El título hace referencia al llamado del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia (agosto, 2023), cuyo propósito es "trazar la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborar con las investigaciones judiciales y ayudar a configurar la memoria y la garantía de no repetición". Al mismo tiempo, siembra la esperanza en cientos de familias -luego de décadas- sobre el destino de sus seres queridos. Es sin duda un esfuerzo tardío, sin embargo, plantea la voluntad del Estado de hacer cumplir una de las tareas pendientes en esta materia, relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas durante el régimen militar, haciendo eco a su vez de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

Como en otros casos, en Chile han sido los familiares y sus organizaciones quienes han liderado la denuncia respecto de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. Asimismo, han luchado por lograr verdad, justicia y por el derecho a conocer las circunstancias respecto de lo acontecido con sus familiares detenidos y desaparecidos, interpelando a la democracia con la pregunta ¿dónde están?. En esta lucha han encausado sus vidas quienes integran las agrupaciones de familiares de víctimas, encabezadas mayoritariamente por mujeres, resistiendo al olvido.

Es admirable que, a pesar de todo, del desgarro de sus historias, se mantengan de pie, junto a sus familias exigiendo justicia. Sus biografías revelan la entereza y convicción de su búsqueda. Es también un deber de memoria reconocer su legado. Muchas de ellas han fallecido sin tener respuestas. Quienes quedan, continúan con la prístina esperanza de encontrar aquel pequeño rastro que lleve a dar con el paradero de sus seres queridos.

Por esta razón el Plan de Búsqueda no sólo cumple una obligación de Estado, sino también es una forma de no olvidar temas pendientes en materia de derechos humanos y memoria histórica donde la democracia y quienes gobiernan tienen un aprendizaje.

Como señala en su primer informe la Mesa Técnica de Archivos Públicos del Plan Nacional de Búsqueda, es gracias a la temprana denuncia realizada por las familias y organizaciones de la sociedad civil como el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, entre otros, cuyo propósito fue dar asistencia sociojurídica, generando la conformación de archivos que más tarde respaldó y sostuvo el trabajo de calificación de las comisiones de verdad.

El acceso a los archivos públicos ha sido una demanda ciudadana y por primera vez el Estado lo asume como parte de la política pública. De ahí también la relevancia para realizar trabajos de memoria con pertinencia territorial.

El robo de cables de electricidad y de telecomunicaciones es un delito que a nivel nacional afecta a varias ciudades y zonas rurales, pero especialmente a los clientes, que ven interrumpidas sus comunicaciones y el suministro de energía.

El alto precio del cobre ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables de las redes para venderlos en el mercado negro e incluso se estima que falsifican documentos para su exportación a países vecinos. Estas acciones vandálicas interrumpen los servicios, dejan incomunicados a hogares y empresas y obligan a suspender la atención en servicios públicos de salud, educación, bancarios, semáforos o cajeros automáticos, lo que genera un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de las actividades.

Este delito ha aumentado de manera explosiva a nivel nacional desde 2022 a la fecha. El hurto de este tipo de material se ha transformado en el nuevo negocio ilegal de las bandas de crimen organizado. En el caso de las redes de las compañías de telecomunicaciones, esto ocurre a lo largo de todo Chile y con mayor presencia en las zonas más vulnerables del país, que es precisamente donde las empresas telefónicas enfrentan el desafío de reducir la brecha digital. Se estima que participan bandas organizadas, que disponen de vehículos, escalas y herramientas para retirar las redes eléctricas o de telecomunicaciones, con el fin de vender el cobre que contienen, en chatarrerías formales o informales. Pero cuando se daña la fibra óptica de telecomunicaciones, se requieren complejos procesos de reparación.

Las empresas señalan que es relevante generar conciencia y fomentar la denuncia por parte de la ciudadanía. La situación es preocupante, porque es un delito que ha aumentado de manera importante, sobre todo en los sectores rurales, donde muchas veces no hay testigos, por tratarse de lugares aislados. Por ello, en las reuniones de las mesas de trabajo se realizan diagnósticos; se buscan los puntos críticos en los que se producen los robos y se analizan los destinos que pueda tener el material robado. Estos delitos no sólo implican que las personas queden sin suministro eléctrico, sino también la interrupción de servicios públicos que son importantes para la ciudadanía.