El director de la Unidad Especializada de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, detalló ayer las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por el caso convenios y reveló que "al día de hoy tenemos alrededor de 47 fundaciones y corporaciones, de Arica a Magallanes, que impactan en alrededor de 20 causas, en las cuales cada una de ellas dice relación con montos de los cuales nosotros tenemos nuestro foco de investigación".

La amplia extensión territorial de la indagatoria obliga a una planificación general, explicó, pues el fiscal nacional "nos encomendó desde el día uno la coordinación y colaboración en cada una de estas investigaciones. El mandato es establecer una uniformidad. Por cierto tenemos patrones comunes. Gran parte de los fondos que han recibido las fundaciones venían del Ministerio de Vivienda (Minvu) para luego plasmarse y tener un correlato con gobiernos regionales".

En cuanto al monto involucrado, el persecutor fue consultado por si son 32 mil millones de pesos, a lo que respondió: "Acá lo importante es indicar que son 47 corporaciones que están siendo investigadas por el Ministerio Público, respecto de los cuales inciden de fondos salidos del Fisco de Chile en el monto que acaba de indicar".

Además, Campos enfatizó que en esta situación "uno no debiera ser inocente pensando que son casos aislados, respecto de los que sí observamos que hay patrones comunes. En ese caso, constitución de fundaciones de muy novata data, vaga experiencia de lo convenido, el alto porcentaje de los montos involucrados", entre otras.

Y sorprendió al revelar que las alarmas de estos eventuales ilícitos sonaron mucho antes de que se hicieran públicos: "Son materia de investigación desde el segundo semestre de 2022 en adelante. Yo creo que en un porcentaje alto, diría que más del 70%, se oscilan del último semestre de 2022 en adelante. También tenemos algunos respecto de los primeros tres meses del 2023".

Ministros citados

En cuanto a indagaciones administrativas, la Comisión Investigadora por el caso convenios de la Cámara Baja comenzó su trabajo el pasado lunes y en las dos sesiones realizadas hasta ahora se estableció quiénes serán citados e invitados a declarar. Entre ellos figuran el ahora exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el ministro del Minvu, Carlos Montes, y también exautoridades del Gobierno de Sebastián Piñera.

El presidente de la Comisión, José Miguel Castro (RN), explicó que los objetivos de estas citaciones es "entregarles antecedentes a las distintas entidades como el Ministerio Público para siga investigando y pueda tener nuevos antecedentes".

Además planteó la intención de "cambiar ciertos ítem de la Ley de Presupuesto. En el fondo, salvaguardar las platas que se entregan de forma directa tanto por los gobernadores y alcaldes, también de los ministerios".

Y el diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile), señaló que es importante que ex autoridades asistan a declarar para establecer presuntas responsabilidades políticas: "También tienen que ir y no se pueden restar porque ellos tuvieron responsabilidades políticas y todas aquellas personas que han tenido responsabilidades políticas tienen que asumir naturalmente en consecuencia aquellos actos de gobierno en los que participaron".

Además del Ministerio de Vivienda a través de sus representantes en muchas regiones del país, el caso Convenios ha tenido una arista en el Ministerio de las Culturas, que obligó a las salidas sucesivas de la subsecretaria Andrea Gutiérrez y luego a su subrogante y exseremi metropolitana Alejandra Jiménez, por no inhabilitarse en la aprobación de tratos con fundaciones de las que habían formado parte.

Ayer el medio ex-Ante reveló que 18 funcionarios del Departamento Jurídico de dicha repartición firmaron una carta para expresar su malestar al titular de la cartera, Jaime de Aguirre, por sus dichos el pasado 3 de agosto en el programa Estado Nacional Prime, en que dijo que las salidas de ambas autoridades fueron por "una mezcla de inexperiencia, no necesariamente de la subsecretaria o de la seremi".

"Estas son varias firmitas que van abajo que se supone que han revisado y que han hecho las prevenciones del caso", añadió en alusión a los visajes técnicos.

En la carta enviada por los funcionarios y recibida por el gabinete del ministro este jueves 10 de agosto se expone que "el alto estándar de trabajo que ha demostrado este equipo a lo largo de los años es respaldado por estudios de post grado y/o especialización en materias de derecho público y administrativo, larga experiencia y conocimiento del servicio, que nos han permitido ejercer funciones con rigurosidad técnica y eficiencia".

Explicitan que es una "obligación del propio funcionario el informar a su superior jerárquico" en caso de que deba cumplir con su deber de abstención y que "ninguno de los procedimientos administrativos de las resoluciones que motivaron las renuncias de las ex autoridades Gutiérrez y Jiménez, las y los funcionarios de carrera y trabajadores de este departamento contaban con información o antecedentes que nos permitieran advertir a las autoridades que debían abstenerse".

El expresidente Ricardo Lagos Escobar dijo ayer que le "duele" que haya sectores que aún pretendan justificar el golpe de Estado ocurrido en Chile en 1973.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, quien fuera Mandatario entre 2000 y 2006, afirmó que "un golpe de Estado que tortura y que mata no es justificable. Usted puede entender las razones por las cuales se ha producido esto, pero usted no puede aceptarlo, no puede aceptar que se violen los derechos humanos impunemente ni que se torture".

También explicó que era posible "una salida sensata" de la crisis política que vivió el Presidente Salvador Allende "si hubiésemos entendido las razones".

"La mejor demostración de lo que digo es que al final aparecen en las fotografías de la historia Aylwin por un lado y Allende por el otro, pero era posible, a mi juicio, una salida sensata", puntualizó.

En cuanto a los 50 años de conmemoración del golpe, el exmandatario aseveró que le duele escuchar que "es explicable lo que pasó. Pero nada explica la violación de los derechos humanos".

Y al ser consultado sobre lo que significó asumir el poder tras la época de la dictadura, Lagos reflexionó que "uno de los objetivos era demostrar que los socialistas podíamos gobernar. Como dijeron algunos asesores míos, una frase un poquito macabra: '¿Qué es lo que esperamos después de seis años?' Que un presidente socialista salga de La Moneda caminando por sus propios pies. ¿Fuerte, no?".

Finalmente, en otro tema contingente, Lagos abordó el avance del nuevo proceso constitucional y aseguró que le gustaría que se aprobara un texto nuevo porque "la alternativa no me gusta, porque no me gustó la Constitución que lleva mi firma".