El Ministerio de Educación ha dado a conocer recientemente el plan de retorno seguro a clases presenciales, que es gradual, flexible y voluntario para los colegios, y que se estima que tomará más fuerza con el término de las vacaciones de invierno y el inicio de las actividades del segundo semestre.

Las escuelas que han ido abriendo sus puertas este año lo han hecho con las medidas de higiene y los protocolos de seguridad que se han dispuesto, por lo que han servido como guías para que otras instituciones se sumen y puedan volver a las clases presenciales. Los colegios llevan meses preparándose, ya que en enero todos ellos entregaron sus planes de funcionamiento, adecuándose a los protocolos del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, para disminuir el riesgo de contagio. Por ejemplo, se considera que en caso de no disponer del espacio suficiente para cumplir con el distanciamiento físico de los estudiantes, los colegios pueden dividir el curso en grupos que podrán tener clases en distintos espacios o en días o semanas alternos.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, ha señalado que se necesita actuar para devolver a los niños los aprendizajes que perdieron y las herramientas formativas que no han podido desarrollar, porque si el nuevo Plan Paso a Paso fracasa, "son los alumnos los que pagarán el precio". Se prevé que este año el proceso será híbrido, es decir, coexistirán clases presenciales y a distancia.

La ONU ha señalado que es prioritario que las autoridades educativas, tomadores de decisiones en salud y servicios sociales básicos, así como administradores, directores y docentes, emprendan la planificación del retorno a clases presenciales, para fortalecer los sistemas educativos de acuerdo con las condiciones sanitarias adecuadas de cada nación. Este proceso es fundamental sobre todo para los más vulnerables, quienes antes de la pandemia ya estaban fuera de la escuela o en riesgo de abandonarla, y para los más marginados por pobreza, discapacidad o por vivir en zonas rurales distantes.

A raíz de la instalación de la nueva institución denominada Asamblea Constituyente, encargada por mandato constitucional de proponer al país una nueva Carta Fundamental para ser sometida a la decisión de la ciudadanía, para su aprobación o rechazo, y la mantención de la ley fundamental que hoy nos rige, han surgido una serie de conductas entre los miembros de esta asamblea que nos deben llamar a la reflexión.

La norma fundamental de nuestro país que enmarca todo el andamiaje normativo en todos los ámbitos del Estado: sus órganos, instituciones y derechos de los ciudadanos, deben ser respetados en todo el espectro de sus disposiciones normativas. Ello garantiza a todos los chilenos, que sepamos y tengamos certeza de cuáles son nuestros derechos y su exigibilidad, y cuáles los deberes y su acatamiento.

Desgraciadamente vemos con desazón que muchos de los constituyentes mandatados a redactar esta norma rectora del quehacer del país, en todos los ámbitos de su actuar, reflejan sobre todo a través de sus principales representantes -hablo de su presidenta y vicepresidente- una falta total de objetividad, pluralismo, respeto por la divergencia e incorporación de las minorías.

Esta lamentable y preocupante realidad ha dejado en evidencia que la incorporación de grandes asambleas para la realización de un cometido tan delicado como el que se ha entregado a los constituyentes, puede terminar en un intento fallido.

Grupos más reducidos y con pleno conocimiento y preparación en la materia, son los que logran escribir textos constitucionales capaces de recoger de forma más eficiente las necesidades normativas de un país.

Esperemos que Chile sea capaz de superar este desafío y los constituyentes recojan debidamente el mandato que se les ha encomendado y nos propongan un proyecto coherente, concordante con nuestra identidad, y sólo así el pueblo de Chile podrá dar el sí a este proyecto que contribuya a un verdadero avance en modernidad, derechos, paz y libertad y no signifique un retroceso. Son muchos los escépticos, esperemos no tengan razón.

Evelyn Zóttele, Colegio de Abogados, provincia de Osorno