La abogada de la denunciante del exsubsecretario Manuel Monsalve por abuso sexual y violación, María Elena Santibáñez, dijo ayer que "me parece completamente incomprensible" el manejo del Gobierno frente al caso, que facilitó un avión de Carabineros para un viaje de la exautoridad, mantuvo un silencio de 48 horas tras conocer la denuncia, el mismo tiempo que siguió la ahora exautoridad ejerciendo su cargo como si nada hubiera ocurrido.

"Uno puede decir que 'hay una denuncia y hay que ver qué pasa acá', lo que es incomprensible es que no es que se hayan enterado de que existía una denuncia, sino que había un fiscal (Xavier Armendáriz) con una orden de incautación. O sea, hubo un juez que dio esa orden, entonces no estamos hablando sólo de una denuncia" al momento de evaluar la salida de Monsalve, dijo la querellante ayer en radio Cooperativa.

Santibáñez, no obstante, valoró que la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconociera ante la comisión investigadora en el Congreso que "claramente hubiera sido mejor dejar cerrada esta definición el miércoles (16) en la tarde", cuando el exsubsecretario volvió de explicar a su familia lo ocurrido, en la Región del Biobío. La renuncia ocurrió al día siguiente, tras exponer en el Congreso y la publicación de la denuncia en La Segunda.

Por otra parte, la defensa de Monsalve retiró ayer el recurso de amparo interpuesto en la Corte de Apelaciones, luego de que en la víspera se decidiera mantener en prisión preventiva a Monsalve, pese a solicitar arresto domiciliario. A esto se añade la renuncia de una de sus abogadas, María Inés Horvitz.

El recurso había sido interpuesto luego de que Monsalve acusara amenazas en su contra en la cárcel de Rancagua, debido a su condición de exsubsecretario y responsable de la seguridad del país, por lo que fue trasladado a Capitán Yáber. Ex-Ante publicó ayer que Monsalve separó bienes con su esposa seis días antes de ser detenido, mientras permanecía en Viña del Mar.

El Presidente Gabriel Boric se refirió ayer a la denuncia por difusión indebida de imágenes íntimas en su contra, conocida esta semana aunque fue interpuesta a comienzos de septiembre: en 33 segundos afirmó que a esto "ya se ha referido muy claramente la vocera de Gobierno (Camila Vallejo) y mi abogado (en la causa, Jonatan Valenzuela) y estoy aquí para ocuparnos de lo que realmente les importa a los chilenos y chilenas: que las instituciones hagan su trabajo, que el Gobierno gobierne y que las autoridades estemos en terreno cumpliéndole a la gente".

La respuesta llamó la atención, porque frente a la otra denuncia que ha puesto el foco en La Moneda, por abuso sexual y violación interpuesta por una funcionaria de la subsecretaría del Interior contra su superior, el exsubsecretario Manuel Monsalve, Boric explicó la situación durante 53 minutos. Contradicciones entre lo dicho aquel 18 de octubre y lo declarado a la Fiscalía 11 días después, despertaron suspicacias.

En el caso de la denuncia que afecta al Presidente -ingresada el 6 de septiembre -se trata de hechos que habrían ocurridos hace diez años. El propio Boric informó la existencia del recurso legal a los ministros, el 14 de octubre. Al día siguiente, el Mandatario conoció que había una causa contra Monsalve.

Lo que se conoce sobre la que afecta al Mandatario es que la interpuso una mujer que dice haber hecho su práctica profesional con Boric en Punta Arenas hace diez años.

El jefe de Estado hizo públicos 25 correos electrónicos en que la denunciante expresa sentimientos hacia Boric, quien responde en forma escueta. Los textos fueron enviados desde varias direcciones de correo y, en uno de ellos, habría adjuntas fotos de carácter explícito.

El abogado de la mujer, el martes en la noche, negó el envío de fotos por correo y habló de un pendrive que habría perdido en 2014 con el material, el que habría sido publicado en internet. La Fiscalía confirmó que Boric es investigado en calidad de imputado por eventual "difusión indebida de imágenes íntimas".

Información reservada

Sobre cómo La Moneda se enteró de la denuncia, Vallejo señaló el martes que "equipos de Presidencia hacen pesquisas, revisiones recurrentes de información que es pública, que pueda tener alguna relevancia": al tratarse de una causa de índole sexual, los datos no son públicos, razón por la cual la Fiscalía inició una investigación por eventual acceso indebido a datos reservados.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo que "el Gobierno no tiene nada que referirse sobre este punto", palabras a las que se unió ayer el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, en Radio Agricultura: "Cordero precisó el punto".

El representante legal de Boric, Jonatan Valenzuela, ayer dijo que su otro abogado, Miguel Schürmann (quien detectó la denuncia), explicó de manera "transparente, legítima, (cómo) realiza búsquedas de información que pueda ser de relevancia", a través del RUT del Presidente. "Respecto de las filtraciones, eso es resorte de la Fiscalía y la Fiscalía tomará sus propias decisiones".

El exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe (PPD), señaló en Radio Infinita que se tendrá que probar "cómo se utilizó el sistema y si realmente ocurrió (el acceso a información de la causa) quiere decir que el sistema tiene una vulnerabilidad enorme, porque podría estar alertando a criminales de las diligencias que puede iniciar el Ministerio Público".

Vallejo señaló el martes que la denuncia se basa en "hechos que son completamente falsos". Ayer, Elizalde indicó que "en un país donde existe libertad de expresión, cuando se imputa una falsedad al Presidente, la vocera, si se le consulta, tiene que dar su opinión, y creo que las críticas que se han presentado a la ministra Vallejo son absurdas".