Paola Rojas
Luego de que a principios de mes fueran tomados varios sitios de la ciudad, entre los cuales se encontraban cinco pertenecientes al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), de los cuales tres estaban destinados a proyectos sociales, cuatro de ellos ya fueron abandonados por los pobladores que los habían ocupado de forma ilegal.
Dentro de estos cinco terrenos del Serviu se encuentra el paño del predio Baquedano, que desde febrero de este año fue ocupado ilegalmente por familias que levantaron un campamento y llevan meses viviendo en el lugar.
El destino que se estableció para estos espacios contempla la construcción de nuevos proyectos habitacionales que estaban asignados a comités de vivienda que han esperado su casa propia durante años.
Las personas que estaban alojando en los sitios tomados, donde incluso ya se levantaban algunas casas, fueron notificadas la semana pasada por personal de Carabineros, con una orden de desalojo emanada de la Gobernación Provincial, medida que fue solicitada por el propietario de los sitios, es decir, el Serviu.
11 solicitudes pendientes
El gobernador provincial Daniel Lilayú detalló que en estos momentos hay un catastro de 21 tomas ilegales, de los cuales ya han desalojado tres de ellos (de propiedad del Serviu) y dos particulares que también se cuentan dentro de este número.
"Esto se ha logrado gracias al diálogo que hemos mantenido, acompañados también por carabineros y los mismos vecinos han ido saliendo de los terrenos", dijo el gobernador.
Agregó que en estos momentos hay once solicitudes de desalojo pendientes, de las cuales siete corresponden a terrenos fiscales y las otras cuatro a sitios municipales, sobre las cuales se está desarrollando el proceso administrativo para el desalojo.
"Esto no es así como se hacía antes, que de un día para otro el gobernador mandaba carabineros para sacar a la gente. Esto se debe evaluar desde el punto de vista legal y administrativo, para verificar que efectivamente los terrenos son de quienes lo piden", indicó el gobernador.
En el caso de los terrenos particulares, Lilayú aseguró que se ha conversado con los propietarios para que generen diálogo con los vecinos que han tomado sus sitios.
"Se han recuperado dos sitios particulares, de hecho los dueños fueron acompañados por el Serviu y han conseguido deponer la toma, lo cual se ha logrado porque el encargado de dicha entidad realiza un catastro con las personas y les indica cómo postular. Mucha gente lo ha aceptado", señaló la autoridad provincial.
La toma no es el camino
El director regional de Serviu, Fernando Gunckel, señaló que el acto de tomar un terreno es una situación que violenta la posibilidad de acceso a vivienda para otras familias que organizadamente, y a través de mecanismos oficiales, consiguen el apoyo del Estado.
"Pretender, mediante la fuerza, saltarse los procedimientos, perjudicando a otros, es algo que no avalamos como servicio y, por tanto, hemos tomado y seguiremos tomando las medidas tendientes a evitarlo. Aun así, tenemos toda la disponibilidad para apoyar a las familias que requieren una solución habitacional", concluyó.
5 terrenos que han sido tomados pertenecen al Serviu y algunos estaban destinados a viviendas sociales.