Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son la primera causa de muerte en Chile, además de dejar con discapacidad a una parte importante de pacientes que han sobrevivido a la enfermedad, sobre todo en personas mayores de 65 años.

Estadísticamente, uno de cada seis chilenos, sobre todo adultos mayores, se ve afectado alguna vez por un ACV, que consiste en la pérdida repentina de una función neurológica, producida por la obstrucción o rotura de un vaso sanguíneo cerebral, y que se manifiesta en la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, la alteración del lenguaje, que se hace incomprensible o bien la persona no entiende lo que se le dice; una disminución de la sensibilidad y dolor de cabeza muy fuerte. No obstante, los especialistas afirman que si el paciente recibe atención oportuna en un servicio de urgencia, se le puede retirar el coágulo alojado en la arteria, procedimiento que se denomina trombólisis cerebral.

Si bien cualquier persona puede sufrir un accidente cerebrovascular, hay factores de riesgo o comportamientos que lo propician, como la hipertensión arterial, la edad avanzada, el tabaquismo, el colesterol elevado, la diabetes mellitus y el sedentarismo, entre otras.

Es fundamental que las personas se informen respecto a la prevención de los accidentes cerebrovasculares, con el objetivo de tomar medidas preventivas, estar atentas para un diagnóstico oportuno y acceder así a una atención que puede salvar vidas y evitar las secuelas que dejan estos accidentes. Esta información incluye el derribar mitos, además de entender los orígenes y la necesidad de conductas saludables que pueden ayudar a evitar el mal.

El Estado, a través del Ministerio de Salud, lleva a cabo planes y programas que incluyen desde la prevención hasta el trabajo de recuperación de personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, los altos costos, no solo financieros, sino que emocionales y sociales que están asociados a estos casos, son en sí un llamado a extremar las medidas de prevención y cuidado.

A fines de 2019 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el informe "Panorama Social de América Latina 2019", destacaba tres grandes temas para Chile: 1) que los ingresos del 1% más rico de la población siguen creciendo; 2) una ampliación y evolución de los estratos de ingresos medios, asociado a reducción de la pobreza y la pobreza extrema; 3) y, señala que para avanzar en igualdad, se requiere un nuevo pacto social que brinde legitimidad y solidez a políticas y reformas estructurales. No desconoce el desarrollo que ha evidenciado el país en los últimos 30 años, pero manifiesta un alto grado de vulnerabilidad de los sectores medios que ante cambios provocados por el desempleo, menores ingresos o eventos catastróficos como enfermedades graves y desastres naturales, pueden fácilmente volver a caer en la pobreza.

No se puede disociar la crisis social y las posteriores consecuencias de la pandemia, que sólo ha evidenciado aún más la precariedad de la sociedad que se ve aún más afectada con la disminución de los ingresos, consecuencia del cierre de empresas y el desempleo. El FMI ha calificado la pandemia como una crisis sin precedentes que está afectando el crecimiento económico de los países y apela a la política fiscal para un financiamiento oportuno de los sistemas de salud; la asistencia de emergencia a la población; y apoyo para la recuperación económica, garantizando que la población pueda cubrir sus necesidades. En Chile develó las profundas desigualdades y evidenció un Estado débil para sostener políticas públicas que demanda el actual contexto.

El 25 de octubre, Chile con casi el 80% de la ciudadanía aprobó la formulación de una nueva Constitución. Este espacio de reflexión deberá orientarse a corregir las grandes desigualdades y configurar un Estado de derechos sociales en educación, salud, previsión y protección del medio ambiente. El reconocimiento de nuestros pueblos originarios y la igualdad de género son elementos centrales.

Como Consorcio de Universidades Estatales nos colocamos una vez más al servicio del país, tal cual lo estamos haciendo en el contexto de la pandemia. Hemos convenido generar espacios de dialogo, aportar con expertos, organizar coloquios y talleres para generar contenidos que permita generar una carta magna legitimada y que coloque el acento en un Estado de derechos para todos y todas.