Redacción

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), sostuvo que, ante la eventual tramitación de un proyecto que habilite el voto en el plebiscito de octubre a los contagiados con coronavirus, el Servicio Electoral (Servel) tiene "la voluntad de implementar un procedimiento que permita" el sufragio de esas personas.

"Entiendo que si hay una iniciativa que se aprueba, el Servel va a poder implementar la forma de llevar a cabo esta modalidad de votación", dijo en radio Cooperativa la autoridad, que en todo caso agregó: "Pero estamos realmente contra el tiempo".

Muñoz es autora de un proyecto de reforma constitucional ingresado al Congreso y también firmado por los senadores de la DC Ximena Rincón, Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro, que busca asegurar el sufragio en la consulta de los infectados con covid-19 y de personas que sean contactos estrechos y estén en cuarentena, mediante un procedimiento que obliga al Estado a implementar el voto por correo.

La propuesta exige disponer de "un sistema de sufragio por correspondencia para las personas que, en razón de una medida sanitaria general o particular, le impida absolutamente concurrir a sufragar el día de la convocatoria de plebiscito".

Ayer, en la entrevista radial, Muñoz dijo: "He escuchado a Patricio Santamaría (presidente del consejo directivo del Servel) establecer que para él es importante -y ha sido una voz bien nítida y clave en ese sentido- no discriminar, no dar un portazo a la posibilidad de que nuestros compatriotas contagiados puedan votar a través de algunas de las alternativas que ahí están propuestas, que puede ser un voto a domicilio, a distancia o por correo".

A principios de esta semana, Santamaría, quien inicialmente planteó su disposición a que los contagiados pudieren participar, afirmó que ellos "no van a poder votar", no porque el Servel lo impida, sino porque "la medida sanitaria va a impedir que salgan de sus casas para emitir el derecho a sufragio". Dijo también que "el Gobierno no va a patrocinar ninguna modificación en ese sentido", sobre una iniciativa que permita a los infectados votar desde su domicilio, entregando el sufragio a personas que hagan de ministros de fe.

El viernes, el Servel publicó las normas e instrucciones para el desarrollo del plebiscito, incluyendo la extensión a 12 horas de la votación, un horario preferente (de 14 a 17 horas) para los mayores de 60 años, la distancia de al menos 2 metros entre las mesas y entre estas y las cámaras secretas.

Marcha por el rechazo

Ayer, un grupo de organizaciones adherentes a la opción "rechazo" del plebiscito marcharon por Las Condes y Providencia, en Santiago. La convocatoria habría sumado a cerca de mil personas, superando el límite de 50 personas fijado en la norma sanitaria. Carabineros escoltaron a los manifestantes en su recorrido, mayoritariamente hecho por la vereda. No hubo mayores incidentes, aunque al finalizar transeúntes y participantes de la marcha tuvieron una riña. Se detuvo a a tres personas por ello.

Iván Astudillo, del movimiento Fuerza Patriótica, calificó el acuerdo que condujo al plebiscito como "un invento político para desmarcarse y mandar al pueblo a pelear, por la irresponsabilidad y la cobardía de perder sus privilegios".

El diputado Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social, solicitó crear una comisión especial investigadora que fiscalice "los actos del Gobierno relacionados con la implementación del proceso de descentralización política, administrativa y fiscal del país".

La solicitud, ingresada a la Cámara, se da en medio del debate por la fecha de la elección de los gobernadores regionales, programada para abril de 2021 pero que el Gobierno busca aplazar para noviembre de ese año, lo que genera críticas en la oposición y Chile Vamos.

A juicio de Mulet, "el proceso de descentralización no ha sido implementado por el Gobierno de la manera más eficiente y eficaz posible, teniendo en consideración especial el hecho de que las elecciones de gobernadores regionales están próximas a comenzar. Están pronto a comenzar las primarias para dichas elecciones y aún no se tiene la claridad necesaria sobre las competencias y recursos con que contarán dichas autoridades".

