Apenas tres meses de vigencia le queda a la Ley de Servicios Básicos, que de manera excepcional dispone medidas a favor de los usuarios de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red, como la continuidad del suministro y la suscripción de planes de pago para quienes no puedan cumplir con sus cuentas debido a la pandemia.

Hay un tema de fondo, que es el endeudamiento que se ha ido provocando por las postergaciones o la cesantía, la falta de trabajo y la falta de ingreso, lo que podría transformarse en algunos casos en compromisos casi impagables.

A mediados de 2020, el Gobierno llegó a un acuerdo con las empresas distribuidoras a fin de no interrumpir el suministro en casos de morosidad. La iniciativa no representaba una condonación, pues luego debería repartirse lo postergado en 12 meses, lo cual significaría un aumento en las cuentas futuras de los usuarios. Inicialmente, la medida estaría vigente mientras durara el Estado de Excepción, pero en el último aplazamiento se acordó prorrogarla hasta diciembre.

No obstante, los alcaldes de variados municipios han planteado que esta fórmula ha generado un alto endeudamiento de los hogares, ya que las cuentas no se han condonado, sino que se han prorrogado, lo que significa que al terminar la vigencia de la medida, en diciembre, esas familias podrían tener serias dificultades para cumplir sus compromisos.

Las autoridades comunales temen que las empresas distribuidoras suspendan el suministro cuando la ley venza y, además, suban las tarifas. También se ha señalado que la deuda va acumulando intereses, por lo cual han pedido al Ejecutivo que se busquen fórmulas de solución, como condonación o generar un subsidio al servicio eléctrico que permita regularizar las deudas de las familias más vulnerables del país. Asimismo, piden que las empresas concesionarias asuman parte de la deuda con el fin de conseguir el saneamiento.

Lo claro es que en pocos meses más se abrirá esta caja de Pandora que puede generar un evidente flanco de tensión de cara a la asunción del bloque que resulte ganador en la elección presidencial.

¿Es realmente la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir donde educar a sus hijos un tema que no debería cuestionarse en la redacción de la nueva Constitución? ¿Por qué el Presidente, ministro de Educación, obispos, organizaciones y dueños de colegios privados, con solo mencionar el tema cuestionan la posibilidad de discutirlo? El proceso constituyente nos entrega como país la oportunidad de reflexionar la sociedad que queremos y cómo deseamos proyectarla en el tiempo.

Claramente cada grupo de interés tendrá sus propias aspiraciones, pero no está en discusión que la nueva Carta Magna debe consagrar derechos básicos, entre ellos el derecho a la educación desde una mirada social y no económica.

Una nueva Constitución nos permite poner en el debate la visión de país que queremos y el derecho a la educación juega un papel trascendental en esa discusión, la calidad, la equidad y la inclusión en todo el sistema educativo es lo que permitirá a todas las personas un desarrollo en igualdad de oportunidades.

La Ley de Inclusión escolar de 2015 fue muy resistida y se vaticinaron cierre de colegios al por mayor por afectar la libertad de enseñanza. La ley que regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, es un avance importante, pero la real discusión que nos permitirá tener esa libertad de enseñanza y elegir el proyecto educativo de nuestros hijos, no es posible en una sociedad tan segregada y si esa elección pudiese estar condicionada a la capacidad de pago de los padres.

Prefiero hablar de mejorar la calidad de la educación y los estándares del sistema educativo para que todos los niños, niñas y adolescentes cuenten con las mismas posibilidades de desarrollar sus talentos.

El derecho a la educación no está en controversia, el cómo ejercerlo y como se involucran los padres y el Estado es lo que se debe reflexionar y debatir. En el fondo del debate está la resistencia y la necesidad de un cambio de paradigma, que supone romper con la lógica de tratar la educación como un bien de consumo y a los estudiantes como consumidores, para ser concebida como un derecho social, que reconozca y resignifique la educación pública con altos estándares en beneficio de cada uno de los estudiantes y sus familias.

Óscar Garrido, rector Universidad de Los Lagos