El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que triplicará los aranceles que ya pesan sobre el acero y el aluminio procedentes de China, una medida que busca conquistar el voto obrero del estado clave de Pensilvania, pero que podría enojar a Pekín.

"Voy a considerar triplicar los aranceles tanto del acero como del aluminio procedentes de China", manifestó en una reunión en la sede del sindicato de los trabajadores de la siderurgia en Pittsburgh, conocida como la "ciudad del acero".

El arancel que se aplica actualmente a ciertos productos de acero y aluminio es del 7,5%, por lo que triplicarlo significaría elevarlo al 22,5%. Sin embargo, esa subida no entraría en vigor de inmediato, ya que antes debe pasar por un proceso de revisión.

Según explicó la Casa Blanca, el Gobierno estadounidense también lanzará una investigación sobre las prácticas comerciales chinas en los sectores de construcción naval, marítimo y logístico, lo que podría derivar en más aranceles.

El anuncio de Biden refleja cómo su política comercial se está viendo influenciada por sus intentos para ganarse el apoyo de la clase trabajadora, que en los últimos años ha sintonizado con las propuestas proteccionistas de Donald Trump.

Estados Unidos anunció ayer que revierte parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, al acusar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.

El Departamento del Tesoro decidió no renovar el alivio que vence esta medianoche y puso de fecha límite hasta el 31 de mayo para que las empresas extranjeras frenen todas las operaciones de producción y exportación de petróleo y gas que han tenido durante los últimos seis meses.

La administración de Joe Biden emitió en octubre pasado una licencia que por seis meses levantó las sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela, como un incentivo para que Maduro cumpliera con los acuerdos pactados con la oposición antichavista para unas elecciones democráticas y competitivas.

Pero María Corina Machado, candidata favorita de la oposición, fue inhabilitada para las elecciones del 28 de julio y tampoco se permitió a su reemplazo, Corina Yoris.

Efe

El crimen organizado tiene un impacto directo en los procesos político-electorales en México y controla algunas elecciones municipales, según revela un estudio presentado por las organizaciones Data Cívica, México Evalúa y el medio Animal Político, hacia los comicios del 2 de junio, los más grandes en la historia de ese país con 97 millones de votantes habilitados.

El informe 'Democracia vulnerada: crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México' toma como base 'Votar entre balas', una base de datos que documenta los ataques a personas del ámbito público por parte de grupos de la delincuencia organizada desde 2018, para profundizar sobre las causas y consecuencias de esta violencia.

Como principales hallazgos, el estudio encuentra que el 77% de las víctimas candidatas o funcionarias, entre 2018 y 2023, corresponden a puestos en el ámbito municipal; 17% en el estatal, y un 6% en el federal.

"Este hallazgo reitera que, a pesar de que la estrategia de combate al crimen organizado la encabeza el gobierno federal, el interés de las organizaciones criminales está en el nivel local, ya que así es como construyen sus controles territoriales: localidad por localidad, para consecuentemente controlar municipios y regiones enteras", avisa el reporte.

Sandra Ley, coordinadora del programa de seguridad de México Evalúa, destacó que "este es un proceso que se ha intensificado a lo largo del tiempo, como una forma de incidir en la política local".

"Entre el periodo 2006-2012 se habían documentado aproximadamente 311 ataques, y en el periodo más reciente, si solamente vemos candidatos y autoridades electas, vemos ya 836 ataques en los últimos 5 años. Estamos hablando de casi tres veces más violencia", advirtió.

Huellas en la democracia

No obstante, indicó que es aún más preocupante "la huella que esto está dejando para la democracia y la administración pública en los municipios mexicanos".

Por ejemplo, señaló que "este tipo de ataques afectan mucho la percepción que los votantes tienen del riesgo que corren de salir a votar, y existe evidencia además de que el crimen organizado busca movilizar o desmovilizar al mismo electorado".

Al analizar las elecciones de 2018 y 2021, se encontró que los ataques contra actores políticos se asocian con reducción en la participación electoral.

"Por cada autoridad atacada, el porcentaje de participación se reduce en tres puntos porcentuales", apuntó.

El reporte también señala que cada candidato asesinado provoca una reducción de 1,3 puntos porcentuales en la participación, además de un aumento de casi 1% en la ausencia de jefes de local y vocales de mesa el día de la elección.

Violencia silenciosa

Por otro lado, Ernesto Núñez, subdirector de información de Animal Político, destacó que los ataques, -que pueden ser asesinatos, atentados, amenazas, secuestros, desapariciones y ataques armados con víctimas letales-, son solo la parte más visible de esta violencia.

"En lugares donde no hay violencia visible, puede haber injerencia del crimen organizado de manera silenciosa", lo que puede provocar votaciones atípicas o manipulaciones en las casillas, señaló.

Por eso subrayó la importancia visibilizar estas prácticas, por ejemplo, en Guerrero, donde a través de testimonios mayormente anónimos pudieron documentar que candidatos han tenido que "pedir permiso a un mando criminal" para hacer campaña.

El informe concluye que es necesario que se tomen medidas urgentes.

"Desafortunadamente, las autoridades permanecen sin ofrecer un plan de protección para las personas candidatas, mucho menos uno de prevención. El reciente protocolo de seguridad para candidatos no contempla a la gran mayoría de las víctimas: las y los candidatos municipales", indica.

Hasta el momento, 273 candidatos que han solicitado protección del Gobierno mexicano, y en los primeros tres meses del 2024, se registraron al menos 15 asesinatos a candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular, la mayoría en el ámbito municipal, según el último reporte de 'Votar entre balas'.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina desestimó ayer dos acciones legales emprendidas contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, emitido por el presidente Javier Milei en diciembre pasado, al considerar "inexistentes" las alegaciones de inconstitucionalidad planteadas en los dos casos.

La Corte Suprema, el máximo tribunal judicial del país vecino, rechazó tanto el recurso de amparo presentado por el abogado Jorge Rizzo y la Asociación Civil Gente de Derecho como la acción presentada por la provincia de La Rioja, cuyo gobernador, el peronista Ricardo Quintela, que ha sido uno de los mayores opositores a las reformas iniciadas por el Ejecutivo de Milei.

En el caso del recurso de amparo, los jueces consideraron que este "no explicó de qué modo la aplicación de ese decreto (el DNU 70/23) les causa una afectación personal diferenciada de la que podría recaer sobre el resto de la población", el núcleo en torno al que emprenden este tipo de acciones legales.

Sin interés propio

En cuanto a la acción emprendida por La Rioja, la Corte desestimó la denuncia y puso en duda la "existencia" de un caso.

"La demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia que se encuentra afectado de manera actual y concreta", consideró el fallo.

Las dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia significan un respiro para el Gobierno del ultraliberal Milei, que, hasta ahora, se había enfrentado a varias decisiones judiciales desfavorables.

En particular, la reforma laboral incluida en su amplio DNU de diciembre fue suspendida temporalmente por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo días después de ser promulgada.