En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo, fluyeron numerosos artículos, entrevistas y columnas acerca de la importancia capital que tiene esta garantía para el ejercicio del resto de las libertades en un sistema democrático. En cada uno de ellos se abordó el estado actual de la libertad de prensa, el deber de los gobiernos, el factor emergente de las empresas de tecnología responsables de las redes sociales y el papel de los medios y periodistas a la hora de informar a la opinión pública.

Cierto es que cada época tiene su afán. La actual ofrece lo que hoy se denomina como un "ecosistema" de medios, atenazado por gobiernos a los que les cuesta resistir la tentación del control o direccionamiento y redes sociales que han emporcado al límite el debate público. Hoy por hoy, el uso indebido de las plataformas de internet, sin responsables ni domicilio conocido, y con propósitos ajenos a la información, tiene ahorcada a la sana posibilidad de formación de opinión pública; y cada día que pase en esta condición de reinado de "noticias falsas", la democracia va perdiendo legitimidad en una tarea de largo aliento.

No obstante, esta amenaza global no es la única que se cierne sobre la libertad de prensa. Replicando ingratos ejemplos de otras latitudes, a menudo se le intenta restar valor al trabajo de los periodistas mediante manidas frases como "es un invento", "es culpa de la prensa", o bien el envío de mensajes, escritos u orales, que tratan de inhibir el rol propio de los medios.

Tristemente, esto se realiza a nivel nacional y también local. Teniendo como escenario de fondo los casos de irregularidades detectados en el Caso Convenios, por ejemplo, al comienzo, lo más conveniente fue apuntar contra tal o cual reportaje, como si "matando al mensajero" se pudiese torcer la realidad. Los porfiados hechos, con el tiempo, fueron demostrando que lo que hizo la prensa fue informar de hechos objetivos y comprobables, al punto que prácticamente todas las denuncias realizadas se encuentran hoy bajo la lupa de la persecución penal.

Es fundamental que en esta era de noticias falsas

y redes sociales sin cerebro ni razón, la prensa siga cumpliendo con su labor, pese a todo.

Durante los últimos meses, el Estado chileno ha estado inmerso en un proceso de revisión y actualización de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, promulgada en el año 1994.

En estas tres décadas, esta política ha propiciado el desarrollo de ciertas áreas del territorio costero, mientras que otras han quedado rezagadas, especialmente en lo que respecta al ordenamiento y la gestión de las áreas costeras para el uso sustentable de los recursos naturales y culturales, en armonía con las actividades productivas que se desarrollan en este espacio.

La nueva Política Nacional Costera debe hacer frente a estos desafíos y procurar el bienestar de las comunidades que habitan en estos lugares.

Para lograrlo, se han identificado cuatro aspectos fundamentales: la adopción del concepto de zona costera en lugar del de borde costero, el enfoque ecosistémico, la promoción del interés general de su uso a través de una gestión integrada de las costas, y el fortalecimiento de la coordinación entre los organismos estatales competentes en este territorio.

La novedad en la actualización de esta política radica en la implementación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como instrumento de gestión ambiental. La EAE incluye procesos participativos y la creación de un Consejo Académico Consultivo (CAC) que opera en cuatro macrozonas del país: Norte, Centro, Sur y Sur Austral. La Región de Los Lagos forma parte de esta última macrozona, junto con las regiones de Aysén y Magallanes.

En lo que respecta al CAC, está conformado por académicos de universidades y centros de estudio representativos del país, y su función es abordar las preguntas fundamentales de la nueva política costera. Sin embargo, como integrante de este consejo, también debemos ser garantes de las particularidades, problemáticas y desafíos propios de la zona costera a la que representamos.

Se espera que las contribuciones de este consejo se reflejen en la nueva Política Nacional Costera y que sirvan como directrices claras para una zona frágil, de extensión variable y dinámica, que requiere medidas de resguardo y recuperación ambiental.