El Informe sobre la Ley de Pesca preparado por la FAO a solicitud del Gobierno entrega, más que propuestas, una serie de recomendaciones del todo atendibles y que deben ser consideradas en la necesaria reforma de la cuestionada legislación pesquera chilena. El documento de la FAO establece cinco criterios para la asignación de recursos pesqueros.

Estos son la conservación, el rendimiento económico, la viabilidad administrativa, los valores sociales y la aceptabilidad política. Los dos últimos han estado, hasta ahora, muy lejos de la discusión pública, a pesar de su innegable importancia.

Dentro de los valores sociales a los que alude la FAO, están la transparencia y la equidad. Así, un sistema de asignación de los derechos y/o recursos pesqueros sólo será aceptable si es transparente y equitativo, lo que por cierto no ocurre hoy en Chile. La equidad, por tanto, no es un aspecto periférico o lejano a la actividad pesquera, al igual que tampoco lo son el cambio climático y la seguridad alimentaria. La cuestión relativa a la transparencia es todavía más evidente. Prácticamente no hay nadie que niegue la opacidad en la tramitación de la ley vigente. Respecto del criterio de la aceptabilidad política, la FAO sostiene que se trata de "un requisito para aprobar y sostener en el tiempo el sistema de asignación de derechos de pesca", requisito que la actual legislación no cumple.

Hace poco más de un año, junto con las senadoras Goic y Muñoz presentamos una moción para modificar la Ley de Pesca. En esta propuesta consignamos la necesidad de reafirmar el carácter público de los recursos del mar; el establecimiento de licencias transables por 10 años, sujetas a licitaciones sucesivas y anuales; la extensión a todo el territorio de las cinco millas de protección para la pesca artesanal, la eliminación de la pesca de arrastre y la ampliación de la cuota del consumo humano. Todos esos aspectos aparecen hoy alineados con las propuestas de la FAO, en tanto ponen especial énfasis en la protección de la pesca artesanal, de los recursos pesqueros y los ecosistemas marinos con la intención de preservar nuestras riquezas para el país y las generaciones futuras.

Tal como lo señaláramos hace ya varios meses, las recomendaciones de la FAO no constituyen por sí solas un proyecto de ley ni mucho menos. Sin embargo, contribuyen al enriquecimiento del debate y a ampliar los límites de la discusión acerca de la legislación pesquera que como sociedad necesitamos y con cuya modificación estamos comprometidos.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por Los Lagos

Hace exactamente diez años, las autoridades y actores políticos de Osorno seguían analizando las implicancias del resultado de la consulta ciudadana a la que se convocó a la comunidad para pronunciarse sobre la región a la cual querían pertenecer: si mantenerse en Los Lagos, con capital Puerto Montt, o plegarse a la nueva Región de Los Ríos, teniendo a Valdivia como cabecera. La campaña previa por parte de las dos posturas fue inusualmente activa para un proceso eleccionario que no era vinculante, y que se reflejó finalmente en que 21 mil personas acudieron a sufragar el domingo 20 de noviembre de 2006. El pronunciamiento de los osorninos fue contundente, el 92 por ciento de la ciudadanía optó por quedarse en Los Lagos, en una decisión que sociológicamente todavía espera mayores estudios para explicar tal diferencia.

Aunque en un país excesivamente centralizado como Chile la conformación de nuevos territorios podría considerarse como un tema de menor importancia, los números de inversión estatal, al menos la que se recibe desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), muestran que Valdivia y Osorno han tomado caminos distintos. Si bien hasta antes de la división de Los Lagos exhibían montos similares, la capital de la Región de Los Ríos fue progresivamente recibiendo un mayor FNDR que Osorno, ciudad de similares caractertísticas. Actualmente, Valdivia ya obtiene el triple de FNDR que Osorno, proporción que probablemente continuará aumentando si las autoridades locales no comienzan a exigir un trato especial para la provincia.

Cuando se debatía acerca de si optar por Los Lagos o Los Ríos, hubo numerosas promesas para traer a Osorno una mayor presencia estatal, partiendo, por ejemplo, por traer hasta acá a la Seremi de Agricultura o a Indap. Pero nada de eso ha ocurrido. Si la ciudad ha crecido en los últimos años ha sido en gran parte por la gestión de sus representantes comunales y el sector privado, pero no por la inversión estatal, que es casi la misma de hace una década.

Asumiendo que la solución difícilmente va por la creación de nuevas regiones, es hora de que se cumplan los compromisos y, además, de que el Estado prodigue un mejor trato a los osorninos.

