Preocupantes resultados son los que arrojó una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación (CIME), de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, que recolectó datos acerca de la experiencia de los profesores en torno a la educación remota durante la pandemia, a través de un sondeo online.

La investigación -basada en las respuestas de 842 profesores, en su mayoría de entre los 30 y 49 años- reveló que existe una alta frecuencia de emociones negativas experimentadas por los profesores. En efecto, ante la consulta sobre las emociones más comunes durante la educación remota en pandemia, el 77% de los docentes reportó sentir estrés, 49,8% frustración, 41% angustia y 31,4% impotencia.

Se trata, sin duda, de consecuencias vinculadas a un sistema que debió implementarse de manera absolutamente imprevista, lo que impidió una mejor planificación de su instalación. Revela que los profesores -debido a los necesarios resguardos sanitarios- han perdido un importante espacio de interacción y formación, imposible de reemplazar a través de la virtualidad.

El estudio también entregó luces acerca de qué hacer para disminuir el malestar en los profesores. En concreto -según plantearon los investigadores- es importante que los docentes duerman bien, realicen actividad física y se conecten con emociones positivas relacionadas con la enseñanza, la interacción con sus estudiantes y sus colegas, su compromiso y sentido de pertenencia a la institución.

El sistema escolar, tanto público como privado, tiene la responsabilidad de proveer estos espacios de contención y protección a sus docentes.

Con todo, estos antecedentes son un insumo más a tener en cuenta al desarrollar el debate actual en torno a la conveniencia del retorno a las clases presenciales. Una temática de amplia complejidad sobre la cual se requiere poner todos los elementos en juego sobre la mesa, para tomar las mejores decisiones vinculadas a la salud física y mental de los integrantes del sistema educativo nacional.

El actual contexto político de Chile nos invita a repensar aspectos vinculados con el modelo de desarrollo al que deberíamos transitar. Las distintas vertientes que se abren no dejan indiferente a uno de los sectores productivos más relevantes de nuestro país, la agricultura, donde se evidencian una serie de desafíos asociados al lugar que ocupan la agricultura familiar.

En las últimas décadas ha sufrido una significativa transformación, principalmente a partir de las propuestas que han emergido desde agrupaciones de pequeños productores, que han implementado nuevas alternativas de producción.

Dentro de estas propuestas, ocupan un lugar relevante las iniciativas de Productores Orgánicos de la Región de los Lagos y el de la Agrupación de Mujeres Curadoras de Semillas de Pitrufquén, entre muchos otros. Se han encargado de recuperar modelos productivos ancestrales y la producción orgánica, demostrando la revalorización de su producción, pero a su vez la posibilidad de democratizar la inserción de este tipo de productos dentro del mercado local.

Sin embargo, la brecha se genera a la hora de detectar políticas públicas que apoyen el desarrollo de estas iniciativas, no solo a través de la promoción de este tipo de producción -como programas de extensión agraria o iniciativas como el Programa de Agricultura Sustentable-, que principalmente han desplegado esfuerzos en instalar este modelo desde manuales y visibilización de buenas prácticas.

Ello demuestra la urgencia de actualizar políticas de mayor alcance en estas temáticas, como lo es el Prodesal, dada su focalización en la escala municipal; y, a su vez, se requiere que vengan asociados a subsidios económicos, para generar un entramado agrícola familiar. Lo anterior, para transitar desde un proyecto de economía de subsistencia a un modelo de fortalecimiento del desarrollo de la pequeña agricultura del país, con base agroecológica.

Esto podría ser un puntal para avanzar en un modelo de soberanía alimentaria, que permita poner en valor los esfuerzos ya desplegado y, al mismo tiempo, resguardar la producción de alimentos de nuestro país.

Daniella Gac, Universidad de Los Lagos