Por estos días se ha generado un intenso debate respecto de la capacidad de los recintos penitenciarios. Algunas propuestas apuntan a nuevas cárceles que permitan descomprimir el hacinamiento y respondan al mayor flujo, incidido fuertemente por la población imputada con medidas cautelares. Dichas medidas son soluciones transitorias que si no incorporan la prevención social y la reinserción efectiva, serán absolutamente insuficientes en muy corto plazo.

Sin perjuicio del inmenso trabajo de organizaciones religiosas y sociales tanto al interior de las cárceles como en el post penitenciario, su alcance es limitado, insuficiente y muchas veces no sostenible, con equipos que dependen de una subvención o una licitación que impide acumular capacidades y experiencia.

Con todo, los niveles de reincidencia delictiva alcanzan sobre un 50% antes de los 2 años y, entendiendo que el proceso de reinserción tiene avances y retrocesos en la vida de una persona, se hace fundamental fortalecer la política pública en la prevención de factores de riesgo que emergen en el medio libre, una vez cumplida una condena.

Hace algunos años, el estudio de exclusión de Fundación San Carlos de Maipo y Paz Ciudadana ya daba cuenta del agravamiento de los niveles de exclusión y la baja efectividad y cobertura de los programas. Los factores de riesgo, como la baja escolaridad y el consumo problemático, son gravitantes en el desarrollo de trayectorias delictivas, las que evidentemente terminan en situaciones complejas que llevan a la cárcel.

Hoy las organizaciones criminales sustentan su control territorial involucrando a niños y jóvenes. Hacer frente a ello requiere de familias y comunidades que cuenten con herramientas para generar espacios protectores efectivos. La evidencia es contundente: 7 de cada 10 jóvenes que delinquen dejan de hacerlo en la medida que vuelven a un hogar prosocial; retornan al colegio o tienen un desenlace laboral formal. Y el resto requiere de un mayor apoyo en materia de salud mental que hoy día no está disponible.

En consecuencia, el acento no debe estar sólo en mejorar la infraestructura carcelaria o ampliar el número de recintos, sino que sobre todo debe invertirse en la prevención social para interrumpir las trayectorias delictivas de manera temprana, con una oferta sólida basada en la evidencia que logre evitarla. Necesitamos fortalecer la capacidad de retención y reingreso de los centros educacionales, generar oportunidades y contar con oferta programática que permita robustecer las habilidades parentales.

El Estado debe apoyar decididamente la prevención temprana, perfeccionar la justicia juvenil con tribunales especializados de ejecución de penas y entregar oferta programática a los inimputables menores de 14 años para ir cerrando el flujo en su origen.

La crisis provocada por la pandemia del covid-19 permitió a la población mundial valorar la importancia de internet para objetivos como el teletrabajo y el teleestudio, que hasta entonces habían tenido un lento avance en el mundo. La emergencia sanitaria obligó a modificar rápidamente las costumbres laborales, permitiendo a los trabajadores y estudiantes desarrollar sus labores a distancia.

La situación pareciera estar ahora más normalizada, aunque los expertos estiman que en adelante, empresas, universidades e instituciones de todo tipo adoptarán un sistema de trabajo y estudio híbrido; es decir, una mezcla de actividad presencial y a distancia. Esta transformación implicó, además, modificaciones demográficas. Baste para esto recordar la gran cantidad de personas que desde el año 2020 han llegado a vivir a la Región de Los Lagos, al constatar que en determinados rubros podían trabajar a distancia.

El avance y los desafíos de la vida digital han facilitado la actividad de las personas, mejorando los procesos y la velocidad de reacción frente a imprevistos. La irrupción de internet en todo el mundo se convirtió en un punto de inflexión para el ser humano, especialmente en términos de comunicaciones y relaciones con su entorno. Los cambios, qué duda cabe, han sido profundos y vertiginosos.

La Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) consignó que un 53% de los hogares de las capitales regionales declaró realizar gastos en servicio de pack de telecomunicaciones, lo que incluye telefonía fija, conexión a internet, televisión pagada o cualquier otro tipo de combinaciones.

Durante la pandemia, internet tuvo una prueba de fuego y cumplió, al mantener conectadas a las familias, a los trabajadores con sus empresas, a los estudiantes con sus colegios y universidades, a los usuarios con los servicios públicos y la banca, y al mundo en general. Y esta conectividad llegó para quedarse.

En esta marea de conectividad, el desafío pasará por saber combinar la presencialidad con el formato virtual, pues sabido es que cualquier extremo no termina bien.