Preocupados por la escalada de falsos avisos de bomba que ha habido este año en los colegios osorninos, el Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem) de Osorno anunció a través de estas páginas que comenzarán a explorar modificaciones al reglamento escolar, a fin de aplicar mayores sanciones a los estudiantes que sean hallados culpables de estas advertencias que se hacen a través de teléfonos celulares. Como se ha reportado en este medio, durante este año se han registrado cinco avisos de instalación de explosivos en la ciudad (todos falsos), tres de los cuales han afectado a recintos educacionales en momentos en que se realizaban las actividades lectivas normales.

Naturalmente, cada vez que se produce uno de estos avisos, la prudencia indica que se deben activar los mecanismos de emergencia, obligando a la evacuación inmediata del plantel de centenares de alumnos y al arribo del equipo especializado de Carabineros (desde Puerto Montt), a fin de chequear la veracidad o no del llamado. Es probable que en cada uno de estos operativos ronde en el aire la certeza de que se está ante un aviso falso, pero sería extremadamente irresponsable pasar por alto los protocolos, desoír la advertencia y continuar con las clases como si nada.

Parece lógico que para frenar esta oleada de falsos e irresponsables avisos de bomba hay que empezar a aplicar mayores sanciones. Más que una broma, que es lo que tal vez piensan los jóvenes involucrados, se trata de una acción detrás de la cual hay inquietantes dosis de crueldad que no pueden dejarse pasar. Llamar por teléfono para infundir temor, a sus pares y profesores, está lejos de las prácticas civilizadas, menos en lo que debería ser un entorno educativo.

Considerando las sanciones que sondea el Daem de Osorno, y que incluso contemplarían la expulsión de los alumnos, hay que llamar la atención también sobre el rol de las familias. Ese debería ser el primer ámbito de formación en el cual quede claramente establecido que cada acción tiene sus consecuencias, más si aquellas significan una alteración del orden público. Nada puede ser gratis en este ámbito.

Los productores lecheros estamos en el camino de la valorización de nuestra producción, en la senda de la asociatividad y el cooperativismo, y con iniciativas concretas de crear nuevos productos y llegar a nuevos mercados. Sin embargo, ningún rubro puede avanzar si el entorno legislativo, impositivo, financiero y de apoyo estatal no generan un ambiente propicio para potenciarlo. Así, existen factores que los productores no manejan y los limitan en su desarrollo.

Uno de los temas pendiente es la permanente incertidumbre del Programa de Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD), el cual nace para mejorar la competitividad de los productores agropecuarios, pero que desde sus inicios ha sufrido múltiples modificaciones, incluso al punto de ser limitado para financiar otros programas de emergencia en otras regiones. Por lo tanto, solicitamos que este valioso programa no tenga recortes presupuestarios, sino por el contrario, sea potenciado con más recursos, debido a su positivo impacto presentado durante los años.

La segunda gran deuda pendiente es la falta de visión por parte del Estado y la banca para crear instrumentos financieros específicos, en línea con las demandas del sector agropecuario. Hoy, más que nunca, se requiere este tipo de alternativas para proyectos de producción primaria e integración vertical, considerando el importante estado de avance en asociatividad de los productores, quienes ya están elaborando productos, abriéndose en los mercados nacionales, y enviado las primeras partidas de lácteos al extranjero.

Otra piedra en la bota sin duda es la próxima entrada en vigencia de la guía de despacho electrónica. Lo que no se consideró en esta normativa es que en numerosos predios aún no existe conectividad a las redes de internet, y en la mayoría de los campos el ancho de banda es insuficiente para hacer este tipo de trámites. Por lo tanto, hacemos un urgente llamado para modificar esta indicación, y adaptarla a las condiciones de ruralidad presentes en Chile.

Si bien son muchas las áreas a mejorar, estos tres puntos son los que en la actualidad necesitan urgentemente los productores, y como asociación no podemos más que hacernos cargo de buscar las soluciones para estos grandes temas pendientes.

Marcos Winkler, presidente

de Aproleche Osorno