El planeta enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, por lo que la educación emerge como un pilar fundamental para lograr avanzar hacia una sociedad más sustentable y respetuosa. Sin embargo, educar en tiempos de crisis es un desafío en sí mismo.

Nuestra evolución nos ha llevado a dominar la naturaleza de manera asombrosa, aunque, paradójicamente, también nos ha alejado de ella. La adaptación, de acuerdo al análisis de Lesly Orellana, directora de Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello, ya no se limita a la sobrevivencia en un entorno dinámico, sino en cómo cambiar nuestra relación con el entorno. Necesitamos adaptarnos a un modelo de desarrollo sostenible, donde el bienestar humano y el cuidado del planeta vayan de la mano.

Las especies que mejor se adaptan son las que colaboran entre sí, asegura la reconocida bióloga Lynn Margulis, argumentando que la vida en la Tierra no se desarrolló principalmente a través de la competencia como creía Darwin, sino más bien a través de la cooperación entre diferentes organismos.

La colaboración se presenta como otra pieza clave en este rompecabezas educativo. La crisis ambiental es un problema global y requiere soluciones globales. Ya no podemos permitirnos actuar de forma aislada; necesitamos trabajar juntos, desde la comunidad local hasta la escena internacional.

La formación debe ser inclusiva, colaborativa y transformadora. El bienestar del planeta nos invita a reflexionar sobre estos desafíos y a comprometernos con la educación como una vía para construir un futuro más justo y sostenible. Tenemos un solo planeta y, lamentablemente, el tiempo para actuar se agota.

La semana pasada, en el Diario Oficial el Ministerio de Agricultura anunció orientaciones para el reconocimiento y la protección de las semillas tradicionales, relevando la importancia de su conservación e intercambio por parte de pequeños agricultores. Poco después, la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas Rurales publicó una carta advirtiendo del riesgo de formalizar, situando en manos ministeriales, estas prácticas. En ella señalan que las medidas del gobierno son impracticables y que restan legitimidad al rol de quienes cuidan y preservan estas semillas. Quiero centrarme en este último punto.

Al observar el mundo rural suelen presentársenos sesgos que obstaculizan el ejercicio de su ciudadanía. En efecto, ciudadanía parece contraponerse al concepto de ruralidad, asociándola a lo urbano y a los centros de poder. Sin embargo, podemos identificar notables diferencias que muestran que el ejercicio ciudadano puede ser más intenso y tener consecuencias más concretas en las zonas rurales.

Por ejemplo, es posible habitar una ciudad sin conocer el nombre de sus autoridades ni de las empresas que demandan más mano de obra. Es posible que no requiera activar redes públicas, privadas y comunitarias para resolver asuntos fundamentales, como la salud, la provisión de agua potable o la conectividad. Quien habita una zona rural, en cambio, podrá narrar del trato directo con concejales y seremis, de reuniones con dueños de empresas y del complejo entramado tras la resolución de cualquier urgencia.

Constatamos una invisibilización de lo político del habitar el medio rural. En esto juegan un rol la dispersión, el centralismo y las brechas epistémicas, facilitando una mirada general que no recoge las particularidades locales ni indaga en sus regularidades.

¿Cómo avanzamos en el reconocimiento de las ciudadanías rurales?. Es clave valorar las prácticas de diálogo, deliberación y negociación, reconociendo las condiciones asimétricas que las caracterizan. Además, es necesario observarlas sin la rigidez del aparato burocrático; se trata de no llevar el sentido de formalidad al punto de generar normas rígidas que no conectan con el dinamismo y la innovación de las prácticas rurales.