Una audiencia prevista ayer para la lectura de cargos de Waltine Nauta, el asistente personal del expresidente Donald Trump que también está acusado en el caso de los documentos clasificados hallados en la casa del exgobernante en Florida, se aplazó al próximo 6 de julio, 24 horas después de divulgarse un audio de 2021 en el que el exmandatario reconoce tener en su poder uno de los documentos reservados.

El magistrado federal con base en Miami, Edwin Torres, fijó la fecha de la nueva audiencia luego de que el abogado de Nauta, Stanley Woodward, explicara que todavía no ha encontrado un abogado local y con jurisdicción en el Distrito Sur de Florida por medio del cual pueda ingresar peticiones al tribunal, así como la previsible declaración de no culpable.

En el transcurso de una breve audiencia que no se extendió más de 10 minutos, Woodward explicó además que Nauta no pudo estar presente hoy en la sala debido a que anoche perdió el vuelo que lo iba a trasladar desde Nueva York hasta Miami, el cual fue cancelado por mal tiempo.

Woodward señaló que preveía contar para antes del 6 de julio próximo con un abogado local que le permita ingresar mociones, incluida, como dio a entender en la sala, una probable exención para que su cliente no tenga que acudir en persona a la próxima cita, que se prevé se celebré nuevamente en un tribunal federal de Miami.

Nauta tuvo su primera comparecencia oficial en la corte el pasado 13 de junio, al lado del expresidente Trump, pero ese día se fijó para hoy la audiencia para la lectura de los seis cargos que afronta por mover cajas llenas de documentos clasificados y de alto secreto en Mar-a-Lago, la residencia y club privado del expresidente en Palm Beach.

La razón fue, precisamente, que Nauta no contaba con un abogado con permiso para ejercer en Florida.

El expresidente está acusado de 37 cargos referidos a siete delitos entre los que se incluye retener ilegalmente documentos secretos relativos a la Defensa de EE.UU. y obstrucción a la justicia, punibles con cárcel y multas, y se declaró no culpable de todos .

Nauta, de 41 años, debe responder de 38 cargos referidos a seis delitos, entre otros, obstrucción y declaraciones falsas.

La acusación dice que el expresidente le ordenó a Nauta "que moviera cajas de documentos para ocultarlos del abogado de Trump, el FBI y el gran jurado".

A diferencia de la audiencia del pasado 13 de junio, en esta ocasión no hubo manifestantes ni curiosos en las inmediaciones de la sede del tribunal federal, ubicado en el centro de Miami.

Audio comprometedor

La audiencia de ayer se dio un día después de que la cadena CNN divulgara un audio de 2021 en el que Trump reconoce tener en su poder al menos un documento clasificado.

El audio puede comprometer la causa judicial del expresidente en Florida y tuvo lugar el 21 de julio en un club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, y su contenido fue citado en la acusación del Departamento de Justicia.

La grabación, de poco más de dos minutos, se escucha al republicano decir que podría haber desclasificado los documentos cuando estaba en la Casa Blanca, pero no lo hizo. "Cuando era presidente podría haberlos desclasificado, pero ahora ya no puedo", dice Trump, que además señala que el documento, al que atribuye al Departamento de Defensa, hace referencia a Irán.

No está claro aun la fecha del inicio del juicio, en vista de que Jack Smith, el fiscal especial encargado del caso de los documentos clasificados hallados en la residencia de Trump, pidió retrasarlo hasta diciembre.

La magistrada encargada del caso, Aileen Cannon, había ordenado que el juicio con jurado comience a partir del 14 de agosto en Fort Pierce, a 208 kilómetros de Miami, pero Smith solicitó la extensión con el argumento de que el caso "tiene que ver con información clasificada, por lo que hará falta que la defensa obtenga las autorizaciones de seguridad requeridas".

La audiencia de ayer se da además un día después de que Cannon rechazara una petición de la Fiscalía para mantener en secreto una lista de 84 potenciales testigos en el juicio por los documentos clasificados.

La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó ayer al fiscal Karim Khan a reanudar su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela al considerar que los "procesos penales internos" de Caracas "no reflejan suficientemente el alcance" del caso y hay "periodos de inactividad inexplicables".

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI señaló que el enfoque de las investigaciones internas "parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel" y consideró que se han "tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable".

Aunque ve que Venezuela está tomando "algunas medidas de investigación", considera que "sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación" total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual.

"Las investigaciones internas parecen no abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto delito de persecución y la investigación aparentemente insuficiente de los delitos de naturaleza sexual", señaló la Sala.

No obstante, los jueces recordaron que esta conclusión "no impide" que Caracas pueda proporcionar en el futuro material que determine la "inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad", es decir, que demuestre que la justicia venezolana está ya investigando todos los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados y que la investigación del fiscal de la CPI no es necesaria.

Además de los argumentos del fiscal para reanudar la investigación y las observaciones de las autoridades venezolanas en contra de la reapertura del caso, los jueces tuvieron en cuenta unas 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000.

Un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. reveló ayer que una serie de "negligencias" en el seno del sistema federal de prisiones permitieron que el magnate Jeffrey Epstein se suicidara en su celda en agosto de 2019 mientras esperaba a ser juzgado por tráfico sexual. Según el informe, hubo fallos en las cámaras de vigilancia y también pesó el hecho de que el Buró Federal de Prisiones no asignara un compañero de celda a Epstein después de que intentara quitarse la vida un mes antes de su muerte. Además, el magnate tenía a su disposición una "cantidad excesiva" de sábanas, que terminó usando para ahorcarse.

Las autoridades francesas informaron ayer que hallaron un cadáver entre los escombros del histórico edificio del centro de París, que seis días antes se derrumbó por una explosión de gas y dejó a cuatro personas en estado grave entre una cincuentena de heridos. Este cuerpo sin vida, que estaba en un elevado grado de descomposición, no se sabía, al cierre de esta edición, si corresponde al de la mujer de 57 años Anne B., dada por desaparecida desde el accidente. Esta profesora de costura se encontraba en la Paris American Academy, cuya sede estaba en el edificio siniestrado, que databa del siglo XVII.