Esta semana comenzó el proceso de vacunación contra el covid-19 para los adolescentes en todo el país. Según el calendario oficial del Ministerio de Salud, entre el martes y el viernes pasado debieron concurrir a recibir las primeras dosis quienes tengan 18 y 19 años; la semana que comienza hoy los de 17 y así sucesivamente hasta llegar a los 12 años.

El objetivo de ampliar este espectro de cobertura es fortalecer la inmunidad de grupo, contribuir a la reducción general de los casos de coronavirus, además de proteger a un segmento etario sobre el cual pesa un riesgo adicional: el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (Pims, en inglés), afección que ha sido diagnosticada en algunos niños y adolescentes que se han contagiado con coronavirus.

En las semanas anteriores, también fueron vacunados los menores de 29 años (a quienes ahora corresponderá la segunda dosis).

Se debe consignar que si bien este año el alto número de casos confirmados de covid-19 ha incrementado las cifras en todos los grupos etarios, la mayor alza se registra en la población de 10 a 19 años. En 2020, el número de positivos al virus en esta población llegó a 4.264, mientras que la cifra se elevó a 9.715 este año (al 13 de junio), es decir, un 128% más.

En efecto, llegar a la denominada "inmunidad de rebaño" no significa que se acabarán los contagios, pero sí que muchas más personas podrán enfrentar la enfermedad con consecuencias menos devastadoras y sin llegar a tener que ocupar tantas camas críticas, con el consiguiente colapso para las redes asistenciales de salud.

El llamado es, entonces, a que especialmente los jóvenes respondan a sus turnos y concurran a los centros de salud.

La campaña es voluntaria, pero también constituye una responsabilidad colectiva para enfrentar de mejor manera la crisis sanitaria, que ya se prolonga por un año y medio, trayendo todas las graves consecuencias sociales y económicas que la comunidad completa ha enfrentado y ya conoce perfectamente.

Sabemos que no hay ley alguna que pueda moderar siquiera el dolor de una familia tras perder un hijo por nacer o recién nacido. Sí podemos, en cambio, ofrecer una respuesta legislativa que entregue un espacio de alivio para las madres y padres que se enfrentan a una situación tan traumática como ésta. Un espacio de alivio que, tristemente, hasta el día de hoy no existe.

La pérdida gestacional es una situación compleja para cualquier familia. Uno de los conceptos más repetidos en la discusión de esta iniciativa, ha sido el de la deshumanización. En efecto, por mucho tiempo, la pérdida gestacional o perinatal fue minimizada e incluso invisibilizada. Como si el embarazo fuese un proceso exento de emociones y la pérdida, una cuestión exclusivamente biológica.

Desde ese enfoque, el tema no ha sido motivo de especial preocupación ni en el sistema de salud, que no se hace cargo de los efectos físicos ni psicológicos de las madres, ni en los lugares de trabajo donde hasta ahora no existe un permiso o trato especial para quienes enfrentan el duelo.

Debemos recuperar, como sociedad, la capacidad de reconocer el sufrimiento de las personas y, en lo posible, ofrecer las herramientas y los espacios necesarios para sobrellevar el dolor.

El proyecto conocido como Ley Dominga aprobado hace pocos días en el Senado, establece que las instituciones de salud públicas y privadas deben contar con un protocolo universal en caso de muerte perinatal, que garantice manejo clínico y un acompañamiento psico-emocional que permita contener a la madre principalmente, pero también al padre, y al núcleo más cercano del hijo o hija fallecido, respetando el duelo de la familia. Y también considera asegurar un tiempo exento de obligaciones laborales.

En definitiva, no basta que nos conmovamos privadamente ante el sufrimiento. Debemos establecer un marco claro de mejor trato, tanto en el ámbito clínico, durante y después del proceso de pérdida, como el espacio laboral.

No es habitual que un texto legal contenga entre sus ideas matrices los conceptos de empatía, contención y respeto. No es común que las frías leyes se hagan cargo de la necesidad de humanizar procesos y relaciones. Pero, como bien sabemos, el país está cambiando, y las leyes deben también hacerse cargo de representar estos cambios sociales.

Rabindranath Quinteros, senador Región de Los Lagos