Al menos 143 personas han muerto por las devastadoras inundaciones del oeste alemán, mientras crece la incertidumbre por lo que se encontrará debajo de los escombros con miles de desaparecidos, mientras el Gobierno busca activar ayudas económicas.

A la canciller alemana, Angela Merkel, la esperan hoy en la región afectada, de vuelta el viaje oficial por Estados Unidos donde la sorprendió la catástrofe, que la forzó a una gestión virtual de la crisis.

Los dos estados federados afectados son Renania Palatinado -donde se confirmaron ya 98 muertos y al que acudirá Merkel- y Renania del Norte-Westfalia, el más poblado del país y al que corresponde el resto de víctimas hasta ahora notificadas, incluidos cuatro bomberos.

La atención se ha centrado en este último estado, cuyo primer ministro, Armin Laschet, es a la vez el candidato del bloque conservador a suceder a la canciller en las elecciones generales de septiembre.

Desescombro y rescates

Los estragos por las inundaciones de "dimensiones históricas", en palabras de Laschet, empezaron el jueves, jornada que se cerró con 50 fallecidos confirmados. Se teme que el balance final sean aún mayor, dada la enorme destrucción provocada por las aguas y corrimientos de tierras.

En la ciudad de Heinberg, cercana a la frontera con Países Bajos, hubo que proceder a evacuar a cientos de personas tras romperse un dique de contención.

En otras poblaciones afectadas empezaron las labores de desescombro. Se avanza entre el miedo a lo que surgirán bajo las montañas de tierra, casas destruidas y todo tipo de enseres, y la esperanza por los pronósticos meteorológicas, debido a que no se prevén más precipitaciones preocupantes.

En paralelo, se trabaja incansablemente por restablecer los servicios básicos en las zonas golpeadas. Unos 100.000 habitantes siguen sin suministro eléctrico, el tráfico ferroviario permanece seriamente afectado o cortado en los puntos más álgidos, lo mismo que algunas carreteras.

Según el Ministerio del Interior alemán, unos 22.000 bomberos y trabajadores humanitarios participan en las operaciones de rescate solo en Renania del Norte-Westfalia.

Los mayores daños se produjeron al desbordarse afluentes del río Rin, el Mosela y otros grandes ríos de la región, incapaces de absorber el volumen de las aguas.

El punto más castigado es el distrito de Ahrweiler, vecino a la ciudad de Coblenza, sector donde está la cuenca del Ahr, afluente del Rin, y donde se han reportado más de 1.300 desaparecidos.

El gobernador de Ahrweiler, Jürgen Pföhler, aseguró que "esta es sin duda la mayor catástrofe en la región desde la Segunda Guerra Mundial".

En ese distrito, cayeron 207 milímetros de lluvia cayeron en solo nueve horas, mientras que en Colonia se registraron 157 milímetros en 24 horas.

A la espera de ayudas

El Consejo de Ministros abordará previsiblemente el próximo día 21 un paquete especial, en el que se contemplan tanto ayudas directas a los afectados como a la reconstrucción de las infraestructuras arruinadas en la región.

El ministro de Finanzas, Olaf Scholz, presente estos días en las zonas afectadas, dijo que no se escatimarán recursos. Hasta ahora no hay una evaluación ni siquiera aproximada de la cuantía de los daños. En las inundaciones de 2013, menos dramáticas pero que afectaron a ocho de los 16 estados del país, el Ejecutivo aprobó un paquete especial de 8.000 millones de euros.

Un total de 114.000 personas, según el Ministerio del Interior, se manifestaron en las principales ciudades de toda Francia contra la "dictadura sanitaria", como denominan a las últimas medidas del Gobierno para frenar la pandemia de covid-19.

Estas medidas, entre las que destacan la obligatoriedad de que el personal sanitario se vacune y la exigencia de tener pasaporte sanitario (vacunación completa o test negativo) para acceder a un importante número de actividades sociales, serán aprobadas mañana por el Consejo de Ministros y el miércoles se debatirán en la Asamblea Nacional.

En París una manifestación se congregó en la zona de la Plaza del Louvre y se dirigió hacia el Ministerio de Salud. En muchas manifestaciones fueron visibles personas con los chalecos amarillos que caracterizaron las violentas protestas de 2018-19 contra el Gobierno, y aunque apenas hubo incidentes, algunas protestas, sobre todo en la capital, estuvieron vigiladas por un fuertes contingente antidisturbios de la Gendarmería.

Los únicos incidentes ocurrieron en la ciudad de Lyon, donde nueve personas fueron detenidas al intervenir la policía en una concentración no autorizada que congregó a unos 900 asistentes, que les lanzaron botellas de vidrio.

"Entiendo a los reticentes que se manifiestan, pero creo que hacer falta convencer, a toda costa a todos nuestros conciudadanos para que se vacunen", respondió el primer ministro francés, Jean Castex.

Las medidas, anunciadas por el presidente Emmanuel Macron, buscan incentivar la vacunación para combatir la expansión de la variante delta, que ya supone más del 67% de los nuevos casos en Francia.

Pese a esta protesta, el plan anunciado la semana pasada, logró una inscripción récord de citas para vacunación con 1,7 millones en 24 horas. El país tiene al 40% de su población vacunada con pauta completa, y suma más de 111.000 muertes de 5,8 millones de casos.

63,2 millones de dosis de vacunas contra covid-19 se han aplicado en Francia, según Our World in Data.

67% de los nuevos contagios de covid-19 son por la variante delta en Francia, que suma 5,8 millones de casos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso aprobar "con la mayor urgencia" una ley que permita acceder a la ciudadanía a los miles de jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores" que llegaron al país de niños y frenaron su deportación gracias al programa DACA.

El mandatario hizo el llamado un día después de que un juez de Texas fallara en contra del programa de Acción Diferida (DACA), que desde su creación en 2012 por el expresidente Barack Obama, enfrentó numerosos desafíos legales.

Biden anunció que el Departamento de Justicia recurrirá la decisión del magistrado de Texas, quien ordenó suspender las nuevas solicitudes al programa, aunque los 650.000 jóvenes indocumentados que actualmente se benefician de ese plan seguirán protegidos.

DACA frena provisionalmente la deportación de sus beneficiarios, les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite viajar fuera del país solicitando un permiso.

Biden consideró "decepcionante" el fallo del juez de Texas porque "relega a cientos de miles de jóvenes inmigrantes a un futuro incierto".

Además, la decisión judicial pone mayor presión para actuar en Biden y en el Congreso, donde su partido tiene la mayoría.

Al respecto, Biden recordó que el Legislativo es "el único" que por ley puede ofrecer una "solución permanente" a los jóvenes indocumentados con la aprobación de una ley que les permita acceder a la ciudadanía estadounidense, una solución que "esa gente joven necesita y se merece".

Por ello, renovó su llamado al Congreso para que apruebe "con la mayor urgencia" una solución para los soñadores.

El mandatario mencionó como posible opción la Ley del Sueño y la Promesa, proyecto que ya se aprobó en la Cámara Baja y que permitiría acceder a la ciudadanía a unos 4,4 millones de "soñadores", algunos de los cuales se acogieron a DACA, aunque no todos.