Sarkozy cumplirá condena por un año bajo arresto domiciliario y con un brazalete electrónico
FRANCIA. Expresidente fue procesado por un caso de corrupción de 2014.
Una semana después de que la Fiscalía pidiera su procesamiento por la financiamiento ilegal de la campaña presidencial de 2007, el expresidente francés Nicolas Sarkozy recibió ayer un nuevo mazazo judicial con la confirmación de la condena a un año de prisión firme por corrupción en 2014.
La Corte de Apelaciones de París reiteró la pena impuesta en primera instancia: tres años de cárcel, de los cuales dos están exentos de cumplimiento, por haber tratado de beneficiarse de su condición de exjefe del Estado para obtener beneficios judiciales en otra causa abierta en su contra.
Convertido en marzo de 2021 en el primer presidente francés en ser condenado a entrar en prisión por este caso, Sarkozy acumula otra condena a un año de prisión, pronunciada en noviembre de 2021 por la financiación ilegal de su campaña al Elíseo de 2012.
Sarkozy, de 68 años, vestido con un traje gris y con corbata negra, escuchó la sentencia serio en el Palacio de Justicia de París, que abandonó sin hacer declaraciones, poco después de haber reunido en un corrillo a sus abogados, con el rostro grave.
Aún falta otro dictamen
La sentencia establece que el expresidente podrá cumplir la pena en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico, y no entre rejas, pero también le impone tres años de privación de sus derechos civiles.
Su defensora, Jacqueline Laffont, anunció que recurrirán al Supremo y que agotarán todas las vías judiciales hasta demostrar la inocencia de su cliente, que consideró víctima de una injusticia por una pena que consideró un juicio moral sin sustento jurídico.
La máxima instancia judicial del país, que en cinco ocasiones había rechazado ya los argumentos de la defensa de Sarkozy, que había solicitado la invalidez de las pruebas claves de este caso, se pronunciará de nuevo dentro de un año aproximadamente.
Este frente se suma a otros abiertos contra el que ocupó el Elíseo entre 2007 y 2012. El más inmediato será en noviembre, cuando el Tribunal de Apelación de París juzgue de nuevo el caso que le supuso en primera instancia la condena por la financiación de la campaña que le sacó de la Presidencia en 2012.
Más tarde podrá venir un nuevo juicio, esta vez por el financiamiento con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi durante la campaña que le llevó al poder en 2007, si los jueces admiten la petición de la Fiscalía Nacional Financiera de sentarle en el banquillo.
Influencia debilitada
Un horizonte sombrío para el expresidente conservador, alejado desde 2016 de la primera línea política, pero muy influyente con su familia política e incluso con Emmanuel Macron, con quien mantiene encuentros regulares en el Elíseo.
Sarkozy escuchó de boca de la presidenta del tribunal una sentencia dura, más de lo que había solicitado en diciembre pasado la Fiscalía, que pidió durante la audiencia tres años de cárcel, pero exentos de cumplimiento.
Los jueces consideraron que su condición durante cinco años de expresidente, garante último de la Justicia en Francia, agrava la corrupción y el tráfico de influencias que dieron por demostrados con las escuchas telefónicas que sustentaban la acusación.
De esas escuchas, obtenidas por la intervención de su teléfono en otra investigación, se desprendía que Sarkozy y su abogado, Thierry Herzog, maniobraron para obtener beneficios procesales con el alto magistrado Gilbert Azibert.
Herzog y Azibert recibieron una pena similar a la del expresidente, y también anunciaron un recurso ante el Supremo.
Un "pacto de corrupción" que el expresidente siempre ha negado, pero que la justicia ha dado por acreditado ya en dos ocasiones.
Sarkozy "se benefició de su estatuto de expresidente (...) para obtener un beneficio personal" y con ese comportamiento "atentó contra la confianza que los ciudadanos pueden esperar legítimamente de la Justicia", explicó la presidenta del tribunal.
Se trató de una falta de ejemplaridad que también pesó en primera instancia en este caso y en la pena dictada contra él por la financiación de su campaña de 2012.
En aquel caso, los jueces concluyeron que se benefició de unos 20 millones de euros no declarados, disimulados a través de un entramado de empresas y facturas falsas que, sin embargo, no fueron suficientes para ganar aquellos comicios en los que fue derrotado por elcandidato socialista François Hollande.