Las elecciones que se desarrollaron |este fin de semana son las terceras de un largo calendario electoral que comenzó el 25 de octubre de 2020, con el plebiscito en el cual se decidió hacer una nueva Constitución y la creación de una Convención como fórmula para ese cambio.

La segunda llamada a las urnas fue el 29 de noviembre, para definir a los candidatos a gobernadores regionales y a alcaldes.

Después de este fin de semana, vendrán otros cuatro procesos importantes. El más cercano es el del 13 de junio y corresponde a la segunda vuelta de los gobernadores, si es que no hay ganador con más del 40% de los votos en estas jornadas.

Luego, el 18 de julio, habrá primarias presidenciales y parlamentarias (los participantes deben inscribirse el 20 de mayo). Después, el 21 de noviembre, se realizará la elección de Presidente de la República, congresistas y consejeros regionales. La segunda vuelta presidencial será el 19 de diciembre.

El calendario también contempla que los nuevos alcaldes y concejales asuman el 28 de junio y los gobernadores, el 14 de julio. Los constituyentes debieran comenzar el 6 de julio, aunque esa fecha puede cambiar, pues depende del Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel.

Aunque la pandemia vaya cediendo, todas estas tareas cívicas deberán realizarse en el marco de estrictas medidas sanitarias y, seguramente, varias no despertarán tanto interés de los electores, aunque con ellas se define el futuro nacional para los próximos años.

Es de esperar, entonces, que a nivel público se insista con la entrega de información para que las personas participen e incidan con su voto en decisiones que son profundas y de largo plazo.

Diversos actores sociales, políticos y religiosos han llamado a participar a los electores, pues en el voto existe una alternativa real de hacer conocer su opinión y evaluar el desempeño de los que ostentan el poder. Es necesario responder a ese llamado y participar y para quienes se presentan a estos cargos se debe hacer presente -como lo dijo el Papa Francisco- que la política es "un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre".

Cuando hablamos de acceso universal a la salud, enfrentamos dos conversaciones complementarias, pero diferentes. Una es sobre la reforma integral de la salud que Chile necesita. La otra es acerca de los cambios que podemos implementar hoy, para enfrentar los problemas más urgentes en materia de salud.

La primera supone definir el contenido del derecho a la salud establecido en la Constitución, el que debe consagrar el derecho de todas las personas de acceder a un sistema público, universal, gratuito y de calidad, independiente de su edad, sexo, condición económica o de salud. Ello no impedirá la existencia de un sector privado en la salud.

Las bases de este sistema deben estar en la nueva Constitución y, por lo tanto, deberán ser definidos por la Convención Constitucional.

El Gobierno ha enviado proyectos para reformar el sistema privado y público por separados, lo que supone aceptar definitivamente la existencia de 2 sistemas de salud, la privada, para una minoría de mayores ingresos, y la pública, con menos recursos, para la enorme mayoría.

A petición nuestra, el Gobierno presentó su proyecto de reforma de Fonasa en el Senado para que, de ese modo, pudiera discutirse en paralelo con el proyecto de isapres. Este gesto permitió llegar a algunos consensos, pero sigue habiendo diferencias importantes.

Dentro de esos consensos, vemos condiciones para avanzar en la solución de problemas específicos, como las listas de espera y el fortalecimiento de la atención primaria.

Sin embargo, discrepamos en otros temas. La principal falencia es que el proyecto no incorpora más universalidad y solidaridad al sistema.

El mensaje del Gobierno plantea un Plan Universal de Salud, que se aplica solo a los beneficiarios de Fonasa. Eso no es universalidad.

La modernización de Fonasa no pasa por contar con un directorio, sino que, fundamentalmente, por dotarlo de mayores recursos, funcionarios y atribuciones, con el fin de que pueda velar por el efectivo y oportuno otorgamiento del PSU.

En cualquier caso, las soluciones de fondo exigen el fortalecimiento de la oferta de los servicios de salud y de la atención primaria. Y de eso, nada hay en el proyecto del Gobierno.

Rabindranath Quinteros, senador Región de Los Lagos