El Informe sobre la Ley de Pesca preparado por la FAO a solicitud del Gobierno entrega, más que propuestas, una serie de recomendaciones del todo atendibles y que deben ser consideradas en la necesaria reforma de la cuestionada legislación pesquera chilena. El documento de la FAO establece cinco criterios para la asignación de recursos pesqueros.
Estos son la conservación, el rendimiento económico, la viabilidad administrativa, los valores sociales y la aceptabilidad política. Los dos últimos han estado, hasta ahora, muy lejos de la discusión pública, a pesar de su innegable importancia.
Dentro de los valores sociales a los que alude la FAO, están la transparencia y la equidad. Así, un sistema de asignación de los derechos y/o recursos pesqueros sólo será aceptable si es transparente y equitativo, lo que por cierto no ocurre hoy en Chile. La equidad, por tanto, no es un aspecto periférico o lejano a la actividad pesquera, al igual que tampoco lo son el cambio climático y la seguridad alimentaria. La cuestión relativa a la transparencia es todavía más evidente. Prácticamente no hay nadie que niegue la opacidad en la tramitación de la ley vigente. Respecto del criterio de la aceptabilidad política, la FAO sostiene que se trata de "un requisito para aprobar y sostener en el tiempo el sistema de asignación de derechos de pesca", requisito que la actual legislación no cumple.
Hace poco más de un año, junto con las senadoras Goic y Muñoz presentamos una moción para modificar la Ley de Pesca. En esta propuesta consignamos la necesidad de reafirmar el carácter público de los recursos del mar; el establecimiento de licencias transables por 10 años, sujetas a licitaciones sucesivas y anuales; la extensión a todo el territorio de las cinco millas de protección para la pesca artesanal, la eliminación de la pesca de arrastre y la ampliación de la cuota del consumo humano. Todos esos aspectos aparecen hoy alineados con las propuestas de la FAO, en tanto ponen especial énfasis en la protección de la pesca artesanal, de los recursos pesqueros y los ecosistemas marinos con la intención de preservar nuestras riquezas para el país y las generaciones futuras.
Tal como lo señaláramos hace ya varios meses, las recomendaciones de la FAO no constituyen por sí solas un proyecto de ley ni mucho menos. Sin embargo, contribuyen al enriquecimiento del debate y a ampliar los límites de la discusión acerca de la legislación pesquera que como sociedad necesitamos y con cuya modificación estamos comprometidos.
Rabindranath Quinteros Lara, senador por Los Lagos