La huelga nacional impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera de Argentina, promete paralizar hoy el país vecino en contra de las reformas estructurales que busca implementar el Ejecutivo de Javier Milei.

Durante el paro frenarán las principales actividades económicas a lo largo y ancho del territorio argentino durante 24 horas, aunque sin una gran movilización, como la del pasado 24 de enero, bajo el lema "La patria no se vende" ante el "ajuste brutal" que, denuncian los sindicatos, pretende la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, proyecto estrella del mandatario ultraliberal.

Entre las reformas incluidas en la ley que ya obtuvo media sanción en Diputados, que ahora espera por su tratamiento en el Senado, se encuentran la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, privatización de empresas, establecimiento de un régimen especial de inversiones y una reforma laboral, denominada "modernización".

Uno de los capítulos más preocupantes para los gremios son las posibles privatizaciones de empresas públicas, así como la extensión de los períodos de prueba que las empresas podrían imponer desde la aprobación del proyecto de ley y la modificación de las indemnizaciones por despido.

El Ejecutivo denunció ayer, en boca de su portavoz, Manuel Adorni, que casi 6,6 millones de personas se verán afectadas el jueves porque "no tendrán servicio de transporte" y reiteró que "el paro no tiene una justificación aparente", algo ya comentado en la víspera, cuando lo calificó de "político".

Este es el segundo paro general convocado por la CGT desde que asumió el Gobierno de Milei, el pasado 10 de diciembre de 2023, tras el del 24 de enero.

La principal central sindical argentina no convocó ninguno bajo el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) y el último databa de mayo de 2019, bajo la gestión del centroderechista Mauricio Macri (2015-2019), quien vivió cinco huelgas globales.

Hoy paralizarán el transporte público, aerocomercial y de carga, la banca, el comercio (en su mayoría), la educación y la recolección de residuos; mientras que la salud prestará una atención mínima, priorizando cualquier emergencia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró ayer que el país inició "un golpe de Estado" con la recomendación favorable que presentaron dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se formulen cargos en su contra por el presunto financiamiento irregular de su campaña.

"Si la Constitución dice que el presidente de la República no puede ser juzgado por una entidad diferente a la Comisión de Acusaciones (de la Cámara) (...) ¿Por qué dos entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente? Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia", afirmó el mandatario.

Los magistrados del CNE Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, que tienen a cargo la investigación, radicaron la ponencia que también pide que se formulen cargos contra Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal Ecopetrol y que fue su gerente de campaña, según revelaron medios locales.

Al respecto, Petro, que habló durante una jornada de 'Gobierno con los barrios populares' en Cartagena de Indias, dijo que lo anunciado ayer significa que "11 millones y medio de colombianos (que votaron por él en la segunda vuelta de las elecciones de 2022) van a perder sus derechos políticos".

"No porque ningún juez penal haya dictaminado que son criminales, sino porque así lo decidió la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción. Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos de la politiquería así lo quieren", añadió y dijo que seguirá en el cargo "hasta donde el pueblo diga".

"Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la República sólo tiene un comandante al frente", concluyó.

La ponencia presentada por los dos magistrados será discutida por la sala plena del CNE, compuesta por nueve miembros, que decidirán si la admiten para seguir adelante con el proceso, para lo que necesitan los votos de al menos cinco magistrados, o si, por el contrario, lo archivan.

Este caso se remonta a febrero de 2023 cuando el CNE abrió una indagación preliminar contra la campaña presidencial de Petro por presuntas irregularidades en su financiamiento.

Entonces, ese organismo dijo que la indagatoria se abrió "con base en la queja anónima presentada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial" del Pacto Histórico, la coalición de izquierda que llevó Petro al poder en 2022.

Más problemas

Ayer también, otro escándalo sacudió al corazón del gobierno de Petro cuando la Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció que citó a declarar al ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, y a otras personas, como parte de una investigación por la supuesta utilización indebida de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el pago de sobornos en el Congreso.

Velasco deberá ir a la Corte el 31 de mayo "en desarrollo de la indagación previa abierta de oficio tras las declaraciones de los exfuncionarios Sneyder Pinilla y Olmedo López", informó el alto tribunal.

El ministro Velasco fue director encargado de la UNGRD por cerca de un mes en abril de 2023.

La diligencia será encabezada por el magistrado Francisco Farfán, con la hipótesis de que se cometieron los delitos de "cohecho propio y un posible enriquecimiento ilícito".

Olmedo López, exdirector de la UNGRD y principal implicado en la trama de corrupción por la supuesta malversación de recursos de esa entidad, declaró el martes por primera vez ante la Fiscalía.

La prensa denunció hace varias semanas la malversación de unos 12 millones de dólares de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a las zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.

El caso creció el viernes pasado luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, reveló a la revista Semana que con dinero de esa entidad se pagaron sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio de que impulsaran en el legislativo las reformas sociales del presidente colombiano, Gustavo Petro.