La casa propia siempre ha significado estabilidad, seguridad y prosperidad para cualquier familia. Sin embargo, en los últimos años, este legítimo anhelo ha pasado de ser sueño de miles de chilenos para convertirse en una verdadera pesadilla.

A pesar de que el Estado ha dedicado importantes esfuerzos para resolver el problema del déficit de vivienda, especialmente en los sectores más vulnerables, la demanda por casas sigue en aumento y adquiere ya matices de crisis. Hoy son más de 40 mil los grupos familiares que viven en campamentos y son más las personas que acuden a esta solución de emergencia, que las que acceden a una solución definitiva del Estado.

Desde principios de los años 90, la vivienda social fue un tema relevante para los gobiernos de la Concertación que, en atención a la elevada demanda que se expresaba a lo largo del territorio nacional, pusieron más énfasis en la cantidad de casas que en la calidad de éstas y de su entorno. Tal situación varió sustancialmente desde fines de los años 90 con la implementación de nuevas modalidades de subsidios, la integración de los conjuntos habitacionales, el acceso a servicios y la puesta en marcha de programas como Quiero mi Barrio.

Con todo, un grupo importante de chilenos -la clase media- ha quedado generalmente al margen de tales beneficios. Un estudio reciente presentado por la Cámara Chilena de la Construcción da cuenta de que, en comparación con parámetros internacionales, la vivienda en Chile califica como "severamente no alcanzable". En términos muy simples, esto quiere decir que el precio comercial de una vivienda es demasiado alto para el bolsillo de los chilenos.

Las razones que explican este fenómeno son múltiples, pero existe consenso entre los especialistas en cuanto a que hay al menos dos elementos que resultan determinantes: uno es el alto precio del suelo. El otro es el bajo ingreso de los chilenos.

Mientras tanto, algunos están haciendo muy buenos negocios para sí y abusan de la necesidad de un sector importante de nuestra sociedad, que se esfuerza por ofrecer a sus familias una mejor calidad de vida. Es necesario abrir un debate amplio sobre este tema. Lo que no podemos hacer es seguir dependiendo de que el libre mercado sea el regule, ordene y resuelva. En este caso, como en varios otros, queda claro que el mercado, lejos de ser parte de la solución, es más bien parte del problema.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos

Hace poco más de dos años, venciendo el lógico temor que hay hacia los largos y pesados brazos de la delincuencia, comenzó a filtrarse a la prensa una serie de episodios vinculados a balaceras nocturnas en determinados sectores de Rahue Alto, sin conocerse en ese momento la naturaleza, causas ni responsables de aquellas. Conforme fueron pasando los días, y ante la gravedad que fueron tomando los tiroteos que aparentemente no tenían destino, progresivamente los pobladores fueron envalentonándose para, con nombre y apellido, advertir públicamente de lo que ocurría, a fin de exigirle tanto al gobierno de la época como a Carabineros que se tomaran en serio incidentes más propios de una ciudad como Santiago y no de Osorno.

En ese momento, incluso desde la Gobernación Provincial se intentó minimizar lo que pasaba, hasta que la inacción de las autoridades dio valor a los autores de balazos, que pasaron de los tiros al aire a apuntar directamente a otros o, lo que afortunadamente no arrojó consecuencias más graves, a lo que se conoce como "balas locas". Allí fue imposible no reaccionar. Se involucró el Ministerio Público y la investigación le dio la razón a la tesis de los vecinos: se trataba de enfrentamientos territoriales entre grupos de traficantes locales y una banda proveniente de Santiago conocida como "Los Santiaguinos", algunos de cuyos integrantes fueron detenidos en redadas policiales y cumplen hoy penas efectivas de cárcel.

¿A qué todo esto? Pues a que han vuelto a aflorar en Rahue Alto, esta vez en otras poblaciones, las temidas balaceras nocturnas sin destinatarios ni destino, atemorizando a decenas de habitantes que esperan una respuesta pronta y efectiva de parte del Gobierno y los organismos policiales. La experiencia de 2017 fue lo suficientemente decidora acerca de lo riesgoso que es no enfrentar de inmediato las denuncias que se formulan. Si quienes están a cargo no reaccionan como se espera, los responsables de esta sensación de inseguridad ciudadana terminarán copando espacios que le son propios a la comunidad. Tanto los representantes locales del Gobierno como Carabineros tienen ahora la palabra.