Negacionismo histórico

En un afán por ocultar errores por no calificarlos de otra cosa, nuestros gobernantes hacen un llamado para redactar una declaración conjunta tras cumplirse 50 años del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 (hasta aquí todo bien, pero lo de pronunciamiento ya no le gustará a muchos).

Intentar o tener la intención de que todos los actores políticos del país (además tan desprestigiados) firmen la pretendida declaración, es como intentar juntar el vinagre con el aceite.

Desde cualquier polo político, pretender imponer una "verdad" es negacionismo. Intentar imponer una opinión personal es no reconocer errores y traspasar al "adversario" mis propias culpas y metidas de pata.

Nuestros gobernantes (jóvenes inexpertos que llegaron al poder "para aprender a gobernar") esgrimen los principios de los Derechos Humanos para condenar excesos (que tampoco se pueden negar).

Un llamado a nuestros gobernantes: a mi generación no le vengan con cuentos, nosotros vivimos y sufrimos la historia de los años 70 y 80 de nuestro país.

La historia de una nación (y digo nación no como sinónimo de Estado o país, como lo usan los discursos "tremendos" de nuestro mandatario) sufre de subjetividad. El historiador (y que me perdonen los eruditos de café y escritorio) siempre estará influenciado por el poder político del momento y dejará caer debajo de la mesa aquello que no entra en los marcos de la conveniencia gobernante.

La historia es hermosa cuando se enseña con la verdad, abriendo caminos para la reflexión de una sociedad siempre evolutiva, como un ente con vida y pensamientos propios.

Dije por ahí: jóvenes inexpertos que se hicieron del poder para aprender a gobernar. Jóvenes e inexpertos, pero aprendieron rapidito a tirar las manos como locos.

Ricardo Cea Vargas Efecto Bukele

La seguridad ha sido un anhelo de la sociedad desde tiempos inmemoriales, los contractualistas son una materialización de este anhelo junto a Thomas Hobbes, John Locke y Jean Jacques Rousseau, donde planteaban un "contrato social" en el cual el pueblo cede su soberanía a un ente superior llamado "Estado" el cual concentra el monopolio de la fuerza y su principal razón de ser es otorgar seguridad tanto interna como externa a aquel pueblo. Por ende, cuando el Estado no cumple con su obligación principal el cual es la seguridad, dicho incumplimiento es nicho del surgimiento de potenciales populistas y lideres con rasgos autoritarios los cuales, con un discurso de una seguridad potente, buscan otorgar una "mano dura en contra de la delincuencia", el cual la ciudadanía por su anhelo natural de seguridad acepta a líderes no democráticos para tener una sensación de seguridad, aún cuando esto conlleve una lesión a la democracia y al estado de derecho.

Esto es un símil de lo que sucede en El Salvador, un país sumergido por la delincuencia en la mano de los "maras" y dentro de esto surge un líder que cumplió con las expectativas de seguridad que quería el pueblo salvadoreño. Reflejo de ello es el 91% de popularidad que tiene Bukele y el anhelo del pueblo de que este siga en el poder un periodo más, aun cuando esto esté totalmente prohibido por la Constitución salvadoreña. Es un líder en el cual se genera este paradigma de dictador "bonachón" por cumplir con la seguridad para la ciudadanía, pero aunque un líder político sea muy popular dentro de una sociedad, si atenta contra la Constitución o las leyes y afecta el Estado de derecho imperante, aquel líder es un peligro más que un beneficio para la democracia y el pueblo. Este mismo fenómeno llegó a nuestro país, en el cual cada vez es más frecuente escuchar en las calles el querer un Bukele para Chile. La última encuesta Cadem plantea que el 71% de los chilenos apoya al jefe de gobierno salvadoreño, es por ello este síntoma es importante tenerlo en consideración para las siguientes elecciones presidenciales.

La reflexión del caso de El Salvador nos demuestra la debilidad de las instituciones de un Estado, Constitución y hasta el mismo estado de derecho de un país cuando la clase política incumple con la obligación principal del Estado, que es otorgar seguridad interna y externa de un país. La ciudadanía está dispuesta hasta de quebrantar la misma democracia y todo un ordenamiento jurídico para satisfacer la anhelada seguridad.

Felipe Jara S.

Emergencia hídrica

El Gobierno uruguayo decretó la emergencia hídrica para la zona de Montevideo y sus alrededores. También anunció la creación de un fondo especial para tomar medidas que permitan paliar la situación. Pero, además de impulsar inversiones provisorias y abastecer a la población en lo inmediato, se debe implementar una nueva política a largo plazo. Diseñar un plan con un horizonte de al menos 30 años, que contemple la eficiente gestión de cuencas hidrográficas y la inversión en infraestructura para acceso al recurso, algo que ya es un factor común y necesario para toda Latinoamérica.

Se estima que para 2030 la diferencia entre la demanda prevista y el suministro de agua disponible en el mundo será del 40%, según datos del Banco Mundial. En Chile, la Dirección General de Aguas (DGA) proyecta un incremento de 4,5% del agua consumida anualmente a 2030 y de 9,7% a 2040, siendo el sector agrícola el principal usuario, con extracciones de alrededor de 73%; la minería y los usos industriales comparten un 14% y el restante es el uso doméstico.

El desafío está en la coordinación de todos los entes interesados. Revertir una crisis hídrica severa es un desafío significativo y complejo que requiere una combinación de soluciones tecnológicas, cambios de comportamiento y políticas públicas. Sin embargo, con suficiente voluntad política y social, es posible gestionar de manera efectiva los recursos hídricos.

Carlos Esse