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red, como es la continuidad del suministro y la suscripción de planes de pago para quienes no puedan cumplir con sus cuentas debido a la pandemia de covid-19.

Hay un tema de fondo que es el endeudamiento que se ha ido provocando por las postergaciones o la cesantía, la falta de trabajo y la falta de ingreso de los trabajadores y de los ciudadanos y se ha ido acumulando en el tiempo, por lo que podría transformarse en algunos casos en compromisos casi impagables.

A mediados de 2020, el Gobierno llegó a un acuerdo con las empresas distribuidoras, para no interrumpir el suministro en los casos de morosidad. La iniciativa no representaba una condonación, ya que luego debería repartirse lo postergado en doce meses, lo cual significaría un aumento en las cuentas futuras de los usuarios, durante el periodo más difícil de la crisis sanitaria, social y económica. Inicialmente, la medida estaría vigente mientras durara el Estado de Excepción, pero en el último aplazamiento se acordó prorrogarla hasta diciembre.

No obstante, los alcaldes de algunos municipios han planteado que esta fórmula ha generado un alto endeudamiento de los hogares.

Recientemente la presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), Jessica López, señaló que dada la vital importancia del agua en esta pandemia, las empresas han mantenido el suministro para sus clientes, pero alertó que si bien no han aumentado sustancialmente los clientes morosos, sí lo han hecho los montos que acumulan esas familias. "Por lo tanto, pensamos que es bueno resolverlo pronto. Esto es algo que pensamos que iba a durar tres o seis meses. Sin embargo, ya llevamos un año y medio o a lo mejor llegamos a los dos años y, por lo tanto, tenemos que pensar en una solución pronta", ha manifestado, junto con reiterar la disponibilidad para conversar con el Ejecutivo y ver alternativas, pero con anticipación y coordinación.

Oorno, nuestra ciudad; con todos sus barrios y sectores, ocupa una superficie de 33 km2. Rodeando este núcleo urbano existe otro Osorno, con la misma superficie que el Osorno urbano formado por subdivisiones de parcelas de 5.000 m2 y algunas incluso de menor superficie llegando hasta los 500 m2. Dos realidades para un solo centro urbano; ambas formales ante la ley. Dos definiciones, la primera la de la ciudad compacta de alta densidad, la segunda la de la ciudad dispersa o difusa la de los suburbios expandidos.

Sin duda que la primera causa de esta expansión perirurbana, es la falta de suelo urbanizado dentro del "límite urbano" de la ciudad formal. Por cierto, se entiende por suelo urbanizado aquel que cuenta con factibilidad sanitaria. Es decir, que está dotado de conexión a redes de agua potable y alcantarillado. Para edificar viviendas no basta que el suelo este contenido dentro del límite urbano, sino que además debe estar dentro del área de cobertura de la empresa sanitaria concesionaria de dichos servicios; en el caso de Osorno, esta empresa es ESSAL.

La superficie urbana de Osorno es de 33 km2 y la cobertura de la concesión sanitaria es de solo 24 Km2. En otras palabras, solo el 73% de la superficie urbana de nuestra ciudad cuenta con suelo urbanizado. De los 9 Km2 (27%), sin cobertura debemos descontar 1 Km2 (3,0 %), por áreas de riesgo y protección 2 Km2 (6,1%) por áreas de actividades productivas, 2 Km2 (6,1%) por áreas de equipamiento e infraestructura y 4 Km2 (12,1%) por área habitacional mixto.

4 Km2 (12,1%) de la superficie del Osorno formal, ese contenido por el límite urbano fijado por un plano regulador de hace 30 años es de uso "habitacional mixto" pero no cuenta con factibilidad sanitaria. En cifras gruesas, en esas 400 hectáreas y a razón de 60 departamentos por hectárea se pueden construir 24.000 unidades o a razón de 34 viviendas por hectárea se pueden construir 13.600 casas.

En conclusión, la proyección que hace 30 años se hizo del crecimiento de la población para el plano regulador vigente de nuestra ciudad estuvo acertada, y queda claro que la solución del déficit habitacional que nos aqueja no pasa por más espacio urbano, si no por dotar al existente de los servicios sanitarios que den factibilidad a su uso habitacional. Es urgente que ESSAL asuma su responsabilidad social y pase a ser parte de la solución del problema habitacional de nuestra ciudad.

Andrés Angulo, presidente CChC Osorno