Hace exactamente diez años, las autoridades y actores políticos de Osorno seguían analizando las implicancias del resultado de la consulta ciudadana a la que se convocó a la comunidad para pronunciarse sobre la región a la cual querían pertenecer: si mantenerse en Los Lagos, con capital Puerto Montt, o plegarse a la nueva Región de Los Ríos, teniendo a Valdivia como cabecera. La campaña previa por parte de las dos posturas fue inusualmente activa para un proceso eleccionario que no era vinculante, y que se reflejó finalmente en que 21 mil personas acudieron a sufragar el domingo 20 de noviembre de 2006. El pronunciamiento de los osorninos fue contundente, el 92 por ciento de la ciudadanía optó por quedarse en Los Lagos, en una decisión que sociológicamente todavía espera mayores estudios para explicar tal diferencia.

Aunque en un país excesivamente centralizado como Chile la conformación de nuevos territorios podría considerarse como un tema de menor importancia, los números de inversión estatal, al menos la que se recibe desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), muestran que Valdivia y Osorno han tomado caminos distintos. Si bien hasta antes de la división de Los Lagos exhibían montos similares, la capital de la Región de Los Ríos fue progresivamente recibiendo un mayor FNDR que Osorno, ciudad de similares caractertísticas. Actualmente, Valdivia ya obtiene el triple de FNDR que Osorno, proporción que probablemente continuará aumentando si las autoridades locales no comienzan a exigir un trato especial para la provincia.

Cuando se debatía acerca de si optar por Los Lagos o Los Ríos, hubo numerosas promesas para traer a Osorno una mayor presencia estatal, partiendo, por ejemplo, por traer hasta acá a la Seremi de Agricultura o a Indap. Pero nada de eso ha ocurrido. Si la ciudad ha crecido en los últimos años ha sido en gran parte por la gestión de sus representantes comunales y el sector privado, pero no por la inversión estatal, que es casi la misma de hace una década.

Asumiendo que la solución difícilmente va por la creación de nuevas regiones, es hora de que se cumplan los compromisos y, además, de que el Estado prodigue un mejor trato a los osorninos.

El Informe sobre la Ley de Pesca preparado por la FAO a solicitud del Gobierno entrega, más que propuestas, una serie de recomendaciones del todo atendibles y que deben ser consideradas en la necesaria reforma de la cuestionada legislación pesquera chilena. El documento de la FAO establece cinco criterios para la asignación de recursos pesqueros.

Estos son la conservación, el rendimiento económico, la viabilidad administrativa, los valores sociales y la aceptabilidad política. Los dos últimos han estado, hasta ahora, muy lejos de la discusión pública, a pesar de su innegable importancia.

Dentro de los valores sociales a los que alude la FAO, están la transparencia y la equidad. Así, un sistema de asignación de los derechos y/o recursos pesqueros sólo será aceptable si es transparente y equitativo, lo que por cierto no ocurre hoy en Chile. La equidad, por tanto, no es un aspecto periférico o lejano a la actividad pesquera, al igual que tampoco lo son el cambio climático y la seguridad alimentaria. La cuestión relativa a la transparencia es todavía más evidente. Prácticamente no hay nadie que niegue la opacidad en la tramitación de la ley vigente. Respecto del criterio de la aceptabilidad política, la FAO sostiene que se trata de "un requisito para aprobar y sostener en el tiempo el sistema de asignación de derechos de pesca", requisito que la actual legislación no cumple.

Hace poco más de un año, junto con las senadoras Goic y Muñoz presentamos una moción para modificar la Ley de Pesca. En esta propuesta consignamos la necesidad de reafirmar el carácter público de los recursos del mar; el establecimiento de licencias transables por 10 años, sujetas a licitaciones sucesivas y anuales; la extensión a todo el territorio de las cinco millas de protección para la pesca artesanal, la eliminación de la pesca de arrastre y la ampliación de la cuota del consumo humano. Todos esos aspectos aparecen hoy alineados con las propuestas de la FAO, en tanto ponen especial énfasis en la protección de la pesca artesanal, de los recursos pesqueros y los ecosistemas marinos con la intención de preservar nuestras riquezas para el país y las generaciones futuras.

Tal como lo señaláramos hace ya varios meses, las recomendaciones de la FAO no constituyen por sí solas un proyecto de ley ni mucho menos. Sin embargo, contribuyen al enriquecimiento del debate y a ampliar los límites de la discusión acerca de la legislación pesquera que como sociedad necesitamos y con cuya modificación estamos comprometidos.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por Los Lagos