Por ello, expuso, "se deben indagar las razones, motivos y circunstancias que han retrasado este proceso, puesto que el Gobierno ha tenido más de dos años y medio para dictar los reglamentos necesarios para la ejecución de la ley, estando aún pendientes varios de estos. Más aún, se ha anunciado un proyecto de ley corta que perfeccione el proceso, sin conocerse su detalle, ni proyección de su desarrollo".

"A esto se suma el incumplimiento del Gobierno respecto de su promesa de ingresar, a más tardar en marzo de 2020, el proyecto de ley de rentas regionales, el cual, a la fecha, todavía no ingresa a tramitación al Congreso", dijo Mulet, quien agregó que el Ministerio de Hacienda decidió "reducir el presupuesto de los programas de inversión de los gobiernos regionales" para el presente año, lo que "establece un precedente preocupante".

falange

En tanto, el consejo nacional de la Democracia Cristiana llamó a los partidos de oposición "a pactar elecciones primarias" para definir los candidatos a alcaldes y gobernadores regionales "en las próximas elecciones de abril".

La instancia añadió: "Rechazamos cualquier intento -y bajo cualquier pretexto- de postergar la elección directa y democrática de las gobernaciones regionales. Esto significa no sólo el incumplimiento de la palabra empeñada por el Gobierno de Sebastián Piñera, sino también una falta a las regiones y a la necesaria descentralización, que no puede seguir esperando".

Se comenta mucho sobre la evolución de un proceso que vaya a cambiar la Constitución, se enfrentan pasiones de varios sectores, pero nos encontramos en la encrucijada económica, social, ambiental y cultural más importante de los últimos 100 años. Es esperable que, en este momento, diversas pasiones canalicen iniciativas que pueden generar altas expectativas en un proceso que corrija todos los males de la sociedad en un solo documento y lamentablemente, eso no ocurre por arte de magia.

En este contexto, la pregunta de fondo es poder identificar los elementos para que mientras dure la discusión, se avance priorizando el bien de Chile, vale decir, se avale un proceso evolutivo que permita que en caso de que gane el Apruebo o el Rechazo, nuestro país logre sostenerse sobre ciertos pilares institucionales de ordenamiento económico que permitan en el intertanto promover inversiones, trabajo e incentivos para que independiente del largo o profundidad de la discusión constitucional, podamos avanzar hacia una verdadera recuperación con adaptabilidad. En concreto, a partir de las economías referentes en materia de desarrollo e institucionalidad, más allá del Apruebo o Rechazo o las consecuencias que cada elección genere, en Sofofa hemos desarrollado una hoja de ruta que se hace cargo del debate constitucional que vendrá con el plebiscito y donde creemos que es importante abordar ciertos contenidos en los que se debería anclar la discusión política constitucional. Es así como sugerimos 7 pilares fundamentales: (i) Validar la propiedad privada y principio de no discriminación, en particular en caso de participación estatal en una actividad económica determinada; (ii) Acordar principio de responsabilidad y endeudamiento fiscal, estabilidad macroeconómica y autonomía del Banco Central; (iii) Definir el lugar donde desarrollar derechos sociales, si lo que se busca es generar un espacio en la Constitución para posibles interpretaciones judiciales o derechamente acordarlos como materia de ley; (iv) Rol de la modernización del Estado, en relación a estándares y transparencia, además de la autonomía y profesionalización de servicios clave como la DGA, SEA u otros fundamentales para el desarrollo del país; (v) Definir el mecanismo para validar los cambios constitucionales a través de un proceso ordenado e institucionalizado; (vi) validar una hoja de ruta inteligente para una adecuada descentralización; y (vii) la no discriminación entre géneros y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios como paragua para un adecuado marco de entendimiento.

Si el proceso político puede avanzar en aclarar estas 7 incógnitas, independiente del resultado del plebiscito, habremos podido sentar las bases para que entremos a un período en el que podamos con tiempo y sabiduría, avanzar en el desarrollo de las medidas constitucionales que resultarán decisivas para hacer de Chile un país más próspero, moderno e inclusivo.

*Matías Concha es consejero de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